Imagen de Arzu Geybullayeva

El 8 de marzo de 2024, Bakú, la capital de Azerbaiyán, recibió a los invitados a la conferencia internacional «Aceptar la diversidad: La lucha contra la islamofobia en 2024″. El evento fue organizado por el Centro de Análisis de Relaciones Internacionales y el Centro Internacional de Multiculturalismo de Bakú, en colaboración con el Foro de Diálogo Interreligioso del G20 y el Grupo de Iniciativas de Bakú.

La actividad ocurrió apenas días antes del 15 de marzo, el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia, como lo designó Naciones Unidas en 2022. A pesar de no haber ido en persona, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, se dirigió a los invitados de la conferencia en una carta que leyó Hikmet Hajiyev, asistente del presidente de Azerbaiyán y director del Departamento de Asuntos de Política Internacional de la Administración Presidencial.

En su discurso, criticó a los países occidentales, donde afirma que ven al islam como una potencial amenaza, que los creyentes enfrentan presiones y restringen sus derechos y libertades, que odian extensamente a los musulmanes es extenso, y hostigarlos es común. Un detalle fundamental que no se mencionó en el discurso es la constante represión de su gobierno contra la religión.

Tan solo en febrero, muchísimos creyentes religiosos se reunieron en todo el país. De acuerdo con defensores de los derechos, alrededor de 500 han sido arrestados en el último año y medio.

«El islam incorrecto»

En enero de 2024, Estados Unidos incluyó a Azerbaiyán a los países de la Lista de Observación Especial «por participar o autorizar graves violaciones de libertad religiosa». La decisión se basó en una recomendación por parte del informe anual 2023 de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por su nombre en inglés).

Y si bien el Gobierno de Bakú respondió con críticas al informe, la realidad del asunto nos muestra otra cosa. Además de los actuales arrestos, un conjunto de políticas y regulaciones a lo largo de los últimos diez años han resultado en el recorte de libertades religiosas a través de la ley sobre la libertad de creencias religiosas del país (ley de religión), que incluye prohibir las oraciones públicas fuera de las mezquitas y clausurar los lugares de culto, por nombrar algunas.

En febrero de 2023, el Estado también utilizó los conflictos con el vecino Irán para arrestar a muchas personas, y las acusó de manejar una red de espionaje iraní. En ese momento, algunos activistas políticos insinuaron que esos arrestos y detenciones masivos de creyentes no estaban necesariamente vinculados con lo que el Estado había descrito como un «escuadrón de resistencia dirigido a establecer un estado de Sharia en Azerbaiyán», sino un intento de amenaza y enviar un mensaje a Irán.

La mayoría de estos creyentes fueron arrestados bajo falsas acusaciones de usar drogas, a lo que un miembro de la familia de los arrestados dijo: «Primero que nada, si tantos ciudadanos de un Estado son espías de otro, según dicen, entonces es una vergüenza para ese Estado. Luego, ¿cómo es posible que tantos creyentes religiosos se convirtieran en drogadictos y narcotraficantes? ¡¡No puede ser más ridículo que esto!!». A pesar de que el Estado afirmó que el grupo dirigía una red de espionaje, a ninguno se le imputó por esto, sino por las acusaciones de drogas.

Los cargos por posesión de droga son comunes y a menudo imputan no solo a creyentes religiosos, sino también a críticos del Gobierno.

En su discurso hacia los participantes del evento, el presidente Aliyev criticó a Francia, donde el Estado «persigue una política de presión abierta y discriminación, y prepara numerosas campañas islamofóbicas». Pero, no se mencionaron las propias políticas de presión abierta y discriminación de Azerbaiyán, solo que el país «condena fuertemente estas tendencias que apuntan a perjudicar cada vez más nuestra religión».

Y sin embargo, la dirigencia del país ha visto durante mucho tiempo la religión y los grupos religiosos con precaución.

Estos conflictos culminó en 2015 cuando, luego de una operación de seguridad especial en Nardarán, aldea chiíta conservadora en las afueras de la capital, la Policía arrestó a 15 hombres. Las autoridades afirmaron que «evitaron una rebelión religiosa de los creyentes fanáticos chiítas, cuyo objetivo era instalar un Estado de Sharía en el Azerbaiyán moderna y profana». En las semanas siguientes, debido a que los furiosos habitantes llevaron su indignación a la plaza pública, el enfrentamiento con las autoridades continuó. Como resultado, la Policía arrestó al menos a 70 personas y algunas estimaciones dictaban un total de más de 80. Finalmente, liberaron a la mayoría excepto por Taleh Bagirzade, presidente del Movimiento de Unidad Musulmana, y a otros 14.

Dos años después, Bagirzade fue condenado a 20 años de cárcel. Su adjunto, Abbas Huseynov, recibió la misma sentencia. Ambos fueron declarados culpables de «llamar públicamente a derrocar al Gobierno y de incitar al odio étnico, religioso y social», informó Radio Liberty en ese momento. Las condenas continuaron en los siguientes meses y algunos recibieron entre 12 y 15 años de prisión. Sin embargo, la persecución de los activistas religiosos no se detuvo allí. A lo largo de los años siguientes, las autoridades continuaron con los arrestos a miembros del Movimiento de Unidad Musulmana.

En un artículo para Eurasianet, Rovshan Mammadli, analista independiente que vive en Bakú, escribió:

The ruling elite has leveraged the bogeyman of Islamic extremism to cast itself as the guardian of a secular and stable Azerbaijani state to rationalize the adoption of more autocratic policies both domestically and internationally. The government's response [to the attack on the Azerbaijani embassy in Tehran] has mirrored the U.S.'s “Global War on Terror” post-9/11 rhetoric, employing it as a political tool to cast perceived threats as justifications for authoritarian practices, with little independent oversight to verify these charges. Essentially, “not a threat for what it is, but a threat for what it represents.

La élite gobernante ha aprovechado la amenaza del extremismo islámico para presentarse como el guardián de un Estado azerbaiyano laico y firme, con el fin de justificar implementar más políticas autocráticas, tanto nacional como internacionalmente. La respuesta del Gobierno [al ataque a la embajada azerbaiyana en Teherán] ha reflejado la retórica de la «Guerra Global contra el Terrorismo» de Estados Unidos después del 11 de septiembre, que utilizan como herramienta política para convertir las amenazas recibidas en justificaciones de prácticas autoritarias, con poca supervisión independiente para verificar estas acusaciones. Básicamente, «no es una amenaza por lo que es, sino por lo que representa».

La misma lógica se aplica prácticamente para todos los demás casos en los que el Gobierno se puso más estricto sobre los grupos cívicos y los activistas. Em 2023, el Estado acusó a Estados Unidos y a Francia de manejar una red de espionaje en Azerbaiyán sin ninguna evidencia. Por lo tanto, no fue sorpresa que el presidente Aliyev se centrara en Francia de entre todos los países en su discurso en la inauguración de la conferencia el 8 de marzo. Ambos han estado en desacuerdo desde hace tiempo.

En sus observaciones finales, el discurso del presidente Aliyev dice: «Estoy seguro de que esta conferencia aportará un esfuerzo en conjunto al combatir la islamofobia y generar nuevas iniciativas encaminadas a promover la cultura de la tolerancia y armonía basándose en el respeto por la diversidad religiosa y de fe». Queda por ver si la tolerancia y la armonía pueden llegar a las fronteras de Azerbaiyán.