Vendedor usa su teléfono celular en medio de protestas contra el Gobierno en  Bogotá. Colombia, 2021. Foto de Martin Galindo para Long Visual Press / Universal Images Group vía Getty Images.

Este artículo es de Laura Vidal, y se publicó originalmente en IFEX el 12 de diciembre de 2023. Global Voices reproduce una versión editada como parte de un acuerdo para compartir contenido.

En Latinoamérica, los bloqueos no son blanco y negro. Las tácticas para interferir con el acceso a internet suelen ser sutiles y difíciles de detectar, y comprenden una forma particularmente peligrosa de censura. Esto puede plantear dificultades significativas para investigadores y activistas dedicado a rastrear y combatir esas infracciones.

El uso que hacen los regímenes autoritarios de bloqueos de internet ha surgido en todo el mundo como una grave amenazas a la libertad de expresión. Aunque se le ve como algo poco común en Latinoamérica, una mirada más cercana revela una realidad diferente. Cada vez más, organizaciones y expertos están señalando diversos matices y contextos en métodos para interferir con el acceso a internet que son importantes de entender para identificarlos y contrarrestarlos.

La esencia de los bloqueos yace en la interrupción intencional de los servicios de comunicación que los hace inaccesibles o inutilizables en una territorio específico y en circunstancias particulares.

Los bloqueos de Gobiernos autoritarios suelen aparecer durante (o antes) de situaciones socialmente delicadas, protestas públicas, malestar social o épocas de elecciones. Las justificaciones expresadas para imponer esos bloqueos son diversas. A veces, están encubiertos en órdenes administrativas o judiciales; otras veces, no hay indicaciones explícitas. Sin embargo, un punto es consistente: un bloqueo de internet nunca es una respuesta justificable ni proporcional a una crisis.

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Los Gobiernos en Latinoamérica a menudo emplean una estrategia más amplia para interferir con el acceso. Esas estrategias van desde la degradación de la calidad del servicio a directamente bloquear sitios web específicos. Estas estrategias reprimen la libertad de expresión,  el acceso a la información, y la salud general del espacio cívicos, pero no generan el mismo grado de críticas que los bloqueos.

Evaluemos cómo se desarrolla esto en algunos países.

En Colombia, las interrupciones de internet y de servicios como medios sociales o aplicaciones de mensajería ocurrieron durante las protestas sociales de 2021. Un informe de la ONG colombiana Fundación Karisma titulado Pistolas contra Celulares documentó muchos de estos acontecimientos. Movistar, importante proveedor de servicio de internet en la región, atribuyó la interrupción de internet  a robo de cables, que se informó que causó un 25% de apagones de internet, que afectaron predominantemente a la zona de Aguablanca. También explicó que las protestas obstaculizaron las reparaciones.

Son embargo, los reclamos en medios sociales pintan una imagen diferente. El problema principal no se centraba en Aguablanca, sino en Siloé, y se relacionaba específicamente con conectividad de telefonía celular. La naturaleza de estos reclamos y descripciones señalan la posibilidad de una intervención deliberada, posiblemente con un bloqueador de señal y no por daños a la infraestructura.

Según Carolina Botero, integrante de la Fundación Karisma, la censura se sintió en varias regiones. Ese fue el sentir que la gente en Cali dio a conocer el 4 de mayo, cuando grandes interrupciones de internet coincidieron con disturbios sociales y represión en las protestas, y docenas de personas murieron o quedaron heridas.

La matizada situación en Colombia contrasta con Cuba, donde el control del Gobierno sobre las conexiones de internet hace más obvios (y fáciles) los bloqueos e intervenciones. En 2021, por ejemplo, los manifestantes y la población general vivió cortes de internet y de electricidad como respuesta a las protestas que hubo ese año en la isla. Durante el bloqueo, el Gobierno respondió con una agresiva represión en la que arrestaron a más de 5000 personas, incluidos 120 periodistas y activistas. Muchos de estos manifestantes y activistas siguen tras las rejas.

