Imagen de Arzu Geybullayeva

Por primera vez en Turquía, los dos tribunales de mayor jerarquía del país, el Tribunal Supremo de Casación (Yargitay, en turco) -el máximo tribunal de apelación de Turquía para casos civiles, penales y administrativos- y el Tribunal Constitucional (AYM), se han enfrentado. El motivo del enfrentamiento es la sentencia dictada el 25 de octubre por el Tribunal Constitucional en la que se pedía la excarcelación del miembro del Partido de los Trabajadores de Turquía (TIP) Can Atalay. Atalay fue elegido diputado a la Gran Asamblea Nacional, el Parlamento turco, en las elecciones generales del 14 de mayo de 2023, aunque está preso desde abril de 2022 y fue condenado a 18 años de prisión por las protestas del parque Gezi por «ayudar a derrocar al Gobierno».

Tras las elecciones, Atalay recurrió al Tribunal Constitucional después de que el Tribunal Supremo de Casación negó dos veces su solicitud de excarcelación. El Tribunal Constitucional comenzó a examinar su caso el 5 de octubre de 2023. El 25 de octubre, el tribunal decidió poner en libertad a Atalay.

El Tribunal Supremo de Casación se negó a aceptar la sentencia del Tribunal Constitucional, afirma que la condena de Atalay era «un motivo constitucional legítimo para despojarlo de su condición de diputado», una decisión ilegal según el ordenamiento jurídico turco, ya que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos, incluso para el Tribunal Supremo de Casación. El Tribunal Supremo de Casación también ordenó al Parlamento «iniciar los procedimientos para destituir a Atalay [del Parlamento]».

En declaraciones a los periodistas, el abogado de Atalay, Ozgur Urfa, declaró: «El Tribunal de Casación ha cometido un delito al no reconocer la decisión del Tribunal Constitucional. Es un intento de golpe judicial».

El Tribunal de Casación llegó a pedir que se juzgara a los miembros del Tribunal Constitucional por «violar la Constitución y extralimitarse en sus funciones», según informa Gazete Duvar. Según el marco jurídico nacional de Turquía, solo el Tribunal Penal Supremo puede juzgar a los jueces del Tribunal Constitucional.

«El objetivo [del Tribunal de Casación] es obligar a los miembros del Tribunal Constitucional a renunciar», escribió el comentarista político Murat Yetkin:

By forcing the resignation, the court may also want to avoid a process that would bring about complex dilemmas in the trial of the Constitutional Court members threatened by the criminal complaint.

Al forzar la renuncia, el tribunal también puede querer evitar un proceso que provocaría complejos dilemas en el juicio de los miembros del Tribunal Constitucional amenazados por la querella penal.

El 10 de noviembre, el presidente Recep Tayyip Erdoğan, en declaraciones a los periodistas a su regreso de un viaje a Uzbekistán, respaldó la decisión del Tribunal de Casación, afirmó que «la decisión del Tribunal de Casación no puede dejarse de lado».

Según la Asociación de Estudios de Medios y Derecho (MLSA), «las decisiones del Tribunal Constitucional… son vinculantes para los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, las autoridades administrativas y las personas físicas y jurídicas».

El presidente también criticó a los legisladores de su propio partido, el Partido Justicia y Desarrollo, AKP, que se mostraron críticos con la sentencia del Tribunal de Casación.

«Golpe judicial»

Ambas decisiones del Tribunal de Casación –el rechazo de la sentencia del Tribunal Constitucional y la presentación de una querella contra miembros del Tribunal– han recibido críticas de funcionarios, y de abogados y observadores independientes.

Según Bilge Yilmaz, miembro del Partido del Bien (Iyi), el Tribunal de Casación cometió un «delito constitucional» y su decisión fue «un intento de golpe de Estado contra nuestro orden constitucional».

El ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores Ahmet Davutoğlu también calificó la decisión de «golpe judicial».

Özgür Özel, recién elegido presidente del principal partido opositor, Partido Republicano del Pueblo (CH), dijo en un comunicado que la decisión del Tribunal de Casación era «un intento de despojar a nuestra Constitución de su autoridad» y animó a la población a protestar contra la decisión. «Tomaremos las calles y las plazas para no rendirnos ante esta ilegalidad», añadió Özel.

Erkan Baş, presidente del partido de Atalay, TIP, describió la decisión del tribunal como «un flagrante intento de golpe de Estado».

«El Tribunal [Supremo] de Casación está cuestionando claramente la posición del Tribunal Constitucional, con el objetivo de frenar su autoridad», escribió el equipo jurídico de la Asociación de Estudios de Derecho y Medios (MLSA) en su análisis de la reciente crisis.

