Angkor Wat en Cambodia. Imagen vía Wikipedia, licencia Creative Commons (CC BY-SA 2.0 DEED).

El Gobierno camboyano recibió críticas a finales de noviembre después de que Amnistía Internacional publicó un informe el 14 de noviembre que decía que desde 2020, han expulsado por la fuerza a más de 10 000 familias del icónico complejo de templos de Angor Wat, declarado patrimonio de la humanidad por UNESCO en 1992. El informe también acusó a UNESCO de incumplir sus mandatos de Naciones Unidas por no intervenir ni proteger los derechos de los habitantes de Angor.

Las reubicaciones son parte de un largo plan de “preservación” en el que el Gobierno camboyano ha estado desmantelando asentamientos en todo el parque arqueológico, que se extiende sobre 400 acres, y alberga a miles de ruinas de templos y por lo menos 112 aldeas. Las autoridades dijeron que están tratando de proteger las ruinas con el retiro de “ocupantes ilegales” y asentamientos informales, afirman que están causando daño al ambiente y haciendo uso excesivo de los recursos hídricos.

Según el informe, funcionarios camboyanos acosaron e intimidaron a más de 40 000 personas, las forzaron a trasladarse del parque del templo a sitios de reubicación “áridos” y mal equipados a cambio de mínima o ninguna compensación. Supuestamente las autoridades amenazaron con encarcelar a quien se negara.

El propio lugar de reubicación también está causando controversia. El terreno de un sitio, ubicado en las afueras de la ciudad de Run Ta Ek, fue arrebatado de los ciudadanos en 2005 sin ninguna compensación después del embargo estatal. En noviembre de 2022, cuando se supo que el sitio se utilizaría para albergar a personas desplazadas de Angkor Wat, más de 200 familias levantaron tiendas de campaña en la zona en señal de protesta. Todavía no han recibido compensación.

Un lugareño de nombre Pren dijo a Voice of Democracy (VOD), medio camboyano ya desaparecido: “Esto es una injusticia, porque soy el verdadero propietario. Tomaron mis tierras y se las dieron a ocupantes ilegales de Angkor. No estoy feliz».

Durante décadas, ha habido comunidades que viven en asentamientos en las zonas que rodean Angkor Wat. La mayoría no tiene permiso oficial del Estado y las autoridades los han considerado “ilegales” porque el terreno alrededor de Angkor Wat es una zona protegida, por lo que los nuevos proyectos inmobiliarios están técnicamente prohibidos.

Sin embargo, en 2005, UNESCO llevó a cabo una encuesta para investigar si las casas y los proyectos inmobiliarios en el parque eran una amenaza para el sitio declarado patrimonio de la humanidad, y encontró que las protecciones eran «satisfactorias«, aunque recomendó que las autoridades camboyanas aclararan su marco legal con respecto a los derechos de propiedad en el parque. Esto no sucedió y ahora los mandatos de UNESCO se utilizan para justificar el actual desplazamiento de los habitantes de Angkor Wat.

Gran parte del conflicto se debe a la manera informal como se trata la propiedad de la tierra en Camboya. La mayoría no tiene escrituras oficiales, pero ha vivido en la zona durante generaciones. Es increíblemente difícil conseguir títulos de propiedad de tierras en Camboya, lo que hace que la población sea especialmente vulnerable al embargo de tierras y al desplazamiento.

El traslado, a más de una hora del sitio del templo, ha despojado a muchas de las familias de sus sustentos, muchos se ganaban la vida con el cultivo de campos de arroz en la zona o la venta de bienes y servicios a turistas. Como resultado, los lugareños han dicho que las aldeas de reasentamiento están marcadas por el desempleo y el hambre.

Debido al apresurado proceso de reubicación, en los asentamientos hay poca infraestructura, si es que la hay, como carreteras, agua corriente, electricidad u oportunidades de empleo. En la mayoría de los casos, los habitantes se vieron obligados a desmantelar sus casas en Angkor Wat y luego usar el material para reconstruir los asentamientos, aunque a menudo los suministros no se conservan tras la deconstrucción.

