Composición de Arzu Geybullayeva. Fotos con cortesía de OC Media. Usada con autorización.

Miles de georgianos salieron a las calles para protestar contra la controvertida ley de agentes extranjeros que se pospuso en 2023, y el partido gobernante Sueño Georgiano volvió a presentar el 3 de abril de 2024. Los críticos expresan que el partido de Sueño Georgiano está arruinando constantemente el avance del país para integrar a la Unión Europea. Después de tres días de masivas protestas y de críticas internas e internacionales, el proyecto de ley superó la primera lectura del Parlamento. Mientras tanto, los funcionarios del partido atacaron a las organizaciones sociales de los civiles locales, los acusaron de intentar derrocar al Gobierno.

¿Cómo empezó todo?

Mamuka Mdinaradze, el diputado de Sueño Georgiano, anunció el 3 de abril su decisión de reconsiderar el proyecto de ley de agentes extranjeros. En una declaración publicada en Facebook, el partido gobernante declaró que «la ley protegerá Georgia de los intentos apañados de provocar agitaciones en el país».

En 2023, cuando el partido gobernante anunció su decisión de adoptar el proyecto, enfrentó una protesta pública directa y críticas internacionales, al igual que otros proyectos similares en varios otros países que han puesto en peligro la labor de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales de civiles.

De aprobarse, el proyecto supondría que las organizaciones no gubernamentales financiadas por el extranjero deben registrarse obligatoriamente como agentes de influencia extranjeros, informó Eurasianet

Los miembros del partido gobernante reclaman que la ley se basa en la legislación estadounidense conocida como FARA: Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Sin embargo, el análisis del proyecto de ley demuestra que no es el caso. En una evaluación que se publicó en 2023, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OSCE/ODIHR) dijo que «el proyecto de ley era ‘fundamentalmente diferente’ con ‘propósitos y alcances muy distintos'”.

En cualquier caso, el proyecto propuesto es sorprendentemente similar a la ley rusa de “agentes extranjeros” de 2012, que se ha utilizado infamemente para someter el desacuerdo y la oposición de Rusia desde que entró en vigor. El proyecto de ley requiere que todos los medios de Georgia que reciban más del 20% de financiamiento extranjero se registren como “agentes extranjeros” e informen de sus fuentes de ingresos anuales y donativos.

Según el medio local OC Media, «es probable que la ley se aplique también a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales activas en Georgia». El proyecto de ley ruso, que ha pasado por varias versiones desde 2012, también obliga a las plataformas de noticias que reciben financiación extranjera a revelar sus presupuestos anuales. En su versión más reciente, «la ley amplía la definición de agente extranjero hasta un punto en el que casi cualquier persona o entidad, independientemente de su nacionalidad o ubicación, que participe en activismo cívico o incluso exprese opiniones sobre las políticas rusas o la conducta de los funcionarios podría ser designada agente extranjero, siempre que las autoridades aleguen que están bajo ‘influencia extranjera’. También excluye a los ‘agentes extranjeros’ de aspectos clave de la vida cívica», escribió Human Rights Watch tras los cambios más recientes de la ley que entraron en vigencia en Rusia en diciembre de 2022.

Por consiguiente, los expertos internacionales discrepan con el partido gobernante de Georgia de que el proyecto se parezca a la legislación europea y estadounidense. En el análisis comparativo  de civil.ge entre el proyecto de ley georgiano y FARA, el abogado internacional Ted Jonas resaltó las diferencias claves entre el proyecto estadounidense y el proyecto georgiano, específicamente en el contexto histórico y la definición de quién es considerado como un agente extranjero.

«Una de las diferencias más fundamentales entre la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de Estados Unidos y la ley de agentes extranjeros propuesta por Georgia es el contexto histórico en que ambas leyes se originaron y contra quién iban dirigidas. El Congreso de Estados Unidos aprobó FARA en 1938 específicamente contra los grupos de presión y las empresas de consultoría que actuaban en representación del Gobierno alemán nazi. Las preocupaciones acerca de los agentes comunistas soviéticos también motivaron la ley«, explicó Ted Jonas. A diferencia de FARA, el proyecto de ley del partido gobernante menciona «solo el financiamiento estadounidense y europeo para las ONG georgianas como fuente de los agentes extranjeros en Georgia».

