Candidatos presidenciales indonesios en debate televisado, diciembre de 2023. Captura de pantalla de un video de YouTube de NST Online (uso legítimo).

A pocas semanas de las elecciones del 14 de febrero en Indonesia, se exhorta a los candidatos indonesios a abordar cuestiones de derechos humanos.

Alrededor de 205 millones de personas tienen derecho a votar y erigirán al próximo presidente, vicepresidente, miembros de la Cámara de Representantes  y parlamentarios locales del país. El actual presidente, Joko «Jokowi» Widodo, está constitucionalmente impedido de postularse para un tercer mandato.

La compaña electoral puso la atención en el desempeño de Jokowi en el fortalecimiento de los compromisos del país en materia de derechos humanos. La promesa de investigar las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad, en especial durante el reinado del exgeneral Suharto, que gobernó el país durante tres décadas hasta que un levantamiento popular lo obligó a dimitir en 1998, fueron parte de sus promesas de campaña en 2014 y nuevamente  durante su candidatura por la reelección en 2019.

Amnistía Internacional señaló que en 2023, Jokowi reconoció finalmente que las fuerzas gubernamentales cometieron violaciones de derechos humanos, pero no logró exigir su responsabilidad.

Despite these improvements, there is as yet no concrete roadmap for seeking accountability and providing truth, justice, and redress to the victims of these 12 gross human rights violations.

A pesar de estas mejoras, aún no existe una hoja de ruta sólida para exigir la responsabilidad y brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de estas 12 violaciones graves de derechos humanos.

El grupo también sintetizó el legado sobre derechos humanos de Jokowi:

Indonesia continues to fail to guarantee people’s rights to express their opinions peacefully amidst a shrinking civic space. It also fails to deliver on its commitment to end the impunity of the security forces suspected of being responsible for human rights violations, and to provide access to justice and effective remedies to victims of gross human rights violations and crimes under international law.

Indonesia aún no logra garantizar el derecho de las personas a expresar sus opiniones de forma pacífica en medio de un espacio cívico cada vez más reducido. Tampoco cumple con su compromiso de terminar con la impunidad de las fuerzas de seguridad, sospechosas de ser las responsables de violaciones de derechos humanos, ni de dar acceso a la justicia y recursos efectivos para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y crímenes penados por el derecho internacional.

Human Rights Watch señaló en su último informe que el próximo gobierno «enfrentará un conjunto de asuntos sobre derechos, incluidos un nuevo código penal muy problemático, acoso y discriminación contra las minorías religiosas y otros grupos marginados, y abusos profundamente arraigados contra las mujeres».

President @jokowi‘s term ends with a whimper on rights, making no real efforts to address discrimination and abuses against marginalized groups in Indonesia https://t.co/v4cH6QYyFM

— Andreas Harsono (@andreasharsono) January 11, 2024

Indonesia: El mandato de Jokowi termina con un suspiro en materia de derechos

No hay esfuerzos reales para abordar la discriminación y los abusos contra los grupos marginados.
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El mandato del presidente Jokowi finaliza con quejas en materia de derechos, sin esfuerzos reales para abordar la discriminación y los abusos contra los grupos marginados en Indonesia.

El nuevo código penal mencionado por Human Rights Watch entrará en vigencia en 2026. La ley tenía como objetivo «descolonizar» el código penal que usaron los colonizadores neerlandeses, pero conservaba disposiciones que podían utilizarse para suprimir derechos. Por ejemplo, el nuevo código continúa facultando a las autoridades a presentar cargos contra quienes insulten el honor y la dignidad del presidente, el vicepresidente o las instituciones estatales. Adnan Yazar Zulfikar de la Facultad de Leyes de la Universidad Padjadjaran advirtió sobre las graves repercusiones sobre la libertad de expresión:

Instead of guaranteeing internet freedom, these clauses have made every single corner of the digital sphere unsafe for expressing aspirations or criticisms towards the government, as anyone could be abruptly charged with a criminal offense at any time.

