La lenta pero firme erosión de la sociedad civil de India
Fotografía de Abhisek Sarda, extraída de Flickr (CC BY 2.0).
A pesar de las diversas facetas ideológicas, ricas y dinámicas del panorama político de India y de sus grupos de la sociedad civil, hay una tendencia preocupante de que el Estado indio reprima las opiniones disidentes, especialmente los grupos de la sociedad civil, con una resistencia mínima.
La sociedad civil en India: antes y después
Neera Chandhoke, teórico-político indio y profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Delhi, ofrece un análisis histórico convincente de la sociedad civil de India, que revela un rico tapiz tejido con hilos de resistencia y pluralismo. La sociedad civil en India siempre ha sido una constelación dinámica de diversos grupos e ideologías que surgió en oposición al colonialismo y a las ideologías restrictivas del Estado en aquel momento.
Desde el siglo XIX en adelante, los movimientos de reforma social y religiosa, como el Brahmo Samaj y el Arya Samaj, tuvieron un papel crucial al definir las normas sociales. Al principio del siglo XX surgieron organizaciones gandhianas como Harijan Sevak Sangh en 1932, dedicadas a eliminar la intocabilidad. Esta causa fue fundamental en la vida de Mahatma Gandhi, e incluía abolir la segregación de espacios públicos como pozos, escuelas y templos para garantizar una accesibilidad igualitaria para todos.
La industrialización promovió el crecimiento de organizaciones de autoayuda en torno a sindicatos en ciudades como Bombay (actual Mumbai) y Ahmedabad, mientras que movimientos contra las castas como el movimiento de autorrespeto en Tamil Nadu se enfrentó a la rígida jerarquía social de India y presionó para lograr una sociedad más igualitaria.
Otros grupos de la sociedad civil incluyeron asociaciones, como la Presidencia de Bombay, que hizo una petición al gobierno colonial para incrementar las oportunidades de acceso a la educación y al empleo para la clase media, grupos afiliados para mujeres y los jóvenes establecidos por el Congreso Nacional Indio durante la era de independencia, y organizaciones sociales y culturales como Hindu Mahasabha y la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) que surgieron con un objetivo distinto: establecer una nación hindú. La presencia de la RSS, y otros grupos nacionalistas hindúes en particular, presenta el espectro ideológico variado que existe dentro de la sociedad civil de India.
Marcha de la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) en Bhopal. Fotografía de Wikipedia de Suyash Dwivedi. CC BY-SA 4.0.
Hoy, con el Partido Bharatiya Janata (Partido Popular Indio, BJP) —gobierno nacionalista hindú— al frente, la relación entre la sociedad civil y el Estado se está transformando de manera preocupante. Mientras que grupos asociados al BJP, como la RSS, han ganado más relevancia, parece que el espacio para quienes se oponen a la ideología del BJP se reduce.
Esto plantea preguntas críticas sobre el futuro del pluralismo y el desacuerdo dentro de la sociedad civil india.
El ataque contra la disconformidad de la sociedad civil
En septiembre de 2022, el Departamento de Impuesto sobre la Renta de India, encargado de la recaudación de impuestos, hizo «encuestas» en diversos lugares como Oxfam India, Independent and Public-Spirited Media Foundation (IPSMF) y el Centro de Investigación Política. Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional del sur de Asia, sostuvo que las agencias financieras e investigadoras del Gobierno se estaban convirtiendo en armas para amenazar, intimidar, silenciar y criminalizar las voces críticas del país para instaurar miedo entre los miembros y los fundadores de estas organizaciones para así paralizar, además de silenciar, la sociedad civil en general.
El Foro Legal de Protección de Derechos publicó en X (Twitter):
Frequent visits by foreign representatives of Caritas India’s global partners such as Caritas Australia to India raises needle of suspicion that the real purpose of their visits is to fulfil the twin objectives: LRPF writes to the Union Home Ministry https://t.co/kHHPJdzkYZ
— Legal Rights Protection Forum (@lawinforce) March 29, 2024
Una ONG acusa a dos organizaciones de conversiones religiosas y escribe al Ministerio del Interior para que cancele su registro en el registro tributario.
