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Hace dos años, 15 comunidades de la municipalidad de Nueva Concepción, al norte de El Salvador, se unieron para pedir al Gobierno que detuviera la construcción de una planta solar a lo largo de la garganta del Gavilán y el río Lempa, preocupadas por la posible disminución de la cantidad de agua potable. Ni el alcalde ni el ayuntamiento habían sido informados del proyecto ni de sus detalles. Esta planta solar es solo uno de los numerosos proyectos de energías renovables que alimenta la minería de bitcoines en el país. La