Ilustración de Matheus Pigozzi/Agência Pública, utilizada con autorización.

Este documento, escrito por Lucas Pedretti y editado por Thiago Domenici, se publicó originalmente en la página web de Agência Pública el 27 de marzo de 2024. Global Voices publica una versión editada bajo un convenio de colaboración.

En los primero días de marzo de 1985, un poco antes de que José Sarney asumiera la presidencia de Brasil, el Servicio Nacional de Información (SNI) hizo el estudio secreto “Información en los regímenes democráticos”, que comparó el desempeño de los organismos de inteligencia en regímenes de democracia y totalitarios.

En el análisis, utilizar “ciertos métodos” en democracias podría representar “violaciones a derechos individuales y cometer actos de abuso”. Además, el documento dice que las investigaciones estarían “sujetas a una opinión pública y a una normativa más liberales, lo que hará más difícil trazar una línea donde ‘terminan las aspiraciones legítimas del Estado y comienza el derecho a la privacidad del ciudadano'“.

El documento también analiza que, a falta de la opinión pública y de partidos políticos opositores, los servicios de inteligencia en regímenes totalitarios podrán actuar sin ninguna “vergüenza ética” o “impedimento legal”. Concluye: “Esta es la clave que diferencia a los servicios inteligentes alrededor del mundo”.

Agência Pública encontró este informe en una serie de documentos inéditos en los archivos del SNI, que están protegidos en el Archivo Nacional. Revelan que la agencia manipula políticamente con el objetivo de continuar sus actividades de espionaje, incluso después de la salida de la presidencia del último dictador-general.

El nacimiento del “monstruo”

El Servicio Nacional de Información (SNI) se creó inmediatamente después del golpe de Estado de 1964, que llevó a 21 años de dictadura en Brasil, y rápidamente se convirtió en el centro del complejo aparato represivo establecido por el Ejército. La agencia se estableció en la ley 4341 del 13 de junio de 1964, y su propósito legalmente definido era “aconsejar al presidente de la república” en cuanto a las actividades de información y opositoras. En la práctica, los representantes del SNI realizaron todo tipo de actividades vinculadas a la represión política y participaban en operaciones callejeras y de tortura.

La institución fue creada por el general Golbery do Couto e Silva, una de las principales figuras en el golpe de Estado.

La historiadora Priscila Brandão, autora del libro “SNI y ABIN: Una interpretación de los servicios secretos brasileños a través del siglo XX”, explica que el organismo se expandió rápidamente tras su creación. “El SNI se expandió como un ‘pulpo’ por todo el Estado. Creaba una agencia en donde creía que era necesario”, explicó.

Pronto, la agencia tuvo presencia en ministerios civiles, universidades y empresas públicas, y coordinaba con los servicios de inteligencia de las tres fuerzas armadas, el Consejo de Seguridad Nacional y las secretarías de seguridad estatal.

Este conjunto de agencias dedicadas a espiar y a reprimir conforman una red diversa y autónoma de arapongagem (espionaje). Con esto, el Gobierno pudo vigilar intensivamente cualquier movimiento que el Ejército viera como una amenaza a la seguridad nacional. Así como la Doctrina de Seguridad Nacional, el sustento ideológico del régimen militar se basó en una visión del mundo paranoica y autoritaria, e decir que en la práctica, todos los sectores de la sociedad eran objeto de algún espionaje durante este periodo (1964–1985).

Una investigación de expertos del Archivo Nacional de Brasilia en 2008 contabilizó más de 300 000 brasileños vigilados por el SNI durante la dictadura, a muchos de los cuales arrestaron, torturaron y asesinaron.

Con la finalización del régimen en 1985, surgió la pregunta de qué hacer con el organismo. El propio Golbery constató: “Creé a un monstruo”. Este cambio dejó en claro las dificultades que tendría un sistema democrático para desmantelar un aparato tan poderoso, que tenía datos sensibles de todos los líderes políticos del periodo.

El SNI intentó subsistir

En el informe “Principales estrategias de los medios al Servicio Nacional de Información”, el SNI parecía estar irritado por las críticas que se acumulaban en la prensa nacional respecto a su destino. Con un lenguaje directo, el informe comprobó que “fue creado bajo un régimen de censura que duró hasta 1977, que lo protegió de la crítica pública”. Según otro fragmento, “la crítica intensa” que se “expresó a través de los medios” causó “un descontento muy grande a los miembros del SNI”.

El documento destaca la estrategia que el SNI planeó utilizar en ese entonces: “un cambio de imagen público”. El informe demuestra que la elección de los espías no fue comenzar a actuar dentro del marco de la ley, sino encontrar cómo asegurarse de que su “imagen pública” no fuera desprestigiada.

Durante este periodo de redemocratización, la idea predominante era que la finalización de la dictadura debería gestionarse sin “interrupciones” en la situación actual. En aquel entonces, se propuso una “reconciliación” caracterizada por “olvidar” y sin buscar venganza como forma de lidiar con los crímenes y atrocidades cometidas por el gobierno militar.