El Foro Legal de Protección de Derechos, ONG creada en 2016, ha estado haciendo campaña contra varias ONG en gran medida por las conversiones religiosas.
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Las frecuentes visitas a India de representantes extranjeros de socios mundiales de Caritas India, como Caritas Australia, plantean la sospecha de que el propósito real de las visitas es cumplir el doble objetivo: el Foro Legal de Protección de Derechos escribe al Ministerio de Interior de la Unión.
Dos años más tarde, el 29 de marzo, oficiales de la Agencia Central de Investigación hicieron una redada en la casa del exburócrata Harsh Mander y en la oficina de un grupo de expertos, el Centro para Estudios de Equidad en Nueva Delhi, vinculado con Mander. Las redadas confirmaron irregularidades financieras de acuerdo con la ley de regulación de contribuciones exteriores, afirmaciones que la organización rebatió. En particular, Mander ha criticado duramente la agenda del gobierno nacionalista hindú de Modi desde que el BJP ascendió al poder en 2014.
Días antes de las redadas en el Centro para Estudios de Equidad, la Dirección de Ejecución, agencia de seguridad responsable de luchar contra delitos económicos, arrestó al político opositor Hemant Soren después de su dimisión como ministro del estado de Jharkhand, al este de India. Su encarcelamiento causó grave revuelo. Los líderes opositores criticaron el despliegue selectivo de la Dirección de Ejecución, del Agencia Central de Investigación y del Departamento de Tecnologías de la Información, con el argumento de que estas agencias gubernamentales, supuestamente imparciales, se estaban convirtiendo en un arma para «destruir la democracia», debilitar el federalismo y encarcelar a la oposición. Es importante destacar que el mismo funcionario de la Dirección de Ejecución que supervisó la detención de Soren fue quien supervisó la reciente detención de Arvind Kejriwal, otro opositor y actual ministro principal de Delhi. La detención de Kejriwal lo convierte en el primer jefe de Gobierno en funciones que ha sido detenido.
Alishan Jafri, cineasta y periodista de Delhi, publicó en X (Twitter):
“This government is turning into an authoritarian regime.”
Watch: What Delhi People Think About Arvind Kejriwal's Arrest?https://t.co/pnVkbrayoN pic.twitter.com/3NXJDOQzQ8— Alishan Jafri (@alishan_jafri) March 26, 2024
Este gobierno se está convirtiendo en un régimen autoritario.
Ver: ¿Qué piensa la gente de Delhi de la detención de Arvind Kejriwal?
Un largo arco de represión
La tendencia del Estado indio de reprimir las voces de la oposición, particularmente los grupos de la sociedad civil, no es nada nuevo ni único de India.
El 21 de septiembre de 2020, la Lok Sabha, la cámara baja del Parlamento indio, aprobó el proyecto de ley de informe justo de crédito (FCRA) de 2020, que redefinió los términos en que las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden aceptar, transferir, utilizar donaciones y contribuciones extranjeras. Cabe señalar que la ley de informe justo se originó como una legislación de emergencia en 1976 para controlar la influencia extranjera en India. La legislación de 1976 se derogó en 2010 para crear una ley más estricta que se modificó una vez más en 2020 para estrechar aún más el cerco de las organizaciones de sociedad civil. Estas enmiendas incluyen disposiciones que prohíben la transferencia de fondos extranjeros entre organizaciones, reducen al 20% (de un 50% anterior) el límite en los fondos de la v por razones administrativas y obligan a todos los titulares de cargo, directores o funcionarios claves de las ONG que den detalles de su Aadhaar, tarjeta de identificación india; lo que incrementa las trabas administrativas.
Suparna Chaudhry, experta en asuntos internacionales, explica que alrededor de 130 países del mundo han reprimido las ONG en los últimos 30 años, lo que sugiere que son una amenaza potencial. Aunque normalmente se usa mano dura para amenazas inmediatas en el país, como las protestas, la violencia juega la misma carta, lo que incrementa el índice de criminalidad del Estado, reduce su legitimidad y viola los acuerdos de los derechos humanos. Por tanto, es más probable que los Estados tomen duras medidas para abordar amenazas a largo plazo, como la influencia de las ONG en las elecciones o las dificultades que suponen para los intereses económicos del Estado.
