Página de Facebook de la Asociación de Periodistas de Hong Kong. Foto: Kelly Ho/HKFP.

Este informe es de Hillary Leung y se publicó originalmente en Hong Kong Free Press (HKFP) el 26 de febrero de 2024. A continuación, publicamos una versión editada como parte de un acuerdo de asociación de contenidos con HKFP.

La Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA, por su nombre en inglés) ha expresado su preocupación por que la nueva ley de seguridad nacional pueda tener «consecuencias de largo alcance» en la ciudad para la prensa, al tiempo que insta al Gobierno a dar protección a los reporteros.

En una propuesta publicada el 24 de febrero, HKJA pide a las autoridades que definan con mayor claridad las disposiciones relativas a los delitos, como injerencia externa y robo de secretos de Estado.

La definición de «secreto de Estado» es demasiado amplia, afirma el grupo. Los periodistas reciben de vez en cuando filtraciones de fuentes gubernamentales, por ejemplo, en relación con cambios de personal y anuncios políticos, y a la prensa le resulta difícil determinar si las fuentes revelan esta información con autoridad legítima.

En cuanto al delito de injerencia externa, HKJA dijo que le preocupaba que la definición de «fuerzas extranjeras» fuera también demasiado imprecisa. El grupo planteó dudas sobre si asistir a actos financiados por cámaras empresariales extranjeras o por organizaciones con vínculos en el extranjero que pudieran constituir «colaboración con una fuerza externa».

Se espera que Hong Kong apruebe en 2024 una nueva ley de seguridad nacional en virtud del artículo 23 de la Ley Básica, que establece que Hong Kong debe promulgar sus propias leyes para penalizar los actos que pongan en peligro la seguridad nacional. La ley autóctona se conocía antes como artículo 23, y es independiente de la legislación de seguridad nacional impuesta por Pekín, que se promulgó en 2020 tras protestas y disturbios en 2019.

La presentación de HKJA, hecha a la Oficina de Seguridad, se produjo cuando la consulta pública de un mes de duración para la ley de seguridad se acerca a su fin. Las autoridades publicaron un documento de 110 páginas sobre la legislación a finales de enero e invitaron a residentes y grupos a dar sus opiniones. El director ejecutivo, John Lee, ha afirmado que la mayoría de la gente apoya la ley.

Según el documento, la legislación autóctona está pensada para abarcar cinco tipos de delitos: traición, insurrección, robo de secretos de Estado y espionaje, sabotaje que ponga en peligro la seguridad nacional, e injerencia externa.

En su presentación, HKJA afirma que la prensa pretende servir al interés público y exigir responsabilidades a las autoridades, y que esto no constituye una amenaza para la seguridad nacional. De los 105 periodistas que participaron en la encuesta, el 90% creía que tendría un significativo impacto negativo en la libertad de prensa. La presentación del grupo (en chino) decía:

[HKJA] thinks that when enacting the law, the government should avoid [situations where] journalists find themselves caught up in legal trouble due to their regular news gathering, reporting or commentary work.

[HKJA] cree que, al promulgar la ley, el Gobierno debe evitar [situaciones en las que] los periodistas se vean involucrados en problemas legales por su trabajo habitual de recopilación de noticias, reportes o comentarios.

La Federación de Periodistas de Hong Kong, grupo partidario del sistema, afirmó en respuesta a la presentación de HKJA que el grupo no representaba a la industria periodística:

The HKJA… seriously twisted the facts and attempted to cause confusion and create panic. They completely fail to represent the views of Hong Kong's media industry.

HKJA… tergiversó gravemente los hechos e intentó crear confusión y pánico. No representan en absoluto las opiniones del sector de los medios de Hong Kong.

HKJA es el mayor y más antiguo grupo de prensa de la ciudad, fundado en 1968.

La presentación de HKJA es una poco habitual expresión local de preocupación por el impacto potencial del artículo 23. Aunque grupos de activistas extranjeros, encabezados por la organización Hong Kong Watch, con sede en Reino Unido, han emitido una declaración conjunta de condena a la ley de seguridad, la oposición en la ciudad ha sido silenciada.

En 2003, la última vez que Hong Kong intentó legislar el artículo 23, cerca de medio millón de manifestantes protestaron contra la ley. Con la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín, en virtud de la cual se han desmantelado decenas de grupos de la sociedad civil y se ha detenido a activistas, las protestas masivas han quedado efectivamente prohibidas.

En su presentación, HKJA también recomendó que, en virtud de la ley de seguridad nacional, debería ser necesario demostrar que se ha producido un «daño material» a la seguridad nacional. El grupo escribió:

The association believes that many offenses are currently defined too broadly, which may result in many cases being prosecuted where there is no real risk or very little risk to national security… causing the severity of charges to far exceed the actual harm of the offenses.

La asociación cree que muchos delitos se definen actualmente con demasiada amplitud, lo que puede dar lugar a que se procesen muchos casos en los que no hay riesgo real o hay muy poco riesgo para la seguridad nacional… lo que provoca que la gravedad de los cargos supere con creces el daño real de los delitos.

HKJA añadió que los tribunales también deberían tener que probar que un acusado tenía la intención de poner en peligro la seguridad nacional para ser condenado:

If the prosecution is not able to prove that the journalist had the intention to endanger national security, he or she should not be charged. This can help to protect press freedom.

Si la fiscalía no puede probar que el periodista tenía la intención de poner en peligro la seguridad nacional, no debe acusarlo. Esto puede contribuir a proteger la libertad de prensa.

El periodo de consulta pública finalizó el 28 de febrero.

El director ejecutivo, John Lee, declaró el 21 de febrero que la «mayoría» de las personas que habían expresado sus opiniones sobre la inminente ley de seguridad habían dado una respuesta positiva. Dijo en cantonés:

The general opinion gives me the impression that [the public] are in support of the overall goal of enacting Article 23 to ensure that we protect ourselves when people want to cause damage to us.

La opinión general me da la impresión de que [el público] apoya el objetivo general de promulgar el artículo 23 para garantizar que nos protejamos cuando la gente quiera causarnos daño.

Hong Kong ha caído en picada en los índices internacionales de libertad de prensa desde la entrada en vigor de la ley de seguridad. Los organismos de control mencionan la detención de periodistas, redadas en salas de redacción y el cierre de una decena de medios, como Apple Daily, Stand News y Citizen News. Más de mil periodistas han perdido su empleo, mientras que muchos han emigrado al extranjero. Por su parte, la emisora de la ciudad, RTHK, financiada por el Gobierno, ha adoptado nuevas directrices editoriales, ha depurado sus archivos y ha reducido programas informativos y satíricos.

En 2022, Lee dijo que la libertad de prensa estaba «en el bolsillo» de los hongkoneses, pero que «nadie está por encima de la ley». También ha dicho repetidamente a la prensa que «cuente una buena historia de Hong Kong«.