En lugar de garantizar la libertad en internet, estas disposiciones lograron que cada rincón de la esfera digital sean insegura para expresar deseos o críticas hacia el Gobierno, ya que cualquiera podría ser acusado abruptamente de un delito penal en cualquier momento.

Según el abogado de interés público Shaleh Al Ghifari, destacó que varios artículos podrían convertir la ley en una «herramienta de represión». El autor advirtió, en particular, acerca de los artículos sobre noticias falsas, que penalizan la difamación de falsas narrativas que causen revueltas o disturbios.

Who decides whether the news is fake or true? Who is going to measure whether a piece of news could incite a riot? Would conviction be possible with a one-sided testimony from a rioter?

¿Quién decide si la noticia es falsa o verdadera? ¿Quién medirá si una noticia puede provocar disturbios? ¿Sería posible condenar a un alborotador con un testimonio unilateral?

En relación a la militarización de los procesos judiciales, la ley de información y transacciones electrónicas (EIT, por su nombre en inglés) del país fue modificada en diciembre de 2023, pero mantuvo disposiciones penales sobre difamación. Las autoridades han utilizado la ley EIT para acosar a sus críticos y arrestar a activistas. Por ejemplo, los activistas Fatia Maulidiyanti y Haris Azhar fueron acusados de difamación por un video que mencionaba el rol de algunos funcionarios en la minería a gran escala. Ambos fueron absueltos el 8 de enero, pero los fiscales declararon que apelarán el fallo. En una editorial, TEMPO Media cuestionó la decisión de apelar el caso:

There was no urgency or national interest in taking this case to court, yet alone to the appeal stage. The move by the prosecutors to appeal will only serve to reinforce the impression that they are acting in the personal interests of those in power.

No había urgencia ni interés nacional en llevar este caso a los tribunales, o incluso a la instancia de apelación. La decisión de los fiscales de apelar solo reforzará la impresión de que están actuando en nombre del interés personal de quienes están en el poder.

Reporteros sin Fronteras también pidió a los candidatos que pusieran fin a los procesos abusivos contra el personal de los medios, incluido el uso de la ley de difamación. Además, solicitó al Gobierno que levantara las restricciones de información impuestas por la provincia de Papúa, que se encuentra bajo un fuerte control militar y los periodistas no tienen permiso para cubrir la provincia donde un movimiento separatista está luchando por la autodeterminación.

Mientras tanto, grupos de la Sociedad Civil emitieron una declaración conjunta para solicitar a las autoridades que dejen de ahuyentar a los botes de refugiados rohinyá. El 27 de diciembre, refugiados rohinyá fueron atacados violentamente por lugareños de la provincia de Aceh. Este grupo, minoría perseguida en Myanmar, huyó hacia países vecinos como Bangladesh y otros países cuyas comunidades locales les ofrecieron refugio, tales como Malasia e Indonesia. Pero durante la campaña electoral, la comunidad rohinyá fue víctima de desinformación. Grupos de la sociedad civil solicitaron a las autoridades y a los candidatos a investigar este asunto:

The deliberate spread of false narratives targeting vulnerable groups, such as Rohingya refugees, has added a new layer of complexity. While these disinformation efforts are not confined to the electoral sphere, they intersect with the broader issue of protecting the rights and dignity of refugees within Indonesia.

La difusión deliberada de información falsa dirigidas a grupos vulnerables, como los refugiados rohinyá, agregó una nueva capa de complejidad. Si bien estas campañas de desinformación no se limitan únicamente a la esfera electoral, se entrecruzan con cuestiones más amplias sobre la protección de los derechos y la dignidad de los refugiados en Indonesia.

Por su parte, la Fundación para las Normas Internacionales de Información sobre Derechos Humanos declaró que el nuevo gobierno debería poner atención en «combatir la violencia contra las mujeres, en particular de las comunidades indígenas, y en garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad» durante los primeros cien días en el poder.