Corte Suprema de India. Imagen de Wikipedia de The Telegraph India (CC BY-SA 4.0).

El 15 de febrero de 2024, la Corte Suprema de India anunció una decisión histórica que declaró inconstitucional al polémico programa del bono electoral. A pesar de que enfrentó una firme oposición del gobernante Bharatiya Janata (BJP), la Corte Suprema defendió los principios de igualdad política, transparencia electoral y derechos del votante en su juicio.

Los bonos electorales se emplearon como un método para financiar partidos políticos en India a través de la ley de finanzas de 2017. El 31 de octubre de 2023, un tribunal constitucional de cinco jueces comenzó a atender solicitudes que denunciaban irregularidades en el programa del bono electoral.

Durante la sentencia emitida el 15 de febrero, la Corte enfatizó que permitir la influencia no regulada de empresas en la gobernabilidad y en el proceso político afectó el principio de elecciones libres e imparciales. La Corte también ordenó que se diera a conocer información de las donaciones que recibieron los partidos políticos dentro del programa de bono electoral. Después, el 21 de marzo, se publicaron datos de los bonos electorales, incluidos los números de los bonos emitidos por State Bank of India (SBI) y detalles de la amortización, como número de serie, fecha de cobro en efectivo, nombre del partido político, entre otros.

Después de que se revelaron los datos, Kapil Sibal, abogado y miembro de Rajya Sabha, recalcó los aparentes casos de prestaciones recíprocas. De este modo, sugirió que las personas o entidades investigadas por agencias como la Dirección de Ejecución o la Oficina Central de Investigación hicieron donaciones a través del programa de bono electoral, tras lo cual no se acciones en su contra.

Los datos también revelaron que más de 15 de las 30 empresas que  esas agencias investigaron a quienes más donaron a partidos políticos a través del programa, cuyos procedimientos variaron de presentar casos a realizar redadas en instalaciones y embargar bienes. En respuesta a las acusaciones de una conexión entre las redadas que realizaron las agencias y las empresas que compraron los bonos electorales, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, rechazó tales afirmaciones durante su discurso en el cónclave India Hoy por basarse en “suposiciones”.

¿Cómo funcionaban los bonos electorales?

En marzo de 2017, el entonces ministro de Finanzas, Arun Jaitley, implementó a través de la ley de finanzas de ese año el programa de bono electoral. Este permitió donaciones anónimas a partidos políticos mediante bonos comprados en bancos.

La subsección (3) de la sección 31 de la ley del Banco de Reserva de India de 1934 define bono electoral como “bono emitido por cualquier banco aprobado dentro del programa según lo indicado por el Gobierno Central”. Estos bonos fueron esencialmente instrumentos financieros emitidos al portador como vales sin nombre del comprador ni del beneficiario. Tanto ciudadanos como empresas en India podían comprarlos, de manera individual o en conjunto, para donar a los partidos políticos registrados conforme a la sección vigésima novena de la ley de representación popular de 1951.
Para implementar este programa, la ley de finanzas de 2017 introdujo modificaciones a tres leyes fundamentales.

Primero, se modificó la ley del impuesto sobre la renta de 1961 para exonerar del pago de impuestos a los ingresos que los partidos políticos recibieran a través de bonos electorales. Segundo, se modificó la ley del Banco de Reserva de India de 1934 con el fin de autorizar al Gobierno Central para conferir poderes a cualquier banco aprobado para emitir bonos electorales. Por último, se modificó la ley de representación popular de 1951 para eliminar la obligación de los partidos políticos de revelar a la Comisión Electoral de India las donaciones superiores a las 20 000 rupias indias (240 dólares) que se reciban mediante bonos electorales.

Se modificó también la sección 182 de la ley de sociedades para eliminar el límite de donaciones de personas jurídicas y se eliminó la obligación de revelar detalles de las donaciones de personas físicas.

Reacciones negativas al programa

Los cambios generaron polémica inmediatamente. En octubre de 2017, las ONG Asociación por las Reformas Democráticas y Common Cause presentaron un litigio de interés público ante la Corte Suprema, de modo que se cuestionaron las modificaciones de la ley de finanzas de 2017. Las ONG argumentaron que las modificaciones abrieron las puertas a una financiación ilimitada e incontrolada de los partidos políticos.

Tanto el Banco de Reserva de India como la Comisión Electoral de India inicialmente habían presentado objeciones a la delegación de autoridad en otros bancos por emitir bonos electorales.

