Corte Internacional de Justicia en La Haya. Foto de Naciones Unidas en Flickr (CC BY-NC-ND 2.0 DEED).

Este artículo se publicó originalmente en New Arab el 10 de enero de 2024. Global Voices reproduce una versión editada como parte de un acuerdo que comparte contenido.

Sudáfrica ha iniciado un histórico enfrentamiento legal en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) después de acusar a Israel de «actos genocidas» en su guerra indiscriminada en la franja de Gaza.

El caso es uno de al menos tres que Israel podría enfrentar ante la CIJ y la Corte Penal Internacional (CPI) por su brutal campaña contra el asediado enclave palestino de Gaza.

La feroz ofensiva de Israel ha tenido como objetivo escuelas, hospitales y zonas residenciales y hasta ahora ha matado al menos a 23 210 personas en Gaza, de las que dos tercios son mujeres y niños.

Este artículo examina el caso de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ y lo que sucederá durante el proceso legal.

¿Cuál es la diferencia entre la CIJ y la CPI?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se confunde a menudo con la Corte Penal Internacional (CPI). La CIJ, también llamada Corte Mundial, es la máxima entidad legal de Naciones Unidas, establecida en 1945 para abordar disputas entre estados.

La CPI, también en La Haya, se ocupa de casos criminales de guerra contra individuos.

El panel de 15 jueces de la CIJ, que se ampliará con un juez adicional de cada lado en el caso sudafricano contra Israel, se ocupa de disputas fronterizas y un aumento de casos presentados por Estados que acusan a otros Estados de violar las obligaciones de los tratados de Naciones Unidas. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eligen a los jueces por un período de nueve años.

Sin embargo, la CPI es el único tribunal penal internacional permanente del mundo y se rige por un tratado internacional llamado Estatuto de Roma.

¿Que reclama Sudáfrica?

En su presentación legal de 84 páginas, Sudáfrica argumenta que Israel está cometiendo genocidio al matar palestinos en Gaza, que les causa graves daños mentales y corporales, y crea condiciones de vida «calculadas para provocar su destrucción física».

Dice que Israel no ha dado alimentos, agua, medicinas, combustible, refugio ni ninguna asistencia humanitaria esencial a la franja de Gaza durante la guerra de más de tres meses. También señala la sostenida campaña de bombardeos que ha llevado a residuos a gran parte del enclave, ha forzado la evacuación de unos 1,9 millones de palestinos y ha matado a más de 23 000 personas, según las autoridades de salud de Gaza.

«Todos los actos se atribuyen a Israel, que no la logrado evitar el genocidio y lo está cometiendo en abierta violación de la Convención sobre el Genocidio», dice el documento, y agrega que Israel tampoco logró frenar la incitación al genocidio de sus propios funcionarios, también en violación de la convención.

Mientras el tribunal decide sobre un fallo, Sudáfrica también ha solicitado al tribunal que imponga medidas de emergencia para poner fin a las presuntas violaciones de Israel.

Esas medidas provisionales están destinadas a evitar que la situación empeore hasta que se anuncie la sentencia.

¿Qué es la convención sobre genocidio?

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio está considerada el primer tratado de derechos humanos en la historia de Naciones Unidas, y fue ratificada por 153 países. Define genocidio como «actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso».

Esos actos incluyen asesinato de miembros de cualquier grupo marginado, lo que causa graves daños físicos o mentales, así como la destrucción de sus condiciones de vida. Esto incluye actos como impedir dar a luz o entregar a la fuerza a sus hijos a otros grupos.

Todos los Estados que firmaron la Convención sobre Genocidio están obligados a nunca cometer genocidio, y también a evitarlo y castigarlo.

¿Cuándo procederá el caso?

Las audiencias se llevaron a cabo los días 11 y 12 de enero.

Sudáfrica e Israel tienen cada uno dos horas en días separados para exponer sus argumentos a favor o en contra de las medidas de emergencia. No habrá testimonios de testigos ni contrainterrogatorios. La presentación sería principalmente de argumentos legales presentados por funcionarios estatales y sus equipos de abogados internacionales.

La solicitud de medidas de emergencia es un primer paso en un caso que tardará varios años en completarse.

Se les llama formalmente medidas provisionales, y pretenden ser una orden de restricción para evitar que una disputa empeore mientras el tribunal analiza el caso completo.

El tribunal no tomará una decisión final sobre las acusaciones de genocidio de Sudáfrica hasta que haya una audiencia sobre los méritos del caso, para lo que probablemente faltan muchos años.

Sin embargo, como las audiencias de inicios de enero se trataron solo sobre la posible concesión de medidas de emergencia, pueden tomar semanas o meses hasta que se decida sobre un fallo.

Los jueces de la CIJ a menudo conceden este tipo de medidas, que generalmente consisten en pedir al Estado que se abstenga de cualquier acción que pudiera agravar la disputa legal.

En el caso de las medidas provisionales, el tribunal solo tiene que decidir si a primera vista, o prima facie, tendría jurisdicción y si los actos denunciados podrían caer dentro del alcance del tratado sobre genocidio. Cualquier decisión sobre las medidas no serán necesariamente las solicitadas por el denunciante.

Cuáles son los posibles resultados y qué sucede después

El fallo de la CIJ es definitivo y no se puede apelar. Sin embargo, no puede aplicar sus decisiones.

Incluso si el tribunal decide no implementar una medida provisional, la CIJ podría decidir que todavía tiene jurisdicción y continuar con el caso.

En el caso de Ucrania, a pesar de que la CIJ ordenó a Rusia que detuviera sus operaciones militares en Ucrania, la invasión rusa ha continuado.

Dado que no está claro qué efectos concretos tendría un fallo de la CIJ contra Israel, es probable que contribuya a aislar al país política y económicamente.

La decisión de Israel de defenderse ante el tribunal global significa que puede presentar argumentos legales que justifiquen sus acciones en Gaza.

Por otro lado, la táctica también podría conducir a una mayor condena internacional si finalmente pierde el caso y se le declara culpable de violar la convención de genocidio de Naciones Unidas.

Mientras tanto el 17 de noviembre, Bolivia, además de Sudáfrica, Bangladesh, Comoras y Yibuti, presentó una solicitud al Fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar por separado la situación en Palestina.