Ilustraciones del informe de Somos, que reveló datos alarmantes sobre la situación de personas queer privadas de la libertad en Brasil | Composición de Global Voices, con imágenes de Rachel Gepp

Asedio, ausencia de productos básicos de higiene e salud, falta de alimentos, anulación de identidades y otras violaciones a los derechos humanos aparecen en relatos oídos en prisiones brasileñas reunidos en el «Informe nacional de inspecciones: Población LGBTI+ privada de libertad en Brasil«, publicado en segundo semestre de 2023.

El informe es una iniciativa de la organización Somos, en asociación con otras instituciones civiles | Ilustración de portada: Rachel Gepp

El documento fue elaborado por Somos – Comunicación, Salud y Sexualidad, organización no gubernamental que se unió a la comunidad LGBTQIA+ para construir acciones y políticas. El proyecto cuenta con la participación del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT) y de otras organizaciones civiles vinculadas a la comunidad queer brasileña.

Para entender más sobre la metodología de la investigación y sus relatos, Global Voices conversó con Caio Klein, abogado y director de Somos.

Sobre el informe

La primera edición del informe se basó en investigaciones y entrevistas hechas en visitas a 24 unidades penitenciarias brasileñas: ocho en el Nordeste y cuatro en cada una de las otras regiones (Centro-Oeste, Sureste, Norte y Sur).

La metodología de Somos sistematizó datos de doce informes estatales para el documento nacional. En cada región, se visitó al menos una masculina y otra femenina.

Klein afirma que «el informe no pretende ser una fotografía de la realidad, sino un documento de las tendencias de análisis de encarcelamiento de personas LGBT en Brasil» porque revela los hallazgos de las inspecciones y refleja qué se puede y no se puede hacer.

La personas privadas de su libertad que pertenecen a la comunidad queer intervienen en los trabajos de Somos desde hace años. La organización ya hizo capacitaciones sobre género y sexualidad para más de 8000 profesionales del sistema carcelario, publicó libros y el documental «Pasajes: Ser LGBT en prisión» (2019).

Contradicción brasileña

Aunque dice que Brasil es el país que produce más normativas, resoluciones y recomendaciones referidos a personas LGBTQIA+ en presidios, Klein afirma que «existe una serie de puntos que el Estado no provee o provee mal».

El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria (CNPCP) son órganos que por ley establecen y garantizan derechos y el parámetro de detención a los detenidos LGBTQIA+. Con datos de las denuncias hechas, sostiene que hay al menos dos resoluciones vigentes que no se están cumpliendo: la Resolución nº 348/2020 y la Resolución Conjunta nº 1/2014.

Según Somos, hay relatos de violencia física, psicológica o sexual en todas las unidades carcelarias visitadas, masculinas o femeninas. Solamente en el estado de Pernambuco y en una unidad femenina del estado de Santa Catarina no se observaron formas de tortura, según el documento.

A pesar de que las normas del CNJ y del CNPCP garantizan el respeto al nombre social y la autodeclaración, que el detenido LGBTQIA+ elija el local en el que desea cumplir su pena, el acceso a tratamiento hormonal para personas trans y atención de salud específica, la realidad está muy lejos de eso.

«Es privación de libertad, no de derechos», señala el director de Somos.

La organización afirma en el informe:

Essas situações, amplamente narradas, são a síntese do extermínio das identidades de pessoas LGBTI+ encarceradas, e dos processos de aniquilamento de suas subjetividades enfrentados nas unidades prisionais.

Estas situaciones, ampliamente denunciadas, resumen el exterminio de las identidades de las personas LGBTI+ encarceladas y los procesos de aniquilación de sus subjetividades a los que se enfrentan en las unidades penitenciarias.

Sobrecarga penal

«El primer derecho es no tener derecho, y el segundo es respetar el primero». Esa es una expresión dicha por un agente penitenciario sobre el ala queer en una de las unidades visitadas que aparece en el informe, que ilustra situaciones de prejuicio, desenfreno, humillaciones y homofobia de los trabajadores.

En 2014, la resolución del CNPCP aseguraba que el Estado debe garantizar la capacitación de los profesionales de estabelecimientos penales, «considerando la perspectiva de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación», que incluyen orientación sexual y identidad de género.

Somos dice que en las prisiones, las personas LGBTQIA+ enfrentan una sobrecarga penal: además del delito cometido, también pagan por el delito social y simbólico de su sexualidad e identidad de género.

