Vendedores de tomates en el mercado principal de Accra, Ghana. Imagen de Runjiv en Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 DEED).

Recientemente, Ghana ha estado lidiando con profundas dificultades macroeconómicas, que incluyen depreciación de la moneda, aumento de la inflación y disminución de la confianza de los inversionistas. Esto ha dado lugar a un panorama económico sombrío y a unas previsiones de crecimiento lento, como ha destacado el Banco Mundial.

En noviembre de 2023, para frenar la depreciación del cedi ghanés y fomentar la industrialización, que a su vez impulsará la economía, el gobierno de Ghana quiso aprobar un proyecto de ley de Regulaciones de Exportación e Importación que impondría restricciones a 22 bienes estratégicos. La lista de productos incluye productos alimenticios esenciales que se consumen en la mayoría de los hogares ghaneses. Los cuales pueden ser; arroz, despojos, aves, aceite de cocina, jugos de frutas, pasta, pescado, azúcar y tomates enlatados. Sin embargo, según informó The Conversation, el proyecto de ley fue rechazado por organizaciones de la sociedad civil, asociaciones comerciales y la minoría en el Parlamento por varias razones.

Los opositores a la propuesta argumentaron que la política tendría graves repercusiones económicas y de seguridad alimentaria para Ghana, porque los productores nacionales podrían tener dificultades para satisfacer la demanda local de los artículos específicos que el Gobierno pretende restringir. Por otra parte, como se argumenta en el artículo de The Conversation, las limitaciones a las importaciones de alimentos de consumo común podrían conducir a la escasez y, por lo tanto, un aumento de los precios de los alimentos reduciría aún más la seguridad alimentaria. También existe la posibilidad de perder ingresos, como señalan los críticos, en particular de los derechos de aduana y de importación, y Ghana puede enfrentar represalias de otros países si las restricciones perjudican sus intereses.

Como resultado de las objeciones, el Gobierno suspendió el proyecto de ley.

Si se reflexiona sobre las experiencias históricas de Ghana, el fracaso de la Operación Aliméntate en 1977 sirve como advertencia.

En febrero de 1972, al mando de Ignatius Kutu Acheampong, el gobierno de Ghana inició la política de la Operación Aliméntate. Programa agrícola diseñado para impulsar la producción nacional de cultivos alimentarios. El programa dividió Ghana en nueve zonas, a cada una se le asignó la producción de los cultivos más adecuados para esa zona específica. Por ejemplo, la Región Oriental se centró en el cultivo de yuca, maíz, plátano, caña de azúcar, té, aguacate, cítricos y ñame, mientras que, la Región Central, se concentró en maíz, ñame, yuca, plátanos, arroz, piña y caña de azúcar.

Para promover este programa, el gobierno tuvo varias iniciativas de divulgación, con programas de radio y televisión, y propaganda para promover la agricultura. Además, aprovechó sus conexiones con instituciones como las universidades, el Ejército y las prisiones para fomentar el establecimiento de unidades de producción agrícola dentro de cada una.

El gobierno de Acheampong estableció un sistema para recolectar, transportar, almacenar y comercializar cosechas dentro del país. Este sistema tenía como objetivo asegurar un mercado para los cultivos propio de las zonas rurales y facilitar su transporte a los centros urbanos. Entidades como la Junta de Comercialización de la Carne, la Corporación Estatal de Pesca y la Corporación de Distribución de Alimentos participaban en la adquisición de cosechas de los agricultores y las ofrecían a precios reducidos a los habitantes urbanos.

Para estimular una mayor producción agrícola, el Gobierno concedió subsidios para semillas, fertilizantes e implementos agrícolas como azadas y machetes. Es importante destacar que se eliminaron los impuestos a la importación de maquinaria agrícola. Entre los incentivos específicos figuraban exoneraciones fiscales sobre los ingresos procedentes del cacao y, en términos más generales, para las explotaciones agrícolas durante sus cinco primeros años de funcionamiento. La Operación Aliméntate implicó la colaboración con instituciones como el Banco Nacional de Inversiones y el Banco Africano de Desarrollo, que dieron créditos y préstamos a varios ghaneses.

A pesar de los importantes esfuerzos del gobierno para que el programa fuera un éxito, la Operación Aliméntate fue considerada un fracaso por varios factores, como la creciente insatisfacción pública, la disminución de la superficie plantada prevista, los persistentes altos precios de los productos alimenticios nacionales y el aumento del déficit presupuestario de Ghana de 190 millones de cedis (14.8 millones de dólares) en 1972 a 807 millones de cedis (63.1 millones de dólares) en 1977. El entusiasmo inicial entre los habitantes de ciudades por participar en actividades agrícolas también disminuyó, probablemente por las dificultades percibidas en la infraestructura rural, como la falta de agua potable, electricidad y carreteras en buen estado En consecuencia, en 1977 fue necesaria la intervención de la Ayuda Alimentaria Internacional para enfrentar la escasez de alimentos en Ghana.

En 2017, para abordar los problemas de seguridad alimentaria y los niveles nacionales de empleo, el Gobierno de Ghana implementó una nueva iniciativa llamada Cultivar para Alimentos y Empleos (PFJ), inspirada en la Operación Aliméntate. El programa propone soluciones como subsidios gubernamentales para semillas y fertilizantes de alta calidad, iniciativas educativas sobre prácticas agrícolas efectivas, y mejora de las conexiones entre los agricultores y los compradores potenciales en los sectores público y privado. Sin embargo, este programa también ha sido considerado un fracaso ya que la inflación de los alimentos aumentó a más del 50% en 2023, y la infraestructura básica sigue siendo un problema.

Parece que los legisladores de Ghana no han tenido plenamente en cuenta las lecciones aprendidas de los fracasos del pasado, como se ha visto en el reciente intento del Gobierno de implementar otra nueva política sin abordar adecuadamente los desafíos inherentes, asociados con la infraestructura fundamental.