El 19 de marzo de 2024, legisladores de Hong Kong votaron una propuesta de ley de seguridad nacional exigida por el artículo 23 de la Ley Fundamental. Imagen de Kyle Lam/HKFP. Usada con autorización.

La versión original de este informe es de Mercedes Hutton y se publicó en Hong Kong Free Press (HKFP) el 19 de marzo de 2024. A continuación, publicamos una versión editada como parte de un acuerdo de asociación de contenidos con HKFP.

El consejo legislativo de Hong Kong, sin oposición alguna, ha aprobado unánimemente un nuevo proyecto de ley de seguridad nacional que condena la traición, la insurrección y el sabotaje con sentencias que van hasta cadena perpetua y de paso ignora la crítica que hace Occidente de que esta ley restringiría aún más las libertades de la ciudad.

El 19 de marzo de 2024, legisladores se reunieron en la cámara del Consejo Legislativo para votar el proyecto ley de salvaguardia de seguridad nacional, denominado artículo 23, a pocos días de presentarse el borrador al Legislativo. Los 89 legisladores votaron a favor de aprobar el proyecto.

Andrew Leung, presidente de Consejo Legislativo, en un gesto insólito, emitió también un voto a favor del proyecto de ley para señalar lo que describe como “de suma importancia” de esa ley.

Tras la aprobación del proyecto de ley, John Lee, jefe ejecutivo de Hong Kong, ingresó a la cámara del Consejo Legislativo para dirigirse a los legisladores y declaró en cantonés:

Today is a historical moment in Hong Kong, a historical moment we have waited 26 years, eight months and 19 days for… Today, Hong Kong finally completed its constitutional duty of legislating Article 23 of the Basic Law. We live up to the expectations of the central government and our country.

Hoy es un día histórico para Hong Kong, un momento por el que hemos esperado por 26 años, ocho meses y 19 días… Hoy Hong Kong ha completado finalmente su deber constitucional de legislar el artículo 23 de la Ley Fundamental. Estamos a la altura de las expectativas del Gobierno central y de nuestro país.

Lee agregó que la ley entraría en vigor el 23 de marzo.

La ciudad dedicó 30 días a la revisión pública del proyecto de ley durante el Año Nuevo Lunar y los legisladores pasaron 12 días debatiendo en el Consejo Legislativo.

Desde la primera reunión del Consejo Legislativo el 8 de marzo, los legisladores debatieron alrededor de 50 horas las leyes propuestas.

El 19 de marzo en una segunda lectura del proyecto de ley, que empezó a las 09:00 horas y duró siete horas, los 89 legisladores expresaron su apoyo a la ley con numerosos comentarios sobre el “honor” de ser parte de este “hito histórico”.

Tras los discursos de los legisladores, el secretario de Seguridad, Chris Tang, agradeció el apoyo “altamente eficiente” y “sin reservas” de estos al proyecto de ley.

Delitos contenidos en el artículo 23

Esta ley contempla cinco tipos de delitos: traición, insurrección (incluido instigación y sedición), robo de secretos de Estado y espionaje, sabotaje e injerencia externa. Todos aquellos condenados por los primeros tres delitos enfrentan cadena perpetua, mientras que quienes son declarados culpables por sedición enfrentarán a hasta siete años (y hasta 10 por colusión con “fuerzas externas”) frente a los dos años establecidos antes.

Esta ley otorga nuevos poderes a la Policía y a los tribunales para: extender el periodo de detención preventiva (hasta 16 días) de los detenidos bajo sospecha de arriesgar la seguridad nacional y restringir el acceso a abogados de los detenidos.

La nueva ley está contemplada en el artículo 23 de la mini Constitución de la ciudad. Las autoridades la han declarado como necesaria para tapar las “fugas” que quedaron luego de que Pekín impuso su propia legislación de seguridad nacional a la ciudad en junio de 2020, tras las protestas y disturbios masivos en 2019.

En junio de ese mismo año, estallaron manifestaciones por la propuesta de enmienda a la ley de extradición de Hong Kong que permitiría a los sospechosos ser extraditados a China continental. Las manifestaciones llegaron a expresiones ocasionalmente violentas de disidencia en protesta del actuar policial, en medio de llamados a la democracia y a la ira por la invasión de Pekín.

El Gobierno citó esas manifestaciones como justificación para explicar por qué se necesitaba más legislación en materia de seguridad cuando declaró en un documento de consulta: “Las deficiencias simples en la labor de salvaguardar la seguridad nacional resultaron en el caos social… y ocasionaron la versión hongkonesa de la ‘revolución de colores’ en 2019”.

La oposición pública a la legislación en Hong Kong fue silenciada con un 97% de apoyo en las solicitudes recibidas durante un mes de periodo de consulta. No obstante, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos y Gobiernos extranjeros expresaron su preocupación de que se transgredan aún más las libertades civiles que ya ha visto detenidas a numerosas figuras prodemocracia y que se ha reducido la sociedad civil desde la promulgación de la ley de Pekín.

El Gobierno aseguró que la nueva ley es comparable con las legislaciones de seguridad de países occidentales como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el Colegio de Abogados de Hong Kong hizo un llamado a esclarecer la disposición de la legislación y declaró que la incertidumbre sobre su aplicación podría tener un “efecto amedrentador en el derecho fundamental de comportamiento”. La mayor agrupación de prensa de la ciudad, la Asociación de Periodistas de Hong Kong, advirtió que la definición de secretos de Estado en la propuesta de ley era muy ambigua y podría impedir la información legítima.

En 2003, cuando el Gobierno intentó presentar por primera vez la ley en virtud del artículo 23, más de medio millón de hongkoneses tomaron las calles en una protesta pacífica, lo que truncó asegurar el apoyo mayoritario en el Consejo Legislativo.