Vicepresidenta Delcy Rodríguez presenta proyecto de ley contra el fascismo en la Asamblea Nacional de Venezuela, 2 de abril de 2024. Fotografía por la Asamblea Nacional de Venezuela. Licencia abierta.

El martes 2 de abril de 2024, desde el podio de la Asamblea Nacional venezolana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó, en nombre de Nicolás Maduro, un proyecto de ley contra el fascismo que esconde en sus 30 artículos la legalización total de la censura, la represión y restricciones al derecho de protesta.

La ley es considerada una estrategia legal para reducir las últimas libertades de los ciudadanos antes de las elecciones presidenciales, que desde finales de 2023 ha provocado un aumento en el nivel de represión contra activistas y políticos que abarca desde la detención de miembros del partido Vente Venezuela y la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado para presentarse a las elecciones presidenciales (después de obtener el 92% de los votos en las elecciones primarias organizadas por la oposición), hasta la detención de miembros de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos como Rocío San Miguel.

Esta nueva ley ya fue aprobada en primera discusión por el Asamblea Nacional y entraría en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. El proyecto de ley se presentó en un momento en el que el país se prepara para unas elecciones presidenciales marcadas por represión, inhabilitaciones políticas de los principales candidatos de la oposición y falta de garantías democráticas. Las penas de prisión previstas van de seis a 12 años, mientras que las multas son de hasta 100 000 dólares para quienes financien o promuevan mensajes prohibidos por la ley.

Además, 2024 comenzó con la reactivación de las amenazas del gobierno a las organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas y activistas. El proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines volvió a la primera línea a finales de 2023 gracias a Diosdado Cabello, actor político de alto rango del chavismo, y fue ratificado por Jorge Rodríguez en enero, con el anuncio del inicio de la consulta pública desde la Asamblea Nacional.

La democracia venezolana recibe así uno de los últimos golpes contra el espacio cívico antes de las esperadas elecciones.

¿Qué es el fascismo según el chavismo?

El proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares comprende una serie de 30 artículos diseñados para castigar con severidad cualquier expresión considerada como promotora del fascismo, incluida la difusión de mensajes a través de redes sociales.

Según el artículo 4 del proyecto de ley, se define al fascismo como «postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra la democracia, sus instituciones y valores republicanos o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad, por motivos discriminatorios».

En este proyecto de ley «el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad» son considerados rasgos fascistas de acuerdo con el concepto presentado por el Estado.

Según la Real Academia Española, el término fascismo hace referencia a una «actitud autoritaria y antidemocrática», e incluye entre sus sinónimos: «autoritarismo, totalitarismo y dictadura» términos que muchos Gobiernos del mundo han utilizado para describir al gobierno de Nicolás Maduro.

Una ley contra medios, ONG y partidos políticos

Este proyecto busca legalizar la censura en todos los niveles. El artículo 11 establece que los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como las redes sociales, deben garantizar espacios sin ningún mensaje de índole fascista, neofascista o de similar naturaleza.

Al amparo de esta ley, el régimen de Maduro pretende justificar las inhabilitaciones políticas y la disolución de organizaciones civiles y partidos políticos que tengan en su acta constitutiva supuestos lineamientos fascistas.

Los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 se relacionan directamente con las prohibiciones a las organizaciones civiles, así como con el impedimento de inscribirse como candidatos u ocupar cargos políticos a las personas vinculadas a estas organizaciones consideradas fascistas.

Cuando expresiones como neoliberalismo son consideradas fascistas, teniendo en cuenta que es «una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado», entonces cualquier organización vinculada a este pensamiento puede ser calificada de fascista. Ciertamente, los estatutos de la organización política liderada por María Corina Machado (Vente Venezuela) tiene entre sus principios la economía de mercado y la propiedad privada.

¿El fin de las protestas civiles?

El artículo 12 del proyecto de ley prohíbe expresamente las reuniones públicas y manifestaciones convocadas con el objeto de promover o hacer apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Asimismo, agrega que «las autoridades públicas deberán tomar las medidas preventivas para evitar, o en su caso, disolver las reuniones públicas y manifestaciones».

Protestas en Venezuela: 2022 vs. 2023. En 2022 hubo un promedio de 20 protestas por día y en 2023 un promedio de 19 protestas por día. Infografía por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Usada con autorización.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hubo casi 7000 protestas en 2023, con un promedio de 19 protestas por día, el principal motivo fueron los derechos laborales con un 59% del total.

Narrativas sobre el «fascismo» en las redes sociales están dominadas por el chavismo

El aparato comunicacional del Gobierno se alineó para promover el discurso a favor de esta nueva ley, que ya fue aprobada en primera discusión por el Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo es la propaganda del Gobierno en medio de la polémica por esta nueva ley?

En las redes sociales, el debate sobre la ley contra el fascismo lo fomenta principalmente el chavismo. Aunque históricamente ha dominado la conversación digital venezolana, en abril fue el único en posicionar etiquetas sociopolíticas como tendencias en X (antes Twitter).

En esta ocasión, el aparato de propaganda estatal se alineó para impulsar narrativas a favor de la legislación, en particular con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MIPPCI) para posicionar determinadas etiquetas e impulsar cientos de mensajes de supuesto apoyo a la promulgación de esta ley.

Probox hizo una investigación complementaria en X, Instagram, TikTok y Facebook a través de palabras claves para estudiar el tema en profundidad. La lista incluía: fascismo en Venezuela, proyecto de ley contra el fascismo, ley contra el fascismo y neofascismo. Entre el 9 de marzo y el 8 de abril estas palabras se mencionaron 1408 veces, con un pico el día 4 de abril, aunque la mayor actividad fue a partir del 2 de abril.

Las tres cuentas principales que promueven estas narrativas están en X y todas publican contenido a favor del Gobierno. En primer lugar está la cuenta de la Agencia Venezolana de Noticias que, con 29 menciones sobre el tema, generó 10.18 millones de impresiones en la red social; luego, la polémica Agencia Venezuela News, que con 14 menciones logró alcanzar 499 534 visualizaciones, seguida por la cuenta personal del influenciador @MieloDan, que con 13 menciones generó 40 625 impresiones.

Estas cuentas son parte del ecosistema de propaganda y desinformación construido por el chavismo en los últimos años. La Agencia Venezolana de Noticias es un medio abiertamente progubernamental y es financiado en forma directa por el Estado venezolano, mientras que el portal Venezuela News forma parte de los medios que se autodenominan independientes, pero que con frecuencia es señalado por difundir propaganda y desinformación, y tiene claros vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gobierno venezolano.