Representantes de la organización que reunía a asociaciones de habitantes fueron arrestados por considerarlos subversivos en la década de 1960 | Imagen: archivo de Correio da Manhã/National Archive

Este artículo de Lucas Pedretti y Marcelo Oliveira fue editado por Thiago Domenici y publicó originalmente en el sitio web de Agência Pública el 6 de noviembre de 2023. Global Voices publica una versión editada en virtud de un acuerdo de asociación de contenido.

El 6 de noviembre de 2023, la Federación de Asociaciones de Favelas en Río de Janeiro (FAFERJ) y la Defensoría Pública de Unión (DPU) tomó medidas sin precedentes con la Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía para exigir que el Estado brasileño reconociera y diera compensación por la persecución sufrida durante la dictadura militar (1964–1985). La solicitud se fundamenta en documentos de las armas de represión de la dictadura.

La Comisión de Amnistía fue creada en 2002, y ya ha reconocido y compensado en más de 50 000 casos de personas cuyos derechos humanos fueron violados por razones exclusivamente políticas. La entidad se vio debilitada durante el gobierno de Bolsonaro, y luego fue reconstituida a principios de 2023 y entre los cambios propuestos estableció la nueva regla, según la cual las y colectivos también pueden pedir amnistía.

En la primera solicitud de reparaciones colectivas a la Comisión de Amnistía de la Defensoría Pública, la federación busca que se reconozca que el Ejército reconozca que hubo graves violaciones a los derechos humanos que no se restringieron a casos individuales, y que también se usó la violencia contra la federación en conjunto, por raza, clase y territorio.

En el documento de 28 páginas, firmada por el defensor público Bruno Arruda, la federación y la Defensoría Pública incluyó evidencia para fundamentar la solicitud y pidió una serie de reparaciones simbólicas, para abrir un nuevo capítulo en la justicia transicional de Brasil.

Política de desalojos forzados

La Defensoría Pública ha reiniciado su trabajo con la Comisión Estatal de la Verdad de Rio de Janeiro (CEV-Río), en cuyo informe final publicado en diciembre de 2015, dedicó todo un capítulo a las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura en las favelas. Según la CEV-Rio, una de las principales formas de violencia fue la política de desalojos forzados que, según se informa, afectó a más de 140 000 personas entre 1962 y 1973. Para la Defensoría Pública de Unión, fue un “proceso sistemático de graves violaciones a los derechos humanos”.

El proyecto para erradicar permanentemente las favelas de la línea costera de Río de Janeiro empezó en 1962, cuando el gobernador del estado de Guanabana era Carlos Lacerda. El historiador Marco Pestana señaló:

Durante décadas, entidades ligadas ao capital imobiliário e construtor elaboraram estudos para subsidiar as remoções de favelas, sempre destacando que seu foco deveria ser a zona sul e a Tijuca.

Para que esse projeto se tornasse política públicafoi necessária uma conjuntura específica, que ocorre quando Carlos Lacerda, opositor de João Goulart, se torna governador da Guanabara.

Durante décadas, organizaciones vinculadas al capital inmobiliario y de la construcción hicieron estudios para subvencionar la eliminación de favelas, y siempre destacó que la atención debía centrarse en la zona sur y Tijuca.

Para que este proyecto se convirtiera en política pública, tuvo que darse una situación específica cuando Carlos Lacerda, opositor de João Goulart, se convirtió en gobernador de Guanabara.

Según la investigadora, el golpe y la dictadura intensificaron y radicalizaron los desalojos, con la participación de más agentes públicos y dinero.

En 1963 se fundó la Federación de Asociaciones de Favelas del Estado de Guanabara (FAFEG). Aunque la capital de Brasil se trasladó de Río a Brasilia, durante un tiempo la ciudad incluyó el estado de Guanabara.

«La idea era hacer una organización en la que los protagonistas fueran los propios habitantes de las favelas», explica la historiadora Juliana Oakim, que trabajó con CEV-Río. «A mediados de 1962, con los cambios en la política sobre las favelas, la FAFEG apareció como un intento de los habitantes de organizarse enfrentar lo que estaba por venir».

Con el fin del gobierno de Lacerda, en 1965, se detuvieron temporalmente los desalojos forzados. En 1968, el dictador Costa e Silva creó el organismo Coordinación de Viviendas de Interés Social del Área Metropolitana del Gran Río (CHISAM). El nuevo organismo, vinculado al Ministerio del Interior, reinició el proyecto.

«A partir de 1968, la política de desalojos dejó de ser solo una iniciativa del Gobierno estatal y se convirtió en una política del propio régimen militar [nacional]», explicó Oakim, y la FAFEG respondió con su segundo congreso y el lema «urbanización, sí; desalojo, no».

En enero de 1969 comenzaron los desalojos más infames de la época, como los de las favelas alrededor de la laguna Rodrigo De Freitas, zona que ahora tiene apartamentos valorados en millones de reales. Comunidades enteras fueron disueltas, con el desplazamiento forzoso de miles de personas. En este contexto se produjo un segundo ataque contra la Fafeg y sus dirigentes.