Los cortes dirigidos e individuales a las líneas de comunicación también ocurrieron contra voces disidentes. La estrategia no es nueva;  el Gobierno ha cortado las líneas de comunicación individual desde inicios del siglo XXI, mientras que los proveedores de servicios de internet lo atribuyen a dificultades técnicas.

En Paraguay, la situación presenta otra dinámica. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), red nacional de ONG especializada en violaciones de derechos humanos, documentó posibles bloqueos de internet en la altamente militarizada zona norte. Ahí, las interrupciones a la señal de internet a menudo preceden de intervenciones gubernamentales. Sin embargo, el hecho de que esas zonas rurales ya tengan una conectividad muy baja puede cubrir la verdadera extensión de estos bloqueos.

El informe de derechos humanos de CODEHUPY destacó varias violaciones, incluido el uso de bloqueos de internet del equipo de tareas, particularmente durante las operaciones de seguridad. Estas interrupciones hacen que varias zonas estén invisibles, que se corte la comunicación y aumente los ya severos problemas de seguridad física y violaciones de derechos humanos en estas regiones.

En el caso de Venezuela, su capacidad para conectividad se ha visto agotada a lo largo de los años por una serie de limitaciones. Organizaciones locales, como Espacio Público y Venezuela Inteligente, documentan limitaciones para acceder a internet. No siempre es posible determinar si esos cortes son intensionales o no, pero definitivamente contribuyen con el vacío de información que el Gobierno venezolano fortalece a través de otros medios de censura de internet, como bloqueos de sitios web.

Como el caso paraguayo, las limitaciones técnicas –que a menudo implican corte eléctricos– complican determinar un patrón de bloqueos. Sin embargo, lo que queda claro es que los esfuerzos del Gobierno venezolano  para limitar el acceso a la información es sistemático. Desde bloqueos de sitios web a acoso contra periodistas y la prensa, a vigilancia, es claro que esas iniciativas de censura no solamente son intencionales, sino estructurales y estratégicos.

Respuestas multifacéticas

Según expertos, en este entorno complejo, la respuesta también deben ser multifacéticas.

La situación en Colombia, particularmente durante las protestas de Cali, sirve de ejemplo. En medio de la confusión y la falta de información clara sobre las interrupciones de internet, organizaciones colombianas como El Veinte, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Karisma e ISUR adoptaron un enfoque legal con una tutela, mecanismo designado para la inmediata protección de derechos fundamentales contra posibles violaciones de las autoridades. Esta acción tiene el objetivo de pedir al Gobierno que explique la situación y tome medidas preventivas.

La razón detrás de la acción legal fue que el Gobierno tenía responsabilidad de garantizar el acceso a internet. Aunque no hubo evidencia definitiva de que el Gobierno había cortado internet deliberadamente, el argumento era que su acrecentada presencia en la región y la participación del Ejército en controlar el orden público creó una obligación de mantener el acceso a internet y dar información proactivamente sobre sus actividades.

Pese a las decisiones judiciales en su contra, dos veces, el caso fue elegido por la Corte Constitucional colombiana. Un año después, la corte emitió una decisión que fundamentada parcialmente los argumentos de las organizaciones. Como ninguna estaba en Cali, la resolución fue que su libertad de expresivo fue violada por una incapacidad de recibir información, que afectó su trabajo como organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, FLIP no pudo recibir informes en tiempo real de periodistas a quienes estaban atacando, y Karisma no pudo dar seguimiento a la situación de manera efectiva.

La Corte Constitucional reconoció que la interrupción de internet afectó esos derechos, y destacó la dimensión colectiva de la libertad de expresión, que incluye el derecho de recibir y buscar información.

La lucha contra los bloqueos de internet se debe hacer colaborativamente, y juntar a personas con habilidades y conocimientos variados. Aunque puede haber señales de alerta, es muy difícil predecir con certeza dónde y cuándo un Gobierno puede cortar el acceso a internet. Esta incertidumbre complica las iniciativas de defensoría. Mitigar sus efectos depende mucho de una aguda observación y comprensión de la situación, en la región y más allá.