Rinoceronte indio en el Parque Nacional de Chitwan en Nepal. Foto de Biswash Chepang, usada con autorización.

En Nepal, la promulgación de la ley sobre «Construcción de infraestructuras físicas dentro de las zonas protegidas» ha despertado gran controversia, y los interesados, en especial las organizaciones de comunidades indígenas, han expresado fuerte oposición. Esta reforma, presentada por el Departamento de Parques Nacionales y Conservación de la Vida Silvestre de Nepal (DNPWC, por su nombre en inglés) que fue publicada en el boletín nacional de Nepal el 4 de enero, ha generado fuertes críticas por la posibilidad de desplazar a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. La política da prioridad al lucro por sobre la preservación ambiental y los derechos indígenas cuando permiten a las empresas iniciar proyectos de gran envergadura, como plantas hidroeléctricas y complejos turísticos dentro de los parques nacionales y las zonas protegidas.

El debate en torno a esta reforma pone en manifiesto el delicado equilibrio entre el desarrollo económico y las cuestiones ambientales, y busca un enfoque en los derechos en la preservación de Nepal.

En septiembre de 2023, más de 20 ambientalistas presentaron sus observaciones sobre la propuesta de la reforma al Ministerio de Bosques y Ambiente. La propuesta recomendaba incluir las inquietudes de las comunidades indígenas mediante un documento de posición común. Sin embargo, estas recomendaciones no se incorporaron significativamente en el documento final.

Legislación de protección de la vida silvestre, ¿para quién?

Según Ajay Karki, director general adjunto de DNPWC, la reforma concentra 12 normas del Acta de Conservación de Parques Nacionales y Vida Silvestre de 1974 en una única «ley amplia». Esta ley permite construir grandes plantas hidroeléctricas, diques, hoteles y complejos turísticos dentro de los parque nacionales y zonas protegidas.

Ya se están en proceso de construcción varios proyectos hídricos dentro de la zona del parque nacional de Langtan, en el centro-norte de Nepal, y esta reforma abrirá las compuertas a que se inicien más proyectos hidroeléctricos en zonas protegidas.

Planta hidroeléctrica Kaligandaki, distrito de Syangja en Nepal. Foto de Wikipedia de Milan GC. (CC BY-SA 3.0 DEED).

Otro impacto significativo de la nueva reforma es la reapertura de parques nacionales a actividades turísticas, que incluye construir hoteles, que a su vez plantea problemas ambientales. Desde 2009 hasta 2012, las autoridades cerraron siete hoteles en el parque nacional de Chitwan por presunta caza ilegal y asuntos ecológicas.

Nepal puede presumir de 12 parques nacionales, una reserva de vida salvaje, una reserva de caza, seis zonas de conservación y 13 zonas neutrales. Las comunidades indígenas que viven en estas zonas protegidas o en sus alrededores ya sufren numerosas amenazas, como deforestación, contaminación, cambio climático y extracción no sostenible de recursos.

Hacia un modelo basado en derechos

Aunque las comunidades indígenas alzan sus voces contra las estrategias de conservación, sus preocupaciones no suelen ser atendidas, mientras la estrategia de conservación dominante está fuertemente influenciada por el ambientalismo estadounidense.

Este enfoque, referido comúnmente como «modelo fortaleza«, ha demostrado ser inadecuado, ya que no logró reconocer todos los puntos de vista de las comunidades indígenas y aumentó la exclusión en los procesos de tomas de decisiones y la distribución equitativa de los beneficios. Globalmente, las comunidades indígenas enfrentan cada vez más dificultades, como falta de reconocimiento de sus derechos territoriales colectivos, discriminación y pobreza. El libre acceso a sus tierras y bosques ancestrales es crucial para su autodeterminación, sus sistemas de gobierno y la conservación de su estilo de vida, que incluye sus sistemas de conocimiento.

A menos que los modelos de preservación de la biodiversidad adopten prácticas sostenibles alineadas a los métodos de conservación de los pueblos indígenas, estas comunidades seguirán en alto riesgo de perder los derechos sobre sus recursos y de sufrir una injusta marginación.

