Más de 200 mil mujeres fueron esterilizadas en los años 90 en el Perú como parte de una política de Estado del gobierno de Alberto Fujimori. Fotos por Liz Tasa y Tadeo Bourbón. Usada con permiso.

Este artículo fue publicado por Salud con Lupa el 23 de Diciembre de 2023 y una versión editada es republicada en Global Voices bajo un convenio entre los medios.

El 7 de Diciembre —el mismo día que el Tribunal Constitucional pusiera en libertad al ex presidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad— la Corte Suprema de Justicia de Perú paralizó el proceso judicial por las cientos de miles de esterilizaciones forzadas cometidas durante la dictadura de Fujimori, y ordenó que el caso regrese al punto en que se encontraba en octubre del 2018, en la Fiscalía Supraprovincial de Casos de Violación de Derechos Humanos para que formule una nueva denuncia penal y un juez decida si se abre el proceso o se archiva.

La decisión de la Corte Suprema se da a raíz de la demanda de presentada por el exministro de Salud del gobierno fujimorista, Alejandro Aguinaga, para evitar ser investigado judicialmente en este caso. Entre los argumentos que presentó, Aguinaga sostiene que se están vulnerando sus derechos constitucionales y que la investigación carece de motivación porque en las dos décadas que lleva el caso ha sido archivado ocho veces por falta de pruebas.

Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, Alberto Fujimori y Alejandro Aguinaga. Composición de Salud con Lupa. Usada con permiso.

Durante la dictadura de Alberto Fujimori fueron esterilizadas más de 272 mil mujeres y también 22 mil hombres en regiones con niveles de pobreza elevados y mayoría de población indígena, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Pese a que se desconoce el número exacto de operaciones sin consentimiento que se realizaron, en el Registro oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hay más de 8 mil personas registradas. Las víctimas sufrieron la discriminación de su familia y comunidad, y quedaron con secuelas físicas y psicológicas que padecen hasta hoy.

En diciembre de 2021, el juez Rafael Martínez dispuso que se inicie una investigación preliminar contra el expresidente Alberto Fujimori y altos funcionarios de su gobierno, como los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta; y el asesor Ulises Jorge Aguilar. Para ello, la Fiscalía expuso sus pruebas reunidas en 16 años de investigación, durante dos meses de audiencias.

Se los acusa de ser autores mediados de la muerte de cinco mujeres: Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, Reynalda Betalleluz, Marpia Espinola y Celia Ramos, quienes tuvieron complicaciones luego de las operaciones realizadas bajo pésimas condiciones de salubridad y sin seguimiento de personal médico. También se busca que sean responsables por las lesiones cometidas contra otras 1,315 víctimas en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

El caso de Celia Ramos representa muy bien el contexto en el que la mayoría de estas esterilizaciones fueron llevadas a cabo: en 1997, a sus 34 años, acudió a un centro de salud para recibir un tratamiento dental y sus médicos la identificaron como una candidata para una ligadura de trompas. Bajo la insistencia y la presión de los trabajadores de salud, quienes llegaron hasta a visitarla a su casa sin su consentimiento, Ramos aceptó a la intervención quirúrgica y murió por septicemia 19 días después.

Mujeres esterilizadas contra su voluntad contaron mediante cartas sus secuelas físicas y emocionales, así como el estigma y discriminación que sufrieron. Foto por Liz Tasa. Usada con permiso.

Esta investigación judicial empezó tres años después de que la Fiscalía presentara su denuncia penal en 2021. Una de las conclusiones a las que llegó el Ministerio Público fue que las esterilizaciones forzadas se trataron de una política de Estado que tenía como objetivo reducir la pobreza a través de la disminución de la tasa de natalidad. En 1991, mediante una evaluación demográfica territorial, el Estado concluyó que existía “una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el crecimiento económico”, principalmente en las mujeres de las zonas rurales de la selva y sierra.

La Fiscalía también ha documentado con testimonios, publicaciones periodísticas e informes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y el Congreso de la República, que el personal de salud obligó a las mujeres de bajos recursos económicos a ligarse las trompas bajo engaños, amenazas o la falsa promesa de entregarles alimentos.

De acuerdo con la Fiscalía, quienes ejercieron la práctica fueron médicos que desde su posición de autoridad ayudaron a implementar la política de esterilizaciones en la subregión IV de Cajamarca cuando ocurrió la muerte de Mestanza. No obstante, todos siguieron trabajando sin problemas en el sector salud luego de que los hechos se hicieron públicos.

Alberto Fujimori junto a sus hijos Kenji y Keiko luego de salir del penal Barbadillo, donde estuvo recluido 14 años. Foto por Andina / Vidal Tarqui. Usada con permiso.

La resolución de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia fue notificada a los representantes legales de las víctimas de esterilizaciones forzadas el 6 de diciembre de 2023.

Ese mismo día, el expresidente Alberto Fujimori salió de prisión gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que tuvo como origen su indulto de 2017. La excarcelación se dio a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado peruano que se abstuviera de esta medida para garantizar el derecho de justicia de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, casos por lo que fue condenado en 2009 a 25 años de prisión.