Imagen de Shongshoptok, usada con autorización.

Este artículo de Shongshoptok se publicó originalmente en Engage Media como parte del proyecto Comunicación Juvenil y Defensa de la Libertad de Internet, que busca ampliar el conocimiento y participación sobre los asuntos de derechos digitales entre los jóvenes defensores de la región Asia-Pacífico. Publicamos una versión editada como parte de un acuerdo de asociación de contenido.

El 10 de diciembre de 2023 se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, la población LGBTQ+ de Bangladesh aún lidia con la violación de sus derechos humanos básicos. La ley de ciberseguridad de 2023 se destaca como una de las leyes draconianas promulgadas en los últimos años, especialmente en vista de las duodécimas elecciones parlamentarias de Bangladesh, celebradas el 7 de enero. Esta ley lleva al movimiento LGBTQ+ y a sus miembros del país a las sombras de la autocensura.

El 13 de noviembre, Naciones Unidas organizó el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los derechos humanos en Bangladesh. Durante los preparativos para el evento, las organizaciones que desde 2022 defienden los derechos LGBTBQ+ en Bangladesh colaboraron en un informe sombra para el EPU con respecto a la sociedad civil. No obstante, surgió una paradoja luego de que terminaron el informe: ¿A nombre de qué organización debería presentarse? Las complejidades legales en Bangladesh y la amenaza a las organizaciones LGTBQ+ ponen en evidencia lo arriesgado de su existencia. Con temor a la sección 25(b) de la ley, con gran inquietud, publicamos el informe sombra bajo el nombre de una organización extinta.

En las sombras de la autocensura

Escribo este artículo bajo un seudónimo organizacional y no mi nombre real. El anonimato es una práctica común debido al incesante miedo a la ley de ciberseguridad. Esta ley siembra temor, a tal punto que las organizaciones LGTBQ+ nacionales son reacias a crear sitios web. Cuando los crean, la información revelada es mínima, en consideración a la facultad del Gobierno para eliminar cualquier página de internet en cualquier momento, al hacer uso de la sección 8 de la ley de ciberseguridad. Actualmente, solo dos organizaciones LGTBQ+ en Bangladesh han logrado establecer sus sitios web especializados y accesibles a personas de confianza con identificación de usuario y contraseñas.

A lo largo de los últimos años de experiencia en organización comunitaria, me di cuenta de que no existe otra alternativa al internet para el avance del movimiento de la comunidad queer en la realidad actual de Bangladesh. El internet es considerado, a nivel global, como un derecho humano fundamental, reconocido a partir de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bangladesh impone sistemáticamente la censura en internet, lo que entra en conflicto con la libertad de opinión y expresión consagrada en el artículo 39(2) de la Constitución bangladesí. Adicionalmente, incidentes como los apagones de internet son moneda corriente por decisión del Gobierno.

Nuestras actividades tampoco están libres de ataduras en las redes sociales. El Gobierno de Bangladesh ha introducido el Sistema Integrado de Intercepción Legal (SIIL). Esta tecnología permite a los organismos de seguridad rastrear la ubicación precisa de cualquier ciudadano a través de la red móvil, lo que contradice el artículo 43(b) de la Constitución, que asegura la privacidad de correspondencia y otros medios. Asimismo, la sección 42 de la ley de ciberseguridad garantiza a los organismos de seguridad el poder para rastrear e incautar los equipos, cuentas de redes sociales, y documentos, en línea y fuera de línea, de las personas, sin orden judicial y en base a meras sospechas. Además, esta sección entra en conflicto con el artículo 43(b) de la Constitución. La presencia de esos actos y sistemas obliga a organizaciones personas que defienden los derechos LGTBQ+ en Bangladesh a operar bajo la constante sombra del miedo, sometidos a arrestos, acoso, riesgo para sus vidas.

El funesto impacto de la ley de ciberseguridad en la comunidad LGTBQ+

En 2021, se dio a conocer la historia de un luchador de la libertad hijra con ocasión de los 50 años de la guerra de independencia bangladesí. Aún así, afirmar hoy en día que el país no solo le pertenece a hombres y mujeres cisgénero, sino también a la comunidad LGBTQ+, y que la guerra por la liberación incluyó los esfuerzos de personas de la comunidad queer, podría llevar a ofensas condenables bajo la sección 21 de la ley de ciberseguridad.

La sección 25 de la ley de ciberseguridad restringe severamente todo defensa y movimiento por los derechos LGBTQ+, y criminaliza el contenido publicado que pueda manchar la imagen o la reputación del país, puesto que el Estado penaliza el comportamiento homosexual. Esta disposición nos prohíbe difundir informes a nivel nacional o internacional que echen luz a las injusticias que la comunidad LGBTQ+ enfrenta en Bangladesh, ya que existe el riesgo de sufrir acciones legales. Esta clausula atenta contra nuestro derecho constitucional a protestar contra las injusticias como ciudadanos del Estado.