En el contexto indio, esto explica que se usen agencias gubernamentales para reprimir a grupos de la sociedad civil e investigar de manera selectiva a líderes opositores. Con muy poca frecuencia, quienes están en el poder aplican el mismo nivel de escrutinio para deshacerse de la corrupción dentro de sus grupos. Por consiguiente, estas redadas e investigaciones se convierten en herramientas para consolidar el poder bajo la apariencia de medidas contra la corrupción y contener la «influencia extranjera».
2024: año decisivo
A medida que India se acerca a las elecciones de 2024, los grupos de la sociedad civil y las ONG tendrán un papel cada vez más vital en hacer que al partido en el poder se responsabilice de sus acciones y decisiones. Brindan plataformas para el discurso público sobre posiciones ideológicamente distintas, con lo que facilitan un diálogo y un debate constructivo.
De acuerdo con un reciente informe de The Economist, la administración de Narenda Modi ha cerrado o ha disminuido sistemáticamente miles de organizaciones benéficas desde que llegó al poder en 2014, e instaurado un ambiente de terror en el sector. Es difícil determinar el número de organizaciones afectadas por varios medios legales usadas en su contra. Sin embargo, el efecto paralizador es innegable, pues esos casos dan lugar a condenas con muy poca frecuencia. El proceso legal en sí mismo se ha vuelto una forma de opresión, pues inmoviliza los recursos limitados y paraliza operaciones.
Los inspectores de empresa, que en su mayoría rechazaron aparecer en el informe de The Economist, atribuyen estas acciones a la ideología hinduista del Gobierno y a su creciente intolerancia contra las opiniones disidentes. Las ONG sin creencias hinduistas, concretamente aquellas con afiliaciones cristianas o musulmanas, se encuentran entre los objetivos principales. Además, los grupos percibidos como oponentes ideológicos, incluidos los rivales políticos, enfrentan un escrutinio similar.
Yamini Aiyar, investigador de política y presidente del grupo de expertos Centro para Investigación de Políticas, escribió un artículo crítico el 23 de marzo de 2024, en el que se lamentan por el daño causado a la economía india durante el gobierno de Narendra Modi. Justin Sandefur, experto en economía del desarrollo, publicó en X sobre la dimisión de Yamini Aiyar unos días después:
A few days aga, @AiyarYamini wrote in The Economist about the shrinking space for independent civil society in India.
Today the @CPR_India board accepted her resignation as CEO.
Case in point. pic.twitter.com/NdX46S6hIW
— Justin Sandefur (@JustinSandefur) March 26, 2024
Yamini Aiyar lamenta el daño hecho a la democracia india con Narendra Modi.
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Hace unos días, Yamini Aiyar escribió en The Economist sobre la reducción del espacio de la sociedad civil en India.Hoy, el consejo de Centro para Investigación de Políticas India aceptó su dimisión como presidenta ejecutiva.
Ejemplo:
La mala clasificación de India en el Informe sobre la Democracia de 2023, donde se ubicó en el puesto número 108 por debajo de países como Tanzania, Bolivia, México, Singapur y Nigeria, destaca la urgencia de la situación. Ahora, más que nunca, hay una urgente necesidad de que los tribunales intervengan y detengan los procesos —como las redadas y las detenciones arbitrarias— que violan las garantías procesales recogidas en la ley y que son abiertamente inconstitucionales. Estas acciones plantean una amenaza grave a los principios democráticos y a las instituciones, ya que ponen en peligro la posición del país en el panorama mundial.
Irónicamente, el mismo grupo que está sitiado debe unir fuerzas si espera resistir el ataque. Los líderes de la sociedad civil deben reconocer que si se meten con uno, se meten con todos. Hay una necesidad de presión para llevar a cabo un movimiento de contramovilización común contra el BJP para evitar la erosión de la sociedad civil. De otra forma, el sector podría enfrentar nuevos desafíos si Modi se mantiene en el poder en 2014, un escenario muy probable según las encuestas actuales.