Es más, la estructura misma del proyecto de ley de finanzas tuvo reacciones negativas en el Parlamento, con partidos opositores que argumentaron que el Gobierno incluyó una gran cantidad de modificaciones no financieras en el proyecto para evadir la evaluación del Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento, en la que que el Gobierno tenía minoría. Afirmaron que eso fue una manera deshonesta de evadir una ley fundamental, ya que se redactó un proyecto de ley que era monetario en primera instancia, y luego se le incluyeron asuntos no monetarios.

Concentración de protesta «Salvar a la Democracia» de INDIA en Ramlila Maidan, Delhi, India. Captura de pantalla de un video en Flickr de @InOldNews, 31 de marzo de 2024 (CC BY 2.0).

Deliberaciones sobre constitucionalidad

Cuando el caso llegó a la Suprema Corte, el gobierno de BJP negó las acusaciones de que los bonos electorales servían como vía de dinero negro y de lavado de dinero, y abordaron específicamente esos problemas en las audiencias. Por el contrario, el procurador general en representación del Gobierno argumentó que el sistema de bono electoral era en realidad una mejora con respecto al anterior sistema de donación en efectivo, que impulsaba inyectar de dinero negro en los partidos políticos, de modo que afectaba al proceso electoral en India y los donantes a menudo temían represalias de partidos rivales, lo que los motivó a contribuir con fondos no contabilizados para evitar que los identificaran y se convirtieran en víctimas. Por ende, mediante la confidencialidad con el donante, el programa de bono electoral impulsaba las donaciones con dinero limpio para los partidos políticos.

En sus deliberaciones, la Corte Suprema analizó meticulosamente en su juicio la intrincada relación entre el dinero y su influencia en los aspectos políticos de las elecciones. Así descubrió que el dinero obstaculiza la participación política, pues limita los tipos de candidatos y los partidos políticos que pueden entrar en el escenario electoral, y también moldea la selección de candidatos dentro de los partidos políticos.

La sentencia final y su impacto

En un fallo unánime, la Corte consideró inconstitucional al programa y desestimó las declaraciones del Gobierno con respecto a que estimulaba el flujo de dinero limpio hacia la política. Por el contrario, sostuvo que fracasó en ser el medio menos restrictivo, y que tampoco sirvió como método único para controlar el dinero negro en el financiamiento de campañas. La Corte reconoció otras alternativas que cumplieron de manera eficaz su propósito y que, en comparación con los bonos electorales, tuvieron un impacto mínimo en el derecho a la información.

La Corte también descubrió que el programa violó el artículo 19 (1)(a) de la Constitución de India, ya que garantizaba la igualdad política mientras negaba a los votantes el derecho a la información sobre la financiación política.

Se ha considerado debidamente al juicio como progresivo, ya que suma una victoria para mayor transparencia en los aspectos políticos de las elecciones y  extiende el derecho a la información para los ciudadanos mientras controla la financiación política ilimitada que conceden las empresas deficitarias.

Sin embargo, el impacto del juicio parece mínimo en cuanto a reducir las probabilidades de que la Alianza Democrática Nacional, encabezada por BJP, gane las próximas elecciones de Lok Sabha que comenzaron a fines de abril. Según las encuestas preelectorales de Lokniti de CSDS, el factor Narendra Moti aún juega un papel importante para los votantes, lo que da a la Alianza Democrática Nacional ventaja decisiva sobre la opositora Alianza Inclusiva del Desarrollo Nacional de India, que aún no anuncia candidato para el puesto de primer ministro. Factores como la construcción del Ram Mandir en Ayodhya, las iniciativas del Gobierno para generar empleos, la reducción de la pobreza, el desarrollo de infraestructura, la manera en que se abordan los problemas de desarrollo, el fomento del crecimiento económico y las iniciativas de política exterior han contribuido a que el apoyo de los votantes a la Alianza Democrática Nacional, sea mayor que a la Alianza Inclusiva del Desarrollo Nacional de India.

Es más, en la encuesta preelectoral, un considerable 48% prefirió a Narendra Modi para primer ministro, mientras que solo un 27% escogió a Rahul Gandhi.

Si bien es poco probable que este juicio histórico aleje a Modi o a la Alianza Democrática Nacional encabezada por el BJP de la opinión pública, al menos es crucial celebrar su impacto en el derecho constitucional y en los derechos del votante.