Captura de pantalla de un video de YouTube: ‘¿Es crear una cultura de responsabilidad en Cachemira un problema?, pregunta Khurram Parvez al Gobierno.’ Entrevista en el canal de «Video Volunteers«. Uso justo.

El 21 de noviembre, Khurram Parvez, defensor de derechos humanos cachemir de renombre mundial, cumplió dos años recluido en la cárcel del distrito de Rohini, prisión de máxima seguridad de India. Parvez simboliza lo que se ha llamado una represión a gran escala contra el desacuerdo democrático y los derechos humanos en la administración india de Cachemira. El patrón de represión india en Cachemira ha crecido exponencialmente bajo el gobierno del partido de derecha Bharatiya Janata Party (BJP), el brazo político de la organización de extrema derecha hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) desde 2014.

En 2019, el Gobierno indio eliminó unilateralmente la autonomía de Cachemira. Las políticas del Gobierno indio han avanzado a una velocidad extraordinaria, y han sofocado y disminuido todo vestigio de espacio y expresión libre. Han promulgado una serie de leyes para acelerar sus políticas coloniales.

Desde 1991, Cachemira ha estado bajo la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) impuesta para sofocar la insurrección contra la ocupación militar india. Aunque las cifras oficiales varían, informes anteriores estiman que alrededor de 700 000 tropas indias ocupan la región. Cachemira es una de las regiones militarizadas más densas del mundo y a menudo se le llama una prisión al aire libre. AFSPA exige «sanciones» previas del Gobierno para enjuiciar a cualquier miembro de las fuerzas indias. Las «sanciones” se han utilizado como mecanismo de inmunidad para las fuerzas armadas indias para protegerlas de enjuiciamientos por delitos. Ninguna corte civil ha juzgado a ningún miembro de las fuerzas indias desplegadas en Cachemira en los últimos 30 años por violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, las fuerzas armadas indias han actuado con impunidad y completo desprecio por los derechos civiles y humanos de los cachemires.

Según grupos de derechos humanos, las graves violaciones de los derechos humanos han resultado en más de 70 000 muertes de cachemires, combatientes y civiles, y se estima que hay entre 8000 y 10 000 desapariciones forzadas; violación como arma de guerra, encarcelamientos políticos y lesiones como los primeros privaciones de vista masivas.

Khurram Parvez ha dirigido la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira (JKCCS) durante los últimos 20 años. El JKCCS ha documentado extensamente violaciones de derechos humanos en la región, y ha orientado y capacitado a numerosos jóvenes activistas y defensores de derechos. Es una red no financiada y voluntaria de personas y grupos que se organizaron en 2000 para crear una cultura de diálogo independiente sustentada en derechos y documentación de violaciones de derechos humanos. Parvez es el coordinador principal de uno de los dos grupos de la Asociación de Padres de Desaparecidos (APDP), que buscan justicia para los cachemires que las fuerzas armadas indias han desaparecido. APDP recibió el Rafto Prize a los derechos humanos en 2017. En 2004, mientras supervisaba las elecciones, Parvez perdió la pierna izquierda en la explosión de una mina terrestre, y mataron a dos mientras que dos de sus compañeros.

Incluso estando encarcelado, Parvez fue reelegido como presidente de la Federación Asiática contra las Desapariciones Involuntarias (AFAD), que ha liderado desde 2014. En abril, Khurram fue elegido por unanimidad como secretario general adjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). En sus comentarios, la presidenta de la FIDH, Alice Mogwe, expresó apoyo y admiración por Parvez y su incansable pasión por el trabajo de derechos humanos. Además de premios internacionales anteriores, en 2023 Parvez fue galardonado con el Premio Martin Ennals al Defensor de Derechos Humanos por su trabajo en derechos humanos en Cachemira. Destacadas organizaciones y defensores de derechos humanos, incluidos relatores de Naciones Unidas, activistas globales por la paz y escritores de todo el mundo, han continuado destacando el incansable servicio de Khurram en la defensa de los derechos humanos. Condenan enérgicamente su detención arbitraria como represalia por su activismo.

En los últimos 75 años, el Estado indio ha criminalizado de manera constante toda disidencia democrática en Cachemira, y esto se ha institucionalizado. Cualquiera que enfrente la narrativa del Estado es rápidamente acusado de sedición, terrorismo y otros cargos «legales» represivos con el único objetivo de silenciar voces críticas. A Parvez, también lo han acusado bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilegales(UAPA), conocida como la ley antiterrorista más abusada de India. La UAPA es una legislación draconiana conocida por etiquetar arbitrariamente a una persona como “terrorista” e insinuar culpabilidad hasta que se demuestre la inocencia, por lo que es extremadamente difícil obtener fianza. Grupos internacionales de derechos coinciden en que India está abusando de sus mecanismos legales, como la UAPA, para ir contra defensores de derechos humanos en Cachemira y en toda India.