En febrero de ese año, secuestraron a los dirigentes de la asociación de habitantes de la isla de Dragas y se le dio por desaparecidos. La FAFEG se movilizó y relacionó el motivo de los secuestros con la resistencia de los habitantes, por lo que cuatro de sus dirigentes fueron detenidos: Vicente Ferreira Mariano, Abdias José dos Santos, José Maria Galdeano y Ary Marques de Oliveira. Además de las detenciones, la violencia estatal contra los habitantes comenzó a incluir incendios, como el de la favela de Praia do Pinto, el Día de la Madre de 1969, que allanó el camino para el desalojo total de la comunidad.

Favela Praia do Pinto | Imagen: archivo de Correio da Manhã/Archivo Nacional

Control de la federación

Los arrestos de líderes de asociaciones de vecinos y FAFEG, que se resistió a los desalojos, llegaron con un aumento del aumento de la represión a la dictadura. Los documentos incluidos en la petición de amnistía indican que, incluso después de estos grandes desalojos, la persecución continuó.

Después de un tiempo, los líderes intentaron restablecer la federación y aprovechar la apertura de políticas y el aumento de movimientos sociales en todo el país. Uno de esos líderes fue Irineu Guimarães, elegido en 1979.

La represión tuvo entonces un nuevo objetico. El Departamento de Orden Político y Social (DOPS) describió a Guimarães como un “activista, en revuelta contra el actual régimen constitucional”.

En julio de 1980, Guimarães fue arrestado e interrogado en una investigación policial.

En 2012, la Comisión de Amnistía le concedió amnistía política. En el informe sobre el voto que aprobó las reparaciones, la entidad dio fe de que Guimarães había sido blanco de persecución política. Como él, otros líderes de FAFERJ participaron individualmente en la Comisión de Amnistía se reconoció que fueron víctimas de persecución política: las solicitudes de Etevaldo Justino, arrestado en 1964, y Abdias José dos Santos, arrestado en 1969, también fueron aceptados.

Amnistía colectiva

Ahora, FAFERJ, organización que reemplazó a FAFEG, cumple 60 años y busca que se les reconozca como blanco del régimen.

“Por lo general, las favelas no aparecen en los libros de texto, en la historiografía establecida ni en los registros oficiales”, señaló Derê Gomes, coordinador de relaciones institucionales de la organización, que también es historiador y estuvo a cargo de preparar la solicitud a la Defensoría Pública de Unión. “Por esa razón, es esencial que un órgano del Estado brasileño puede declarar oficialmente que la dictadura reprimió sistemáticamente a los habitantes de las favelas ty sus iniciativas para autoorganización, como FAFERJ”,

El mecanismo de amnistía colectiva es nuevo para la Comisión de Amnistía y, hasta la fecha, ninguna petición de este tipo ha llegado a juicio. A principios de 2023, se nombró a Eneá De Stutz E Almeida como presidenta de la comisión. Explicó que esta idea ya se había debatido antes de 2016 por casos de territorios indígenas, pero que el cambio solo se produjo en 2023 cuando la comisión reanudó su trabajo.

A diferencia de los casos individuales que llegan a la Comisión de Amnistía, las solicitudes de amnistía colectiva no recibirán ninguna  indemnización, solo formas simbólicas de reparación. En su petición, la FAFERJ exige el «reconocimiento público de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra comunidades marginadas, en este caso, la persecución política de la FAFERJ» y una «disculpa oficial del Estado brasileño a la FAFERJ y a los habitantes de las favelas de Río de Janeiro, por la persecución política cometida durante la dictadura brasileña».

Derê Gomes, coordinador de FAFERJ, con la presidenta de la Comisión de Amnistía, Eneá de Stutz e Almeida | Imagen: Guilherme Moraes Camilo Alves

«Estamos presionando al Estado para que analice, recuerde y repare la violencia que se causó a toda una comunidad, [y que sea] a través de una política pública destinada a silenciar las demandas sociales», dijo el defensor público Bruno Arruda, autor de la solicitud de reparación colectiva de FAFERJ.

Para ampliar el alcance de este proceso, Arruda creó el Observatorio de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Defensoría Pública. El caso FAFERJ es el primer proyecto del equipo del Observatorio. «Todavía hay mucho espacio para avanzar en justicia transicional dentro del Poder Judicial», y el observatorio le permite hacer alianzas con la sociedad civil para impulsar los debates necesarios para avanzar en la justicia transicional brasileña, dijo.

Derê Gomes también observó que «mientras el resto de la sociedad celebraba el regreso de la democracia, las favelas seguían sufriendo violaciones de los derechos humanos».

«Llamar la atención sobre la persecución de las favelas durante la dictadura es una forma de mostrar que, para nosotros, la violencia estatal es la norma, no la excepción. Por eso, es esencial relacionar los actuales asesinatos de jóvenes negros y de las favelas con lo ocurrido en otros periodos de la historia», afirma.