Las condiciones en los lugares de reubicación son tan desalentadoras que algunos han abandonado sus nuevos hogares por completo.

Un hombre llena un estanque en uno de los lugares de reubicación. Imagen vía Voice of Democracy, usada con autorización.

Un habitante de Angkor Wat cuya casa y negocio fueron desmantelados dijo a VOD: “Estoy de acuerdo en que nuestras construcciones deberían retirarse, pero es demasiado rápido. Lo están haciendo tan rápido que estoy atónito”.

Otro habitante entrevistado en el informe de Amnistía Internacional indicó: «Dijeron que no es obligatorio, pero si no te vas, perderás tu tierra… así que nos presentamos como voluntarios».

Una entrevistada de nombre Dewi dijo que los funcionarios utilizaron a UNESCO para justificar el programa de reubicación. Le dijeron: “UNESCO quiere que se vaya; tememos que UNESCO nos retire la denominación de patrimonio de la humanidad, así que debe irse”. Y añadió: “Quiero preguntarle a UNESCO ¿por qué nos desalojan? Nunca causamos daño a los templos. Cuando era niña, jugábamos, escalábamos y hacíamos limpieza en Angkor Wat”.

En respuesta al informe, el portavoz del Gobierno camboyano, Pen Bona, dijo que el informe «no era correcto», afirmó que las reubicaciones fueron «voluntarias» y se hicieron para cumplir con las reglas establecidas por UNESCO, que prohibían que hubiera estructuras o personas en el sitio.

Sin embargo, en entrevistas de Amnistía Internacional, la gran mayoría de los encuestados dijeron que no querían irse. El informe dice: «casi todos… describieron que los desalojaron o presionaron para abandonar Angkor tras intimidaciones, acoso, amenazas y actos de violencia de las autoridades camboyanas».

Montse Ferrer, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, afirmó:

Cambodian authorities cruelly uprooted families who have lived in Angkor for several generations, forcing them to live hand to mouth at ill-prepared relocation sites. They must immediately cease forcibly evicting people and violating international human rights law.

Las autoridades camboyanas desarraigaron cruelmente a familias que han vivido en Angkor por varias generaciones, las obligaron a vivir en condiciones precarias en lugares para reubicación mal preparados. Deben dejar inmediatamente los desalojos por la fuerza y de violar el derecho internacional de los derechos humanos.

Tras intensas críticas internacionales, UNESCO dijo que «le preocupa profundamente el programa de reubicación de la población en Angkor», y agregó que «nunca solicitó, ni apoyó, ni fue parte en este programa». Desde entonces han pedido a las autoridades camboyanas que tomen «medidas correctivas» para remediar la situación.

En entrevista con The Guardian, Naly Pilorge, directora de extensión de la organización camboyana de derechos humanos Licadho, criticó aún más la posible complacencia de UNESCO en el desplazamiento: “En lugar de empoderar a estas comunidades para que se reúnan y expresen sus preocupaciones, UNESCO hace como si los desalojos forzosos no están ocurriendo bajo sus narices”.

Antes de la pandemia de COVID-19, Angkor Wat atraía a más de 2,6 millones de turistas al año. Es considerado el complejo religioso más grande del mundo. Camboya busca aumentar el turismo significativamente como una manera de recuperarse económicamente de la pandemia de COVID-19.

Si bien 10 000 familias han sido reubicadas, muchas todavía luchan por permanecer en sus tierras. Ha habido innumerables protestas por este desplazamiento en curso durante los últimos tres años, aunque esta disidencia a menudo tiene consecuencias.

APSARA, organismo que gestiona el parque arqueológico, actualmente vinculado en una demanda contra siete habitantes que se negaron a abandonar Angkor Wat, los acusa de “incitar y obstruir el trabajo público” el 30 de octubre después de que protestaron cuando los funcionarios vinieron a derribar sus casas.

Mientras tanto, Licadho prevé que continuarán las reubicaciones y los desplazamientos, pese a la creciente presión internacional.