Según el texto del proyecto de ley, un agente extranjero puede ser una empresa, fundación o individuo que reciba más del 20% de su financiación de una potencia extranjera. FARA describe a un agente extranjero «como cualquier persona (jurídica o física) que esté bajo el control o actúe bajo la dirección de una potencia extranjera y actúe en interés de dicha potencia extranjera», explicó Jonas en su análisis.

Existe una diferencia notable entre lo que FARA no considera un agente extranjero: organizaciones de ayuda humanitaria; personas y organizaciones involucradas en religión, escolares, académicos, científicos o bellas artes; organismos de medios con propiedad extranjera cuyas políticas no están dirigidas por un poder extranjero; y aliados estadounidenses. El proyecto georgiano clasificaría todos los grupos antes mencionados como agentes extranjeros.

Situación actual

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento georgiano votó el 15 de abril para avanzar en el proyecto. El mismo día, los manifestantes comenzaron a llegar de madrugada, ya eran miles para el mediodía y aumentaron en número conforme pasaba el día. Caída la tarde, miles de personas estaban reunidas alrededor de la sede parlamentaria a pesar de los intentos policiales de acordonar la zona.

Dentro del Parlamento, hubo un altercado físico entre los líderes del partido opositor Ciudadanos y los del partido gobernante. El antiguo líder, Aleko Elisashvili, golpeó en la cara al líder actual, Mamuka Mdinaradze. El altercado ocasionó la finalización de la transmisión en directo de la sesión parlamentaria.

Según los reportajes de OC Media, durante la discusión, algunos miembros de los partidos opositores salieron en señal de protesta o los echaron tras oponerse al proyecto de ley.

Las protestas públicas fuera de la sede parlamentaria continuaron durante los siguientes dos días, e incluso alcanzaron otras ciudades de Georgia más allá de Tiflis, la capital, donde está la sede del Gobierno.

Además, el Gobierno prohibió que los medios en línea entraran a la sede parlamentaria para informar sobre la sesión parlamentaria.

El proyecto de ley superó la primera ronda de lecturas el 17 de abril. El proyecto debe pasar por dos lecturas parlamentarias más. Guram Imnadze, director para la democracia y la justicia del Social Justice Center. En declaraciones a OC Media, Imnadze dijo que el Parlamento está limitado a lecturas una vez cada dos semanas, lo que prolongaría los debates y la posible fecha de promulgación hasta junio.

Salome Zourabichvili, presidenta de Georgia, que se ha mostrado muy crítica con el proyecto de ley desde su creación en 2023, tiene derecho a vetar la ley; sin embargo, el Parlamento puede anular el veto presidencial. En entrevista concedida a la BBC el 17 de abril, la presidenta dijo que vetaría la ley: «Es más, voy a vetar esta ley como he vetado todas las demás porque no es la única [sino] toda una estrategia que va contra las recomendaciones de la Unión Europea».

Por separado, la presidenta georgiana Salome Zourabichvili describió el partido como “Sueño Ruso», porque el partido ha adoptado una fuerte postura prorusa los últimos dos años, especialmente desde que Rusia invadió a Ucrania.

La crítica de la presidenta al proyecto de ley la llevado al punto de mira del partido gobernante. El 17 de abril, el primer ministro, Irali Kobakhidze, llamó a la presidenta “agente de influencia extranjera”.

Críticas internas e internacionales

El 10 de abril, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró en rueda de prensa que los parlamentarios que voten a favor del proyecto enfrentará posibles sanciones.

En total, 83 legisladores del partido gobernante votaron a favor del proyecto en la primera lectura. En una declaración emitida el 17 de abril, Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Estados Unidos se mostró «profundamente preocupado» por el proyecto de ley, ya que «estigmatizaría a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para mejorar la vida de los ciudadanos georgianos y a las organizaciones de medios que trabajan en Georgia para dar información a los ciudadanos georgianos».

Sueño Georgiano calificó las amenazas de las sanciones como extorsión.

Un grupo de exdiplomáticos georgianos sacó una declaración conjunta de condena al proyecto y acusaron al partido gobernante Sueño Georgiano de sabotear los avances del país para entrar a la Unión Europea. Un sentir similar se reflejó en una declaración conjunta de Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea, y Olivér Várhelyi, comisario europeo de Vecindad y Ampliación.