Instituciones donantes y entidades de Naciones Unidas, como el relator especial sobre los derechos humanos y ambiente de Naciones Unidas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su nombre en inglés), la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI, por su nombre en inglés) y todo el Marco Mundial de Biodiversidad (GBF, por su nombre en inglés) han recalcado la necesidad de repensar y rediseñar los modelos conservacionistas para priorizar la «agenda de preservación basada en derechos». Luego de numerosos incidentes de violaciones a los derechos humanos en nombre de la conservación, la preservación a base a derechos ha llamado en gran medida la atención de las organizaciones donantes y ejecutoras.

Desde su concepción en 1992, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por su nombre en inglés) de Naciones Unidas, ha reconocido específicamente el rol de las comunidades indígenas mediante los artículos 8(j) y 10(c), que legalmente obligan a los Gobiernos a respetar, proteger y promover el conocimiento y las prácticas, además de los usos tradicionales de los recursos biológicos de los grupos indígenas. A pesar de estas políticas claras dentro de las convenciones, las poblaciones indígenas y comunidades locales han sido ampliamente excluidas de las salas de poder de Naciones Unidas Esta falta de reconocimiento se extiende a la falta de derechos de la mujer indígena en la Constitución de Nepal y la falta general de reconocimiento al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas.

Derechos de las comunidades indígenas

En Nepal, el conocimiento, creencias y prácticas tradicionales indígenas han influenciado profundamente las prácticas de uso de la tierra, el manejo de recursos sustentable y la preservación de la biodiversidad. Por ejemplo, la comunidad chepang venera a las plantas, animales, ríos y montañas como hogar de espíritus sagrados, lo que los guía a extraer recursos de forma sostenible, de acuerdo a estrictas tradiciones.

Personas cuidando el ganado que pasta en la municipalidad de Rapti-1, Foto de Biswash Chepang, usada con autorización.

Es de suma importancia repensar, redefinir y rediseñar el modelo existente de preservación en Nepal, a uno que priorice la conservación basada en derechos. Los Gobiernos deben asegurarse de que los procesos de desalojo no dejen a nadie sin hogar ni vulnerable a violaciones de los derechos humanos. Las poblaciones indígenas y las comunidades locales deben poder proteger y gestionar sosteniblemente el terreno, los territorios y los recursos naturales basados en el conocimiento ancestral y las prácticas de subsistencia.

Un ejemplo de la creación de un entorno propicio para salvaguardar los derechos legales de las comunidades indígenas en Nepal es el reconocimiento de las leyes Shagya en la municipalidad rural de Tsum Nubri. Estas prácticas indígenas tradicionales regulan actividades tales como caza, cosecha y comercio, y benefician a las comunidades que protegen el lenguaje, la tradición y la cultura, además de mantener una relación armoniosa con la naturaleza.

Varios estudios académicos destacan la importancia de expandir el reconocimiento legal de los territorios de las poblaciones indígenas y las comunidades locales como un método efectivo para proteger la biodiversidad y evitar violaciones históricas a los derechos humanos, asociadas con las estrategias conservacionistas. Es importante trabajar sobre la base de derechos para lograr resultados de preservación positivos, lo que reafirma la correlación entre los sólidos derechos territoriales de las poblaciones indígenas y las comunidades locales, y la conservación de la biodiversidad.

El objetivo 21 del Marco Mundial de Biodiversidad promueve la participación equitativa en la toma de decisiones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y el respeto por sus derechos sobre los territorios y recursos, incluido jóvenes, mujeres y niñas. Es esencial respetar el derecho de las comunidades indígenas a un consentimiento libre, previo e informado cuando se trata de cualquier proyecto que impacte sus territorios o estilos de vida tradicionales.

Es fundamental priorizar los derechos de las comunidades indígenas, como la autodeterminación y el fortalecimiento de su conocimiento y sistemas de gobierno tradicionales. Las instituciones preservacionistas deben asegurar que las acciones de conservación no conlleven violaciones de derechos, abusos ni exclusión de personas.