Pensiones, las trampas del régimen sandinista en Nicaragua

Imágen gráfica hecha por Connectas. Usada con permiso.

Este artículo fue escrito por José Cardoza y Javier Bermúdez para CONNECTAS y una versión editada es republicada en Global Voices bajo un convenio entre los medios.

A pesar de haberse jubilado hace más de una década, a sus 71 años Agustín tuvo que volver a trabajar para poder subsistir. “Tengo este empleo, en una fábrica de Nueva York, desde hace poco”, relata mientras se alista para cubrir una jornada nocturna de siete horas. El trabajo consiste en empacar galletas.

Agustín llegó a Estados Unidos en 2023. Sin pensión, a pesar de tener más de los 60 años que exige la ley para pensionarse en Nicaragua, su país natal. En 2018, ya siendo adulto mayor, tuvo que luchar por sus derechos pensionales, junto con cientos de personas que se manifestaron en contra de unas medidas gubernamentales que afectaban fuertemente a los pensionados. La situación se complicó tanto que desencadenó la crisis política y social más grave en la historia reciente de Nicaragua.

Agustín se enfrentó a la represión del régimen. Y, junto a miles de manifestantes, ganó la batalla contra las medidas propuestas por el sandinismo. Sin embargo, fue encarcelado y expulsado de su propio país, por el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Como varias personas entrevistadas para este reportaje, pide que se le resguarde su identidad porque el gobierno de su país lleva a cabo persecuciones contra toda persona que exprese opiniones en su contra.

Todo comenzó el 16 de abril de 2018, cuando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entidad encargada de las cotizaciones y pensiones por jubilación, aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Social que dos días después fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial.

Entre las medidas se contemplaba la intención de reducir 5 por ciento las pensiones y cambiar la fórmula de cálculo para los nuevos pensionados. Estas acciones desataron grandes manifestaciones que iniciaron en las ciudades de Managua y León. Posteriormente, se extendieron en todo el país. La represión dejó alrededor de 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Al régimen sandinista le importó poco la edad avanzada de muchos manifestantes para enviarlos a prisión. Por ello, decenas de ellos llegaron a las cárceles de Nicaragua en calidad de presos políticos.

Las protestas estallaron a raíz de unas reformas a la Seguridad Social en 2018 y en la Ciudad de León, Nicaragua, simpatizantes del partido de gobierno agredieron a los adultos mayores que se manifestaron. Foto: Primer Orden, usada con permiso.

Debido a las protestas, el régimen se retractó y derogó la reforma de 2018. Sin embargo, en enero de 2019, luego que el régimen había logrado reprimir las protestas y recrudecer la represión, presentó, con carácter de urgencia, un nuevo combo de reformas a la Seguridad Social, que significan mayor peso para la empresa privada y la clase trabajadora formal.

En el caso de los pensionados, se aplica una serie de medidas adicionales que, en cierta parte, no estaban contempladas en la propuesta de reforma anterior. Debido a ello, quienes se pensionan después de 2019 perciben menos de 30 por ciento de lo que reciben quienes se pensionaron antes de ese año.

Reducción de beneficios

Luego de luchar por mejores condiciones en 2018, “la atención a los jubilados se ha deteriorado más”, se queja Ángela. A cinco años del estallido social, considera que su situación está peor que antes, ya que no puede trabajar y la pensión no le alcanza. Las pensiones han desencadenado crisis políticas y sociales en Nicaragua.

El régimen también ordenó el cierre de miles de organizaciones de la sociedad civil. Sin una atención médica de calidad, la situación de las personas adultas mayores se deteriora mucho, explica Leonel Argüello, trabajador del Ministerio de Salud de Nicaragua y médico especialista en epidemiología. Para él, “la atención médica de calidad no solamente es un respeto a la población, sino una exigencia desde el punto de vista de derechos humanos y una responsabilidad del Estado”.