Según informes, en Cachemira, incluso los periodistas y escritores enfrentan persecución. En 2020, se impuso una nueva política de medios. La estricta censura ha sido una realidad histórica en Cachemira, pero ahora está completamente institucionalizada. Periodistas, defensores de derechos humanos, escritores y líderes de opinión no pueden informar libremente sobre la realidad en el terreno. Incluso los usuarios de redes sociales están bajo escrutinio. Por ejemplo, los periodistas Asif Sultan y Sajad Gul fueron acusados arbitrariamente. La Comisión para la Protección del Periodismo afirma que los medios en Cachemira están en un punto crítico. Los periodistas cachemires enfrentan confiscación de pasaportes, pérdida de escritos y archivos, prohibiciones y el bloqueo de sus sitios web. En octubre, el Gobierno de India reavivó un caso de sedición de hace 10 años contra Arundhati Roy, ganadora del premio Booker 1997 y activista, y contra el exprofesor cachemir, Sheikh Showkat Hussain. Roy ha sido una de las voces más fuertes en India contra las políticas indias en Cachemira.

La investigación y documentación sobre violaciones de derechos humanos de las fuerzas armadas indias que hizo por el JKCCS es una investigación impecable, recopilada con esmero y verificada de manera independiente por reconocidos observadores globales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, lo que valida el trabajo del JKCCS. Incluso la oficina de Amnistía Internacional en India tuvo que cerrar después de que la allanaron y congelaron sus activos financieros en 2020. Amnistía Internacional lo calificó como una «caza de brujas» y parte de una represión a gran escala contra organizaciones de derechos humanos, especialmente en Cachemira. El trabajo de derechos humanos en Cachemira está efectivamente prohibido, al igual que cualquier forma de protesta.

El 9 de noviembre, las fuerzas armadas indias suspendieron la sentencia de cadena perpetua de un capitán del Ejército indio. En 2020, el oficial fue declarado culpable de matar a tres jóvenes cachemires en un encuentro montado después de etiquetarlos como «terroristas». El Ejército indio Los han utilizado los encuentros montados como un método extrajudicial de contrainsurgencia, lo que ha acumulado violaciones y abusos contra los derechos humanos de los cachemires.

Dado que los derechos humanos y el activismo de la sociedad civil están bajo una represión severa, no fue posible realizar ninguna protesta pública, a pesar de que las familias estaban indignadas. Aquí es donde los defensores de derechos humanos y los periodistas desempeñaron un papel democrático fundamental en Cachemira. Ahora, cualquier forma de defensa de los derechos humanos o periodismo de investigación que cuestione la narrativa india que se percibe como una amenaza y se etiqueta como «antiindia». El nivel de silenciamiento en Cachemira es tal que, ante el genocidio en curso en Gaza, incluso las protestas a favor de Palestina están prohibidas en India. La Policía ha ordenado a las mezquitas que no mencionen el genocidio, y si las personas desean rezar por Palestina, solo pueden hacerlo en árabe y no en cachemir.

En conmemoración del segundo aniversario de la detención de Parvez, organizaciones globales de derechos humanos han vuelto a exigir su liberación inmediata e incondicional, así como la de su excolega en JKCCS y periodista Irfan Mehraj. Alice Mogwe, presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), declaró:

The UN ruling on Khurram Parvez’s case authoritatively confirms that his detention is an act of reprisal for his human rights work, and an attempt to silence him and Kashmiri civil society as a whole. The Indian authorities must implement the UN’s recommendations and immediately release Khurram.”

La decisión de Naciones Unidas sobre el caso de Khurram Parvez confirma de manera autoritaria que su detención es un acto de represalia por su trabajo en derechos humanos y un intento de silenciarlo, así como a la sociedad civil cachemir en su conjunto. Las autoridades indias deben implementar las recomendaciones de Naciones Unidas y liberar de inmediato a Khurram.

Lo que más necesitamos es un firme compromiso político y solidaridad global para instar al Gobierno indio a liberar a Khurram Parvez y a los periodistas Irfan Mehraj y Asif Sultan. ¡Liberen a todos los prisioneros políticos cachemires!

El 11 de diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira y Ladakh anuló la orden de detención del periodista Asif Sultan bajo la ley de seguridad pública. Todavía no está claro cuándo lo liberarán. Sultan quedó en libertad bajo fianza en abril de 2022, pero terminó acusado nuevos cargos, y su detención continuó.