Ilustración hecha por Distintas Latitudes. Usada con permiso.

Este artículo fue escrito por Distintas Latitudes y publicada el 20 de febrero de 2024 como parte de la investigación ¿Dónde vamos a vivir?, una investigación regional, realizada por la 7ma generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas sobre acceso a la vivienda en América Latina y el Caribe. Una versión editada es republicada en Global Voices bajo un convenio entre los medios.

Los jóvenes latinoamericanos dejan las casas de sus padres, en promedio, a los 28 años. Enfrentados a la realidad de la vida adulta, las preocupaciones de las nuevas generaciones se van acumulando: falta de trabajos, salarios precarios, fenómenos asociados al cambio climático, salud mental, violencia, migración. Y encima de todo eso prevalece una pregunta común: ¿podremos tener casa propia algún día?

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 el 82 por ciento de la población latinoamericana vivía en zonas urbanas. Esto convierte a nuestra región en una de las más urbanizadas del mundo. Sin embargo, también es una de las que más retos presenta para acceder a una vivienda, especialmente para las personas jóvenes. 

Para Carla Escoffié, investigadora de vivienda y autora del libro País sin techo, «la vivienda es un derecho base para el ejercicio de otros derechos». Tener un espacio seguro, dice, es indispensable para los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, al descanso y a otros. En algunos casos, incluso, es un factor determinante para aspirar a un trabajo.

Desde hace décadas, gobiernos y organismos de la región han implementado mecanismos, proyectos y leyes para solventar el déficit de vivienda. El problema es que la mayoría de estos proyectos se centran en la adquisición de vivienda nueva y brindan apoyo solamente a personas con un trabajo fijo.

Es usual que estos proyectos olviden a los 27 millones de jóvenes latinoamericanos que trabajan en el sector informal. Pero sobre todo a grupos demográficos sobrerrepresentados en la informalidad, como las mujeres, los migrantes, las poblaciones indígenas, afrolatinas y LGTBI+. Esto ha obligado a gobiernos, organismos especializados en vivienda y a las propias comunidades a buscar nuevas soluciones, esta vez adaptadas a las necesidades de los jóvenes.

A continuación, te contamos sobre tres proyectos gubernamentales de Costa Rica, Colombia y Bolivia que, con sus luces y sus sombras, han ayudado a miles de jóvenes a financiar y adquirir una casa propia. 

Costa Rica: Un proyecto de viviendas que beneficia a miles de jóvenes

El Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica no estaba orientado a beneficiar jóvenes. Sin embargo, eso es justamente lo que hizo.

Este proyecto surgió en 2019 como parte de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y diversas entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Básicamente, otorga créditos bancarios para la compra y construcción de terrenos e inmuebles, así como bonos familiares de vivienda.

De acuerdo con el medio costarricense CRHoy, en 2020 este Programa Integral financiaba hasta 65 millones de colones (126 mil dólares), aunque en promedio sus créditos rondaban los 30 millones de colones (59 mil dólares, aproximadamente), con una tasa de interés del 6.5 por ciento. 

Para junio de 2023, el 70 por ciento de los beneficiarios eran personas entre 18 y 35 años, según datos proporcionados por la Dirección del Fondo Nacional de Vivienda de Costa Rica. Hablamos de 3.100 jóvenes, de los cuales 507 tienen menos de 25 años.

Sin dudas este es un referente para futuros programas latinoamericanos. Sin embargo, de acuerdo con Franklin Solano, especialista del sector costarricense de vivienda, el 40 por ciento de los hogares del país no tienen posibilidades de acceder a este programa por no tener los ingresos mínimos necesarios. Otro 20 por ciento apenas cumple con los montos, aunque también carga con otras deudas.

Colombia: Cómo un país de alquileres intenta que los jóvenes compren su primera casa

En Colombia las personas alquilan más que en cualquier otro lugar de América Latina. Para 2011, cuatro de cada diez colombianos era inquilino en la casa donde vivía, cifra que ha ido en aumento desde la década de 1980. Hay quienes pagan más del 45 por ciento de su sueldo solo en arrendamiento.

El Estado colombiano implementó el programa Jóvenes Propietarios, lanzado como respuesta al estallido social de 2021. Es un programa del Estado y el Fondo Nacional del Ahorro que busca facilitar la compra de una vivienda a jóvenes entre 18 y 28 años, brindándoles opciones de financiamiento adecuadas a sus necesidades. 

El monto crediticio depende de la capacidad de pago de la persona y del costo del inmueble. No obstante, suele cubrir hasta el 80–90 por ciento del valor de este último. La tasa de interés del programa puede llegar hasta el 12.3 por ciento en algunos casos, aunque suele ser del 6.8 por ciento, menos de la mitad de la que ofrecen los bancos privados. Para agosto de 2022, un año después de su lanzamiento, la iniciativa ya había aprobado 17.078 créditos. 

Si bien el programa está disponible para jóvenes de escasos recursos, esto no significa que todos tengan la misma posibilidad de acceder a su crédito. Como explica el experto en vivienda Axel Murillo, más que un programa social, Jóvenes Propietarios es un producto financiero, por lo que «los jóvenes van a encontrar barreras para acceder». 

Bolivia: Miles de casas abandonadas en un país que necesita vivienda 

Bolivia es el segundo país de América Latina con menos población joven propietaria de vivienda, solo detrás de Colombia. Según el Instituto Nacional de Estadística de este país, tres de cada diez personas no cuentan con una vivienda propia. Las personas que sí tienen uno, en muchos casos enfrentan condiciones de hacinamiento, falta de acceso a recursos como agua potable y alcantarillado, o viven en zonas vulnerables. 

Por eso en 2019 el Estado creó el Plan de Viviendas para Jóvenes. Este proyecto es liderado por la Agencia Estatal de Vivienda de Bolivia (AEvivienda), que desde 2011 se encarga de diseñar y ejecutar programas habitacionales para poblaciones vulnerables como personas con bajos ingresos o discapacidad, adultos mayores y madres solteras.

La intención del Plan de Viviendas para Jóvenes es facilitar créditos hipotecarios a personas entre 18 y 29 años que quieran comprar una casa, incluso aunque ganen salarios mínimos de 2.300 bolivianos (aproximadamente 330 dólares). Para ello, el programa subvenciona hasta el 30 por ciento del costo de la vivienda a aquellos jóvenes que accedan a su crédito. 

En principio, este parece un buen proyecto. En 2022, a tres años de iniciado, el Plan de Viviendas reportó haber beneficiado a 1.746 jóvenes y sus acompañantes. Sin embargo, estos resultados podrían haber tenido un impacto más notable entre jóvenes en condiciones vulnerables: aunque el Plan asegura ofrecer créditos para personas con salarios mínimos, en la práctica no parece que estos sean su prioridad.  

En 2022, una comisión de diputados del Congreso Boliviano denunció irregularidades en los proyectos iniciados desde 2016, que resultaron en miles de casas vacías. Estos diputados también descubrieron que existían proyectos financiados que ni siquiera habían sido construidos o terminados. 

También encontraron que el Estado adjudicó la construcción de seis proyectos de viviendas urbanas a diferentes constructoras por más de 83 millones de dólares y que el 91 por ciento de las casas de esos proyectos están deshabitadas.