Doctor Leonel Argüello, médico especialista en epidemiología. Foto: Oscar Navarrete. Usada con permiso.

Desde 2019, los 119,276 adultos mayores que reciben una pensión completa del INSS han visto otras reducciones significativas y paulatinas en beneficios, como medicamentos, reajuste de las pensiones y material auxiliar, tales como sillas de ruedas y bastones.

A partir de 2018, año en que estalló la crisis en Nicaragua, la entrega por parte del INSS de prótesis, sillas de ruedas, bastones, audífonos, entre otros, disminuyó drásticamente. Gráfico: CONNECTAS. Fuente: Anuarios Estadísticos INSS. Creado con Datawrapper.

En otra situación delicada están quienes requieren medios auxiliares, como prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, audífonos y andariveles, porque el INSS los ha venido desabasteciendo desde 2016.  La profesora Sandra es una de las más de siete mil personas que se jubilaron con pensión en el INSS en 2020 y que, debido a la reforma de 2019, obtuvieron una pensión mucho menor. Se jubiló en julio de 2022, tres años después de la reforma de 2019 y cuenta que su pensión, a pesar de ser completa, es muy diferente a la que recibe su papá.

Aumento a la pensión mensual por año. A partir del estallido de la crisis sociopolítica, el ajuste a las pensiones fue mermando cada vez más. Cada año, el monto que se añadía a cada pensión era menor. Montos expresados en córdobas en el año. El último año en que se publicó el Anuario fue en 2021. Gráfico: CONNECTAS. Fuente: Anuarios Estadísticos del INSS. Creado con Datawrapper.

Un futuro aún peor

El sistema laboral nicaragüense tiene otra debilidad: la brecha entre hombres y mujeres en niveles de ocupación y de salarios. Aunque la población de adultos mayores mostraba hasta 2021 una mayor cantidad de mujeres (54.02 por ciento) que de hombres (45.98 por ciento), existe una diferencia opuesta entre la cantidad de pensiones que reciben. En 2021, último año en que se publicó el anuario estadístico del INSS, un 58.58 por ciento de los pensionados (en pensión reducida y completa) eran hombres.

La socióloga María Teresa Blandón expresa que esa diferencia representa un problema estructural en el sistema social y económico de Nicaragua. Según su análisis, esto “significa que los hombres han sido mayoría en el trabajo remunerado y las mujeres lo han sido en el trabajo no remunerado”.

El más grave problema en el país, sin embargo, es que el 67.43 por ciento de la población adulta mayor ni siquiera cuenta con una pensión, según datos de 2021 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y el INSS, que son los últimos de los que se tiene registro. Hasta ese año solo un 32.57 por ciento de la población mayor de 60 años era pensionada.

Para 2024 la situación de los adultos mayores pensionados será peor en Nicaragua puesto que se enfrentarán a una drástica reducción del reajuste anual de sus pensiones. Foto: Primer Orden. Usada con permiso.

Además, de los 570,864 adultos mayores que se registraron en ese año, solamente 20.89 por ciento contaba con una pensión completa, la cual les daba acceso a servicios de salud y medios auxiliares como bastones, andariveles, pañales, entre otros. Quienes cuentan con pensión reducida, que es el 35.84 por ciento del total de pensionados y el 11.67 por ciento del total de la población adulta mayor, no tienen acceso a dichos medios auxiliares ni a recibir atención médica por el INSS, sino que deben acudir al sistema sanitario administrado por el Ministerio de Salud.

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Debido a ese escenario tan complejo, muchos adultos mayores han tenido que irse del país y es probable que más personas también lo hagan, para resguardar su integridad, reiniciar su vida y trabajar, a pesar de ya estar en edad de jubilación.

“No perdemos la esperanza de volver a nuestra patria. Es verdad que nos quitaron nuestra ciudadanía, pero nunca vamos a dejar de ser nicaragüenses”, confía Agustín.

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