A lo largo del proceso de redemocratización, y ya bajo un gobierno civil, el SNI actuó para “neutralizar” lo que considera una amenaza a su imagen. Esto se volvió más intenso durante el periodo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada para crear una Constitución nueva.

Presionar para redemocratizar

Entre los documentos recuperados de Agencia Pública hay informes que prueban cómo el SNI buscó activamente parlamentarios de la Asamblea Constituyente para presentar proyectos de ley que serían incluidos en la nueva Constitución (1988). El SNI también espió a los parlamentarios.

Priscila Brandão explicó que, cuando el proyecto de la Asamblea Constituyente estaba en la fase de las comisiones temáticas, el grupo responsable de analizar los problemas de inteligencia y defensa estaba bajo las órdenes del diputado Ricardo Fiúza, cercano al Ejército. “No se aprobó nada que no fuera de interés de ellos”, señaló.

Había otro frente de batalla: el grupo que debatió sobre los derechos fundamentales. El Comité de Soberanía y de los Derechos de Hombres y Mujeres analizó los artículos con el objetivo de garantizar el derecho a la privacidad, el secreto de la correspondencia y habeas data, que funciona para que todo ciudadano pueda solicitar la información suya que los organismos guardan.

En junio de 1987, el SNI hizo un primer informe parecido a una investigación interna. Ahí analizaron cada uno de estos artículos y los agentes dieron distintas sugerencias en orden de prioridad.

A esta investigación le siguió la implementación de una estrategia de persuasión y acción política por parte del organismo, para intentar proteger sus intereses.

En agosto de ese año, la Asamblea Constituyente ya estaba en una etapa más avanzada. Una comisión de revisión estaba en marcha con el objetivo de presentar el primer texto preliminar para la nueva constitución. Luego, el SNI hizo un nuevo informe en el que se detallaban los grupos de presión que había organizado.

Según el documento, “durante la fase de envío de modificaciones a la versión preliminar por la comisión de revisión”, el organismo “entabló contacto con varios senadores y diputados federales, para defender los intereses propios a sus actividades”.

Se detalla que 13 miembros presentaron 101 enmiendas que buscaban eliminar o modificar 12 normas del texto. El documento finaliza con que “como un logro clave en el reemplazo del relator [texto], se obtuvieron resultados satisfactorios en ocho normas”.

Sin embargo, el SNI aún continúa activo en los siguientes niveles de la Asamblea Constituyente.

A fin de año, ocurrió un cambio importante en la Asamblea Constituyente: surgió del bloque multipartidario llamado Centrão. El grupo tenía como objetivo obstaculizar lo que los parlamentarios más conservadores veían como excesos liberalizadores en el texto que se había redactado hasta ese momento.

Al igual que las fuerzas armadas, el SNI vio al grupo Centrão como un aliado. Al considerar a la izquierda política como su principal adversario, el organismo comenzó a coordinar directamente con el grupo. Esto es lo que se reveló en otro informe de enero de 1988, tras la formación del bloque.

Si bien la nueva constitución incluía algunos elementos que el SNI quería eliminar, el organismo sobrevivió al cambio de gobierno. “Atravesamos una transición política y el poder civil no pudo luchar contra el poder militar para llegar al punto de ponerle fin al SNI”, indicó Brandão.

Su final llegó en 1990, en los primeros días del gobierno de Fernando Collor de Mello, primer presidente electo por el voto popular luego de la dictadura militar.

“No necesariamente porque Collor tuviera algún gran proyecto para las actividades de inteligencia”, señaló la historiadora. “Cuando Collor era candidato, el entonces jefe del SNI lo dejó esperando cinco horas. Así que su inclinación a ponerle un fin al SNI se vinculó a una venganza personal”.

La creación de un nuevo organismo de inteligencia tampoco se benefició de un debate profundo. “La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) se creó en 1999 como resultado de una discusión parlamentaria muy pobre [de calidad]”, explicó Brandão.

Al principio, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso buscaba crear el organismo a través de una medida provisional. Ante las críticas de la Asamblea, presentó una legislación completa en 1997. “Sin embargo hubo muy poco debate antes de llegar a la redacción final del proyecto de ley”, mencionó.

El resultado fue una ley que la autoridad consideró como “muy deficiente”, ya que trabajaba con un concepto “extremadamente amplio” sobre qué significa la actividad de inteligencia, lo que dejaría el riesgo de distorsiones en el rol de la agencia. Brandão también expresó que, actualmente, la doctrina que sigue el organismo se ve influenciada por los términos de la Doctrina de Seguridad Nacional que dejó la dictadura.

“Así que ese es el gran problema. Hay una percepción de lo individual, del ciudadano brasileño como un enemigo, como alguien que dejaría que le faltaran el respeto a sus derechos”, indicó la historiadora.