Perú categoriza oficialmente a las personas trans como ‘enfermos mentales’
Ilustración de Global Voices
A 100 años de la despenalización de la homosexualidad, el gobierno de Perú ha clasificado oficialmente a las personas trans, interesexuales, y no binarias, como “enfermos mentales”, mediante un decreto presidencial el pasado 10 de mayo.
El decreto define “transexualismo” y “trastorno de identidad de género en niños» como enfermedades mentales. También se incluyen en esa categoría “travestismo de doble rol”, “travestismo fetichista” y «otros trastornos de identidad de género». También se refiere a la homosexualidad como una “orientación sexual egodistónica”, una condición de salud mental.
Esta medida hace parte del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) con el fin de enumerar las condiciones de salud asegurables para las pólizas de seguro. Fue firmado por la presidenta Dina Boluarte, la ministra de Salud y el ministro de Economía.
Si bien, un funcionario del gobierno explicó que la reclasificación se decretó para “garantizar cobertura total de atención médica para la salud mental” bajo el PEAS, lo cierto es que la comunidad trans del país encuentra esta medida obsoleta y una regresión hacia los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género (Ecosieg), mal llamados “terapias de conversión”.
Estas prácticas están siendo debatidas en su país vecino, Colombia. Allí se realizan esfuerzos para que, mediante proyecto de ley, sean prohibidas las torturas y prácticas agresivas que intentan cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas mediante tales terapias.
En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar como trastorno mental el identificarse con un género diferente al asignado socialmente al nacer. En la mas reciente versión Clasificación internacional de enfermedades de la OMS, CIE-11, se reemplazó categorías diagnósticas obsoletas como “transexualismo” y “trastorno de identidad de género de los niños” por “incongruencia de género de la adolescencia y la edad adulta” e “incongruencia de género de la infancia”, respectivamente.
El 18 de mayo, unos 200 manifestantes salieron a protestar esta medida en la calle. Para muchas personas LGBTI, esta medida empeora su vulnerabilidad ante la violencia y la discriminación en Perú. Entre 2012 y 2021, por lo menos 88 personas LGBTI murieron por homicidio sin que hubiera justicia en sus casos por falta de ley que sancione estos crímenes de odio.
El gestor cultural Jheinser Pacaya denunció esta medida en las redes sociales:
A 100 años de la despenalización de la homosexualidad el @Minsa_Peru no tiene mejor idea que incluir a las personas trans en la categoría de enfermedades mentales. Exigimos y no descansaremos hasta su derogaracion. pic.twitter.com/gKczZeq0OI
— Jheinser Pacaya 🏳️🌈 (@jheinserrr) May 14, 2024
El abogado y activista LGBTI Manuel Siccha, quien fue el primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima abiertamente homosexual, en rechazo a estas medidas, insta al Congreso a «ejercer su función fiscalizadora y requerir al Despacho Ministerial de Salud información detallada sobre las salvaguardas implementadas para evitar la patologización y garantizar una atención integral y respetuosa para las personas LGBTI en el sistema de salud peruano».
También invita a que la Comisión de Salud del Congreso «abra un espacio de evaluación y debate sobre esta normativa con actores importantes tanto del lado técnico, político como del lado de sociedad civil que debió ser convocada y consultada». Considera imperativo actualizar la actualización en salud al CIE-11, alineándose con «estándares internacionales y refleje de manera precisa y no estigmatizante la diversidad de experiencias de género y sexualidad».
Boluarte, primera presidenta del Perú, ha enfatizado en su conservadurismo social, que guarda puntos en común con la mayoría conservadora del Congreso de Perú. Es de recordar que, en 2022, atendiendo la campaña de desinformación del grupo anti-derechos Con Mis Hijos No Te Metas, el Congreso eliminó la «ideología de género» de los textos escolares. Algo que también tuvo trascendencia en El Salvador el pasado 5 de Marzo, cuando por directiva presidencial al Ministerio de Educación, se ordenó que estos contenidos sean expulsados de guías, libros y demás materiales educativos.»
La periodista colombiana @VickyDavilaH publicó en el 21 de mayo en X, una encuesta para que las personas decidan si están de acuerdo o no con la decisión de que las identidades de género trans, travestis, no binarios y otras sean consideradas enfermedades mentales. Su publicación fue replicada por la ONG Temblores, recordándole que, desde 2018, la OMS dejó de categorizar a las personas trans como enfermas mentales. Además, afirmó que «Las identidades de género no normativas no son prestas a cuestionamientos de la opinión pública. Este tipo de señalamientos exponen a las personas con identidades de género diversas a violencias y discriminaciones, que vulneran múltiples derechos y afectan multifactorialmente sus trayectorias de vida».
El 10 de mayo de 2024, la organización Human Rights Watch señaló que esta norma “es profundamente regresiva” y “endurece aún más los prejuicios contra las personas LGBT” en Perú, un país sin políticas para la diversidad. Invitó al gobierno peruano a derogar «este decreto sesgado y poco científico y, en su lugar, aplicar la clasificación actualizada de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a la orientación sexual y la identidad de género”.
Según el Doctor Víctor Zamora, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica del Perú, el decreto mina los avances logrados en el país en materia de derechos y género. Para el especialista, «solo le queda un camino a la autoridad sanitaria, regresarnos a la modernidad y alejarnos de la era de las cavernas», derogando esa norma que es abiertamente una abierta violación del derecho a la no discriminación por parte de los colectivos LGBTIQ+.
Las organizaciones en favor de derechos LGBTI llaman a estos sectores a marchar, el próximo 29 de junio, «para que nuestra visibilidad crezca mucho más y así demostrar al Estado que necesitamos un país con más justicia e igualdad»; una marcha más simbólica que nunca.