Además, el equipo sostiene que la decisión del Tribunal de Apelación de presentar una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional es ilegal y que quienes presentaron la querella deberían ser sancionados disciplinariamente e invitados a renunciar. El equipo de la MLSA también recomendó que:

The Court of Appeals should establish a new panel to implement the Constitutional Court's decision and Can Atalay should be released in accordance with the Constitutional Court's decision. Any discussion and action to the contrary is aimed at destroying Turkey's one hundred and fifty years of legal history. This coup attempt against the constitutional order by the 3rd Criminal Chamber of the Court of Appeals can only be stopped with sharp steps to be taken within the framework of the law.

El Tribunal de Apelaciones debe establecer un nuevo panel para aplicar la decisión del Tribunal Constitucional y Can Atalay debe ser liberado de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional. Cualquier discusión y acción en sentido contrario tiene como objetivo destruir los 150 años de historia jurídica de Turquía. Este intento de golpe de Estado contra el orden constitucional de la Tercera Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones solo puede detenerse con medidas contundentes que se adopten en el marco de la ley.

Según observadores que hablaron con el boletín independiente Turkey ReCap, la reciente decisión es señal de «una crisis política más que jurídica», ya que implica a dos partidos políticos: el Partido Justicia y Desarrollo (AK) y el Partido del Movimiento Nacional (MH), aliado del AKP. Según el periodista Alican Uludag, la reciente disputa entre los dos tribunales «demuestra que ha comenzado una guerra entre [el AKP y el MHP]».

En entrevista a Turkey ReCap, un diputado explicó la situación: «[El AKP] dio mucho poder al MHP, y ahora están intentando enfrentarlo. El MHP se ha hecho más fuerte, sobre todo en el poder judicial y la Policía. Ha habido una guerra silenciosa entre los socios del Gobierno durante un tiempo. Ahora se ha hecho más evidente y los resultados de la reciente lucha entre [el Tribunal Constitucional] y [el Tribunal de Casación] definirán al ganador de esta guerra».

El líder del MHP, Devlet Bahçeli, ha exigido en varias ocasiones el cierre total del Tribunal Constitucional y lo ha descrito como «el patio trasero de la organización terrorista separatista» después de que el Tribunal no clausuró el opositor Partido Democrático de los Pueblos (HDP), prokurdo. El HDP está enfrentado al partido gobernante AKP desde que el primero obtuvo 80 escaños en las elecciones parlamentarias de 2015, lo que negó al partido gobernante su mayoría parlamentaria. Desde entonces, decenas de altos funcionarios del HDP han sido detenidos por cargos cuestionables relacionados con el terrorismo, incluido el antiguo copresidente del partido, Selahattin Demirtaş, detenido en 2016. En junio de 2022, el Tribunal Constitucional de Turquía aceptó una acusación que buscaba el cierre del HDP. El caso continúa. En octubre de 2023, el HDP cambió su nombre por el de Partido Democrático y por la Igualdad de los Pueblos (HEDEP) y eligió a dos nuevos copresidentes durante un congreso celebrado en Ankara.

Mientras tanto, Bahçeli, líder del MHP, también prometió «eliminar a los traidores del Tribunal Constitucional» y cambiar la Constitución tras las elecciones generales de mayo de 2023.

En respuesta a la crisis actual, el Colegio de Abogados de Estambul presentó una denuncia contra los jueces del Tribunal de Casación por «mala conducta» y «privación de libertad».

El 10 de noviembre, la Unión de Colegios de Abogados de Turquía organizó una marcha bajo el lema «Estado de derecho». La marcha, en la que los abogados sostenían en sus manos ejemplares de la Constitución, comenzó frente al Palacio de Justicia de Ankara y continuó hasta su destino final frente a la Presidencia del Tribunal de Apelación.

Retroceso en todos los frentes

Esta reciente crisis es la última en el ya deteriorado historial del país en materia de derechos humanos, democracia, independencia judicial y estado de derecho, según el último informe anual por países de la Comisión Europea, publicado el 8 de noviembre de 2023.

Otros, como MLSA, temen que la decisión del Tribunal Supremo de Casación en el caso Atalay pueda poner a debate el papel del Tribunal Constitucional.

Erdinç Sağkan, presidente de la Unión de Colegios de Abogados de Turquía, está de acuerdo. En una declaración, Sağkan dijo: «El objetivo del Tribunal Supremo [de Casación] era abolir de facto el Tribunal Constitucional».