Fotografía de Arzu Geybullayeva

El 13 de febrero de 2024, un alud desprendió 10 millones de metros cúbicos de tierra a través de una pendiente de 200 metros en la mina de oro Copler ubicada en la ciudad de Ilic, Turquía. El incidente vuelve a poner en duda la falta de supervisión del Gobierno en las actividades comerciales privadas ejecutadas en el país, incluida la industria minera. Hacia finales de febrero, al menos nueve mineros se reportaron desaparecidos como consecuencia del deslave. La exposición de mil hectáreas al cianuro y al ácido sulfúrico que se utiliza en la extracción minera aumenta la preocupación de los especialistas ambientales.

No es la primera vez que el cianuro se filtra en la mina. En 2022, la explosión de una tubería de cianuro derramó residuos de alta densidad tóxica en la represa del río Éufrates, el río más largo de Asia Occidental: se extiende unos 2800 km de longitud y atraviesa Turquía, Siria e Irak. La empresa reconoció que hubo una filtración, pero negó la contaminación del río. Al poco tiempo, la empresa volvió a la rutina con normalidad.

El Ministerio de Ambiente aseguró que «no se habría detectado contaminación por ahora», y que se cerró el arroyo que va desde la fosa hasta el Éufrates.

Los especialistas ambientales y los ingenieros están en desacuerdo. El ingeniero metalúrgico Cemalettin Küçük habló con el canal Deutsche Well (DW) de Turquía y dijo que, de acuerdo con el peso del flujo y la contaminación química que causó en el ambiente esa cantidad, los productos químicos del suelo se habrían mezclado en el Éufrates por debajo de la tierra.

Asimismo, en otra entrevista con DW, la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Turca para Combatir la Erosión del Suelo (TEMA), Deniz Ataç, señaló que no existe una membrana que proteja al suelo y que, por lo tanto, no hay manera de evitar que el flujo de productos químicos se mezcle con el suelo. «Estamos ante una zona de entre 30 y 40 metros de altura, de aproximadamente un kilometro y de ancho reducido», informó Ataç.

Un grupo ambientalista, conocido como Ilic Nature and Environmental Platform, dijo que el río ya estaba contaminado, a pesar de que el ministerio garantice la clausura de los afluentes. «No cierren el arroyo, cierren la mina», pidió el grupo.

Mientras las instituciones del Estado prometen investigar la causa del deslave, el culpable principal, es decir, la compañía que opera la mina, aún no ha enfrentado fuertes repercusiones. Hasta ahora, solo suspendió la actividad algunos días.

Según Gazete Duvar, en noviembre de 2023, la Unión de Cámaras de Ingenieros y Arquitectos de Turquía (TMMOB) presentó una petición al juzgado nacional de Erzincan que advertía sobre los riesgos de derrumbe, deslizamiento y resbalamiento en las instalaciones de la mina. Antes, también se habían presentado solicitudes similares.

La unión reclamó a Anagold Mining, empresa que operaba en la mina desde 2010. La compañía es propiedad de SSR Mining, con sede en Denver (Colorado) y Calik Holding, con sede en Turquía.

A pesar de los avisos de la Unión de Cámaras de Ingenieros y Arquitectos de Turquía al Gobierno para cerrar la mina, al 19 de febrero, aún no se habían derogado todos los permisos de la compañía.

Según el vicepresidente del principal partido opositor, Partido Republicano del Pueblo (CHP, por su nombre en turco), Deniz Yavuzyılmaz, también responsable del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, «a pesar de que el Ministerio de Ambiente anuló las autorizaciones y licencias ambientales de la compañía, no se anularon seis de los permisos de habilitación concedidos a Anagold».

«Estamos frente a un posible desastre ambiental», dijo Dersim Gul, secretario general de la unión, en una entrevista con la compañía de asesoría Bloomberng.

Un antiguo empleado de Anagold habló con DW, y dijo que lo que pasó en la mina fue consecuencia de la falta de control del Estado. Además, mencionó que no fue un derrumbe. «No existe tal cosa. No es el suelo; es la degradación. En otras palabras, el mineral está contaminado de cianuro. Como mínimo, dos millones de metros cúbicos de este suelo tóxico fueron esparcidos acá y allá; la mitad se está en una zona que no se puede controlar. En la actualidad, hay 99% de posibilidades de que se mezcle con agua subterránea por las precipitaciones», explicó el trabajador.