En octubre de 2023, Shongshoptok publicó un comunicado que condenaba las expresiones irrespetuosas sobre los problemas de las personas transgénero del primer ministro británico, Rishi Suna. Sin embargo, el Gobierno se reserva el derecho de tomar acciones legales contra el escritor del comunicado, con amparo de la sección 27 de la ley de ciberseguridad, y podría informar, hipotéticamente, que la publicación de esa proclama causó daños a las relaciones de Bangladesh con Reino Unido. Esta sección contiene términos ambiguos, como «amenaza a la integridad, seguridad y soberanía del Estado» e «instalación del miedo entre los habitantes o un determinado número de secciones», sin definiciones claras. Según esta jurisdicción, si las organizaciones y personas  LGTBQ+ se involucran en campañas en línea de defensa de sus derechos, se arriesgan a ser identificados como parte de actividades terroristas con potenciales repercusiones legales.

Es evidente que la homosexualidad o la diversidad de género contradice los valores religiosos de la mayoría en Bangladesh. En este contexto, cuando Shongshoptok defiende los derechos de las personas LGTBQ+, se opone de forma intrínseca a los valores de los grupos religiosos abrahámicos, lo que deja a las personas LGTBQ+ vulnerables a  amenazas de grupos intolerantes. Los brutales asesinatos de dos activistas en 2016 sirven como duros recordatorios de los peligros que representan los grupos extremistas. La militancia extremista avalada por el Estado y facilitada por una ley de facto contra la blasfemia, tal como la sección 28 de la ley de ciberseguridad, contradice al principio constitucional de secularidad expresado en el artículo 8. Esta ley niega la legitimación de una parte significativa de la población, y también legisla en su contra. La sección 28 ha silenciado a las voces queer, mientras que la sección 29 de la ley de ciberseguridad impide a la comunidad LGBTQ+ expresar sus opiniones en internet. Mas aún, impide que se tomen medidas fuertes contra los crímenes de odio, la propaganda, y la desinformación impuesta a la comunidad por parte de los extremistas. Ya se han presenciado medidas de clara interferencia al ejercicio de la libre expresión por parte del Estado y personas influyentes, lo que representa graves violaciones al artículo 39 de la Constitución.

El activismo transfronterizo y el apoyo a quienes viven en el extranjero juegan un papel crucial para cualquier nación o comunidad oprimida. La sección 4 de la ley de ciberseguridad representa una amenaza importante para las personas LGTBQ+ bangladesíes que viven en el extranjero. Debido a las restrictivas leyes, nuestro activismo transfronterizo y apoyo a quienes viven en el extranjero se han estancado.

Una carga extra sobre los hjira, los adivasi y otras comunidades LGTBQ+ marginalizadas

La comunidad LGBTQ+ de Bangladesh enfrenta riesgos sociales y legales, y muchas veces recurre a usar identificaciones de usuario falsas para comunicarse en internet. A nivel nacional, personas de la comunidad LGTBQ+ que no conocen bien la ley, incluidos hjira y adivasi, con frecuencia administran cuentas de redes sociales con imágenes de personajes icónicos. Los hijra, los hombres y mujeres transgénero expresan sus identidades al vestirse de acuerdo a su género, de esta manera desafían las normas sociales y personifican sus identidades deseadas, práctica referida como «travestismo» en nuestra sociedad cisnormativa. Las formas a autoexpresión son vitales para la comunidad LGTBQ+ y pueden ser interpretadas como violaciones a la  sección 24 de la ley de ciberseguridad. Esta sección hace eco en la ya abolida y colonial sección 26 de la ley de grupos criminales de 1871.

La mayoría de la comunidad hjira en Bangladesh carece de educación primaria, mientras que las personas LGBTQ+ de la comunidad adivasi, en las montañas y en las llanuras, luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Este último grupo enfrenta la privación de los servicios esenciales, incluida la educación, lo que refleja la difícil situación de las personas LGTBQ+ de clase baja. A pesar de su uso de las redes sociales, la falta de educación digital los deja vulnerables. En esta realidad, los criminales pueden usar servicios digitales para actividades ilegales según las secciones 17 a 37 de la ley de ciberseguridad, incluidos el hackeo y el uso no autorizado de dispositivos.  Si alguien más planea un delito con el dispositivo de alguna de estas personas queer, quien resulte inocente puede enfrentar castigos bajo la Sscción 33 de la ley de ciberseguridad. Se los deja con la ardua tarea de navegar el proceso legal antes de que puedan probar su inocencia, y los desafíos que representan el sistema legal bangladesí y los procesos judiciales son evidentes.

Desde la aprobación de la ley de seguridad digital en 2018, las organizaciones por los derechos LGBTQ+ de Bangladesh han demandado, de forma consistente, la derogación de leyes como la ley de ciberseguridad, que permiten prácticas antidemocráticas y abusos de los derechos humanos. Además, leyes estrictas y restricciones legales en Bangladesh impiden que organizaciones como Shongshoptok, que trabajan por los derechos LGBTQ+, logren registro oficial, lo que mina sus actividades de defensa.