Imagen de Arzu Geybullayeva

Turquía sigue los pasos de Rusia, Kirguistán, Hungría y Georgia, y está considerando una versión propia de la controversial ley de agentes extranjeros. Se prevé que esta ley se presente al parlamento turco, Gran Asamblea Nacional, antes del 1 de julio de 2024, cuando cierra el año legislativo. El proyecto de ley incluiría una enmienda legislativa que busca aplicar sanciones penales a los llamados «agentes de influencia», que amplía las definiciones de «espía» y «espionaje». Críticos y organismos de derechos dicen que la propuesta afecta a la libre expresión y, sencillamente es otra excusa legal del Gobierno para imputar al público y la sociedad civil.

La clave está en los detalles

El 4 de mayo, la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (MİT) publicó el video titulado «¿Qué es espionaje?» que analiza la naturaleza moderna del espionaje y a quienes lo vean que ayudar a agentes inteligentes extranjeros, voluntariamente o no, es un delito. Días después, el público se enteró de que el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) presentó al Parlamento una nueva serie de reformas judiciales.

La enmienda propuesta sugiere añadir el término «agente de influencia» al noveno paquete de reformas judiciales. Según Gurkan Ozturan, coordinador de supervisión de la libertad de prensa en el Centro Europeo para la Prensa y la Libertad de Medios, el término no es desconocido entre los funcionarios del partido que, desde hace un tiempo, han etiquetado a los críticos como «agentes de influencia extranjera». Ozturan señaló en un hilo en X que la enmienda «parece otro intento más de atentar contra la libre expresión y sumar otra ley represiva a lista».

Otros organismos internacionales están de acuerdo. Según la declaración de Reporteros Sin Fronteras (RSF), «la legislación propuesta permitiría al gobierno de Erdoğan seguir debilitando la libre expresión y libertad de prensa, no solo en Turquía, también más allá de las fronteras, porque la enmienda afecta a ciudadanos, instituciones y organizaciones turcas que están en el extranjero».

El borrador del articulo presenta sentencias que llegan hasta la cadena perpetua.

Los críticos afirman que la medida reprimiría aún más la libertad de prensa en un país que ya ocupa un lugar bajo en los índices mundiales de libertades. A mediados de abril, alrededor de 20 periodistas están procesados y podrían enfrentar 15 años de cárcel, acusados de terrorismo por presunta colaboración con medios extranjeros.

In Turkey the proposed «judicial reform» bill appears to call for further restrictions on social media & freedom of expression

It reportedly sets out a new offence for so-called «agent of influence», which has echoes of the foreign agent laws in Russia, Hungary & other countries https://t.co/hUErcDOj34 pic.twitter.com/dhSf1lniU8

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) May 13, 2024

Yeni Şafak: El delito de «agente de influencia» se incluirá en el nuevo paquete judicial

Según las noticias de Yeni Şafak, el espionaje de influencias se regulará como delito en el nuevo paquete judicial.

Según el reglamento, quienes hagan propaganda contra Turquía serán condenadas a prisión. Se dice que las redes sociales también se verán afectadas.
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En Turquía la propuesta de ley de «reforma judicial» parece exigir más restricciones a las redes sociales y la libertad de expresión.

Al parecer, establece un nuevo delito para el denominado «agente de influencia» que se parece a las leyes sobre agentes extranjeros en Rusia, Hungría y otros países.

En una entrevista con DW Turquía, la periodista Ceren Bayar señaló que las enmiendas no solo afectan a los periodistas, sino también a todo el país. «Cualquiera que critique a las autoridades será acusado de ser espía o tener contacto con potencias extranjeras», explicó Bayar. «A cada nos pueden señalar como agente de influencia en cualquier momento», añadió.

Bayar aclaró en un ejemplo que si un grupo cívico local publica un artículo que critica al Gobierno o al país, se le podría acusar de ser agente extranjero si esta financiado por un donante extranjero.

En una entrevista con DW Turquía, el abogado Kerem Altiparmak explicó qué implican los cambios. En esencia, una persona puede ser acusada de estar bajo influencia extranjera si escribió en redes sociales acerca de democracia, libertades o derechos humanos en Turquía seguido por una crítica o condena internacional.

Un arsenal de medidas restrictivas

En octubre de 2022, los legisladores turcos aprobaron una ley sobre desinformación con el objetivo de combatir las noticias falsas y la desinformación que, desde entonces, se ha utilizado para aplastar la disidencia y la crítica. El proyecto de ley propone un conjunto de restricciones que incluyen eliminación obligatoria de contenido, violación a la privacidad de usuarios, nuevas medidas para regular plataformas y más. Aunque uno de los artículos más preocupantes es el 29, que señala que «quien difunda públicamente información falsa sobre el orden público, el bienestar y la seguridad interior y exterior de Turquía podría sufrir una condena desde uno a tres años de cárcel por incitar inquietud, miedo y pánico en la sociedad». Se examinó la propuesta legislativa por sus definiciones jurídicas que no son transparentes y por estigmatizar términos abstractos como desinformación, noticias falsas, información infundada, desinformación tergiversada, seguridad, paz y orden públicos.

Al igual que la cláusula propuesta sobre los agentes de influencia, el proyecto de ley sobre desinformación también afecta al público en general, desde usuarios de redes sociales hasta científicos y economistas independientes.

La nueva modificación al Código Penal también tiene una redacción imprecisa. «Es aún más ambigua de lo previsto. Todo lo que se considere ‘contra el Estado y sus intereses’ puede ser penalizado como un acto de agente extranjero. Tampoco se definen los actos en los que se aplica la ley, denominados como ‘diversos actos'», escribió la periodista y politóloga Sezin Oney en X.

Otras sanciones penales vigentes incluyen el artículo 299 del Código Penal, que establece que cualquier persona que insulte al presidente puede ser condenada a cuatro años de cárcel. Hasta ahora, estudiantes, artistas, periodistas, abogados y ciudadanos comunes, han sido procesados o juzgados.

En agosto de 2022, la Dirección de Comunicación estableció un Centro de Lucha contra la Desinformación. Al igual que la terminología abstracta mencionada en el proyecto de ley de octubre de 2022, había poca transparencia sobre el propósito y los procedimientos del centro. En ese momento, el Instituto Internacional de Prensa emitió una declaración que expresaba su preocupación y cuestionó el mandato del centro como organismo gubernamental para «combatir la desinformación».

La Agencia de Publicidad de Prensa (BİK) propuso enmiendas al Código de Ética de Medios en julio de 2022, un proyecto de ley sobre redes sociales y otras restricciones en línea.

Sin embargo, para el ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, las leyes y regulaciones vigentes son insuficientes. El 8 de mayo, Tunc se refirió a estas modificaciones y declaró que eran «normas necesarias» ante las «peticiones de los jueces, fiscales y ciudadanos» que el ministerio había recibido.