El informe afirma que el Estado los vigila, controla y castiga más. Caio explica:

A ideia de sobrecarga penal serve para entender como o cumprimento da pena é sobrecarregado [para elas]. Essas pessoas vão ter uma privação de liberdade e uma privação de direitos mais aprofundadas. Elas vão ter situações de violência física, psicológica, institucional mais agravadas do que o restante da população — e a gente sabe, existe uma grande mazela social em volta do sistema prisional.

La idea de la sobrecarga penal sirve para entender cómo se les sobrecarga la pena [a ellos]. Estas personas van a tener una privación de libertad y de derechos más profunda. Van a tener situaciones de violencia física, psicológica e institucional más agravadas que el resto de la población, y sabemos que hay un gran problema social en torno al sistema penitenciario.

El documento cuenta que, en Pará, el uso de gas pimienta en celdas con ventilación cerrada formó una especie de cámara de gas. El informe también cita «diversos relatos de abusos, juramentos, humillaciones, violencia sexual, amenazas, violencia física, uso del cuerpo de personas LGBTI+ para transportar objetos ilícitos, violencia psicológica, entre otros abusos».

Entre las más de veinte unidades carcelarias visitadas por los peritos, apenas dos garantizan que las personas trans puedan recibir tratamiento hormonal, prescripciones médicas y medicamentos.

También hay denuncias de abuso físico y moral en las unidades y el propio acto de denunciar es un desafío: «¿Denunciar para qué? ¿Para que me golpeen de nuevo y me castiguen?», preguntó una detenida que dice temer a las represalias.

En una parte del informe se lee que hay casos en que las personas pueden ser blanco de castigo solo para generar la antipatía de otros presos:

[…] na unidade, as pessoas do grupo LGBTI+ flagradas em tentativas de comunicação ou contato afetivo têm suprimida essa alimentação e, em caso de reiteração, narraram que é excluída a alimentação de todo o grupo da cela onde a ‘desobediente’ estiver, gerando com essa punição coletiva uma antipatia das demais presas cisgênero e heterossexuais em face das lésbicas ou homens trans que cometem a «violação» de demonstrar afeto.

[…] en la unidad, a las personas del colectivo LGBTI+ sorprendidas en intentos de comunicación o contacto afectivo se les niega la comida y, en caso de reincidencia, han denunciado que se excluye de la alimentación a todo el grupo de la celda donde se encuentra el «desobediente», y con este castigo colectivo se genera una antipatía de los demás presos cisgénero y heterosexuales hacia las lesbianas u hombres trans que cometen la «violación» de mostrar afecto.

La cuestión del encarcelamiento

El estudio de Somos afirma tener el objetivo de reflexionar sobre «lo que falta para que las personas LGBTI+ puedan cumplir su pena dignamente sin violaciones».

Caio Klein cuenta a Global Voices afirma que ese problema no se resuelve solo y que antes existe el problema carcelario de Brasil.

A questão penitenciária no Brasil funciona muito bem. Se propõe a ser um espaço no qual as pessoas são despejadas e esquecidas, então, o que eles querem fazer funciona.

El tema de las cárceles en Brasil funciona muy bien. Se plantea como un espacio en el que la gente está tirada y olvidada, así que lo que quieren hacer funciona.

Las primeras alas específicas para la comunidad queer en Brasil comenzaron a aparecer en 2009, pero el sistema penitenciario nacional vive en estado crítico hace décadas.

Según el  17º Anuario Brasileño de Seguridad Pública, el número de presos en Brasil aumentó en casi 260% de 2000 a 2022: son más de 830 000 personas.

El Informe de Presos LGBTI de la Secretaria Nacional de Políticas Penales revela que más de 12.300 detenidos se autodeclararon como pertenecientes a la comunidad en 2022.

Hacinamiento, falta de higiene y restricción de artículos básicos de salud y alimentación son denuncias frecuentes. El país tiene una de las madores poblaciones carcelarias del mundo, em números absolutos.

En octubre, el Supremo Tribunal Federal reconoció que hay un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema carcelario brasileño, y afirma que hay «violación masiva de derechos fundamentales».

El Supremo Tribunal estableció un plazo de seis meses para que el Gobierno federal elabore un plan de intervención.

Somos elaboró 21 recomendaciones a los órganos y representantes del poder judicial, ejecutivo, de la sociedad civil y de tres ministerios: salud, seguridad pública y derechos humanos.

Para el director de la organización, la solución posible es fortalecer las políticas de alas separadas en las unidades, y al mismo tiempo, realizar una inversión «grande y obligatorio» en la cualificación del trabajo de los agentes de seguridad en cuestiones de diversidad e inclusión.

«La prisión ideal para personas LGBT es la que respeta a todas las personas», dice Klein.