El método tradicional usado por las compañías mineras de oro es la lixiviación en pilas. Este proceso disuelve el oro y lo extrae de su mineral con ayuda del cianuro, sustancia química mortal que puede dañar la flora y la fauna de los alrededores en casos de derrame.

Turquía está dispuesta a expandir el sector minero, y elaboró una política que invita a los inversionistas extranjeros y les ofrece condiciones especiales para elaborar lo que considera una prioridad económica estratégica. En 2000, la Dirección General de Investigación y Exploración de Minerales (MTA, por su nombre en inglés) y el Ministerio de Energía comenzaron a trazar mapas de los depósitos mineros. En 2004, el Gobierno modificó las Ley de Minería para conceder permisos de investigación, reducir impuestos y permitir el funcionamiento en las zonas que estaban protegidas. Ya en 2010, los permisos de investigación pasaron a ser de funcionamiento.

De acuerdo con el sitio web de Anagold, la compañía afirma con orgullo que la mina es de «categoría mundial», que funciona de forma «segura» y que «cumple con la normativa turca e internacional»:

The safe operation of the mine and facilities is closely monitored by the government and Anagold officers. The operations of Anagold and its contractors have always been in compliance with regulations and continues to be a Turkish business delivering at the highest standard.

El buen funcionamiento y las instalaciones de la mina están controlados por el Gobierno y los directivos de Anagold.  Las operaciones de la empresa y sus contratistas siempre han cumplido con la normativa y continúa siendo una empresa turca que presta servicios al más alto nivel.

Aparte del derrame de la tubería en 2022, la mina había estado cerrada dos años antes a causa de una fuga de cianuro en el río Éufrates. En ese entonces, también, volvió a la normalidad al poco tiempo tras pagar una multa y cumplir con la operación de limpieza.

Ninguno de los accidentes anteriores impidió que el Gobierno cerrara la mina por completo. En un país con un historial deficiente de seguridad minera, ¿la tercera será la vencida?

Los culpables

El 18 de febrero de 2024, detuvierom a Cengiz Demirci, director y vicepresidente principal de negocios en la mina SSR. Al día siguiente, quedó en libertad. En la segunda mitad de febrero, detuvieron a ocho empleados de la mina Copler por una investigación en curso; seis quedaron arrestados de manera formal.

Por otro lado, las autoridades detuvieron al activista ambiental Sedat Cezayirlioğlu, que había estado expresándose contra la mina en línea. «¿Qué esperabas? ¿Que detuvieran a los verdaderos culpables de este accidente, a los ministerios que aprueban y entregan los informes de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), o a los funcionarios involucrados en presuntos casos de corrupción en la empresa minera?», preguntó la veterana periodista, Özlem Gürses, en su canal de YouTube.

En una entrevista con DW Turquía, el ingeniero Cemalettin Küçük dijo que había asuntos más importantes de los que preocuparse. Fue uno de los especialistas cuyas conclusiones constan en el informe de 2022, que advertían sobre los posibles desprendimientos y los suelos contaminados al momento en que la empresa solicitó el permiso para ampliar su capacidad. Esas conclusiones fueron ignoradas. Küçük explicó que los investigadores deberían interrogar a la Dirección Provincial de Ambiente, al Ministerio de Ambiente y al ministro, Murat Kurum.

Kurum ejerció como Ministro de Ambiente y Urbanismo entre 2018 y 2023. Actualmente, es el candidato del gobernante Partido Justicia y Desarollo (AKP, por su nombre en turco) en las elecciones locales y se presenta como candidato a la alcaldía de Estambul.

Se le ha criticado por aprobar los informes de Evaluación de Impacto Ambiental durante su mandato como ministro a pesar de las advertencias del especialista. Kurum desmintió las críticas y dijo que la responsabilidad del ministerio es evaluar el impacto ambiental, no la ampliación de la empresa, que está bajo jurisdicción.

Ningún otro funcionario estatal ha renunciado.

El peor desastre minero del país ocurrió en 2014, y acabó con la vida de más de 300 mineros. La catástrofe y las protestas a nivel nacional e internacional impulsaron al AKP a confirmar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad en las minas de 1995. De todas formas, los documentos y cambios legales carecen de sentido cuando no se ponen en marcha ni se controlan; lo ocurrido en İliç así lo prueba. El Centro para la Justicia Espacial, organización local no gubernamental, no lo describió como un «deslave», sino como el resultado de que todos los involucrados, desde la toma de decisiones hasta las compañías mineras y las instituciones públicas, actuaron contra las pruebas científicas.