Romaníes en el extranjero están más marginadas en Rusia que a finales de la URSS

Pueblo romaní de Kineshma (óblast de Ivánovo, Rusia central): Ruska Roma o Vlach Romaю Nikolay Omonov vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Según el último censo fiable de Rusia realizado en 2020, la población romaní (entre los rusohablantes, la palabra цыгане «gitanos» se sigue utilizando ampliamente, incluso en los medios y entre los académicos) estaba formada por unas 220. 00 personas. La población total de Rusia, según el mismo censo, era de unos 143 millones. Los representantes de las comunidades romaníes afirmaron que la cifra se acercaba más al millón de personas, pero los investigadores creen que la cifra está en algún punto intermedio.

La historia de las comunidades romaníes en Rusia se remonta al siglo XVII. Como muchos otros grupos étnicos, sufrieron deportación durante las décadas de 1930 y 1940, y actos legislativos represivos que prohibían su tradicional modo de vida nómada (por ejemplo, la ley de asentamientos de 1956). No obstante, la población romaní se adaptó relativamente bien a la economía de la URSS, en la que encontraron un nicho como comerciantes dentro de una economía en la que escaseaban los bienes de consumo. Algunos romaníes trabajaban en granjas estatales relacionadas con la producción animal o en la industria metálica.

Cuando la URSS se desintegró y se introdujeron reformas liberales de mercado, las comunidades perdieron estos nichos. Los investigadores calificaron la situación de “crisis aplazada”, por la falta de programas educativos y sociales culturalmente apropiados para los romaníes en la URSS, y después en Rusia.

Hoy en día, con el régimen ruso convertido en una autocracia personal y gran parte del presupuesto nacional destinado a la guerra no provocada con Ucrania, hay pocas esperanzas de que en un futuro próximo haya algún programa de apoyo a la población romaní. Mientras tanto, los distritos donde viven los romaníes en las ciudades rusas están marginados y a ellos se les discrimina.

A menudo, las autoridades o las empresas constructoras eliminan las viviendas bajas ocupadas por romaníes. Por ejemplo, en la región de Perm, en los Urales, como informó 59.ru, los terrenos donde los romaníes han construido sus casas no les pertenecen. Y como desconocen sus derechos y no pueden representarse ante los tribunales, se dan casos en que las casas de los romaníes son destruidas y el terreno se cede a otras personas. Como han informado periodistas regionales, algunos romaníes dejan los tejados de sus casas sin terminar porque la casa podría ser destruida en cualquier momento, y tendrían que trasladarse rápidamente a otro terreno y construir una nueva.

Otro ejemplo es el de la ciudad siberiana de Tjumen, donde una empresa constructora destruyó casas romaníes en el distrito central de la ciudad y trasladó a los habitantes a un pueblo donde supuestamente les construyeron casas «mejores» en 2013. Sin embargo, como informó el medio regional 72.ru en febrero de 2024, las casas siguen sin tener agua ni calefacción de gas, las carreteras están prácticamente destruidas y no hay escuela en el pueblo.

Con frecuencia se producen peleas y conflictos entre el pueblo romaní y la población rusa. En los últimos años, se han registrado grandes peleas en las regiones de Novosibirsk y Penza.

Además, debido a la corrupción generalizada y a la criminalización del Estado, hay casos en los que la Policía apoya e incluso impone actividades delictivas a las comunidades romaníes. Como destacan los investigadores, la actividad delictiva a largo plazo de personas que tienen un hogar permanente es imposible sin el patrocinio de las fuerzas del orden. Se conocen casos de agentes del orden que patrocinan el tráfico local e intentan implicar a ciudadanos de etnia romaní en estas actividades. Un ejemplo es el barrio romaní de Ekaterimburgo, del que se decía que era un lugar para el tráfico de drogas y otras actividades ilegales de la ciudad. Por ello, atrajo numeroso ataques de “grupos de ciudadanos” que nunca fueron castigados y que incluso recibieron el apoyo de las fuerzas del orden.

En los últimos años, la Policía de Ekaterimburgo también hace regularmente registros y controles a todos los habitantes de los barrios romaníes sin más motivo que la etnia de sus habitantes.

Uno de los últimos casos denunciados por los medios regionales rusos fue el de unos neonazis que se atribuyeron la responsabilidad de prender fuego a una casa abandonada de romaníes en la ciudad de Volgogrado. Según usuarios anónimos de las redes sociales que colgaron un video, así “resolvían el problema étnico”. La Policía negó que el video fuera auténtico y explicó el incendio como un accidente.

En febrero de 2024, la Policía registró asentamientos romaníes en la región de San Petersburgo. Entregaron notificaciones de reclutamiento militar a 35 hombres, que serían obligados a “abandonar su modo de vida nómada e ir a participar en la Operación Especial (la guerra con Ucrania)”, como informó con orgullo el representante de la Policía.

Antes de que comenzara la represión del régimen ruso a finales de la década de 2010, había grupos de derechos humanos que defendían los derechos de los romaníes en Rusia. La organización rusa de derechos humanos Memorial publicó un documental sobre los distritos romaníes en Rusia, en el que destacaba que el pueblo romaní en Rusia:

«Live a very hard life, without receiving a decent education, without work, not knowing what will happen tomorrow—demolition, expulsion or a special operation. The documentary is about the problem of unregistered houses in settlements, about the impossibility of properly registering ownership of houses and land, and gaining access to heating, water, light, education, and work. The basis of everything is racism, widespread discrimination and persecution of Romani people in Russia»

Vive una vida muy dura, sin recibir una educación decente, sin trabajo, sin saber qué ocurrirá mañana: la demolición, la expulsión o una operación especial. El documental trata del problema de las casas no registradas en los asentamientos, de la imposibilidad de registrar debidamente la propiedad de las casas y los terrenos y de acceder a calefacción, agua, luz, educación y trabajo. La base de todo es el racismo, la discriminación generalizada y la persecución de los romaníes en Rusia.

En 2021, por decisión de un tribunal ruso en 2021, el Memorial Center fue declarado agente extranjero y liquidado como entidad. Su director, el conocido defensor de derechos humanos Oleg OIrlov, de 71 años, acababa de ser condenado a cinco años de cárcel por su postura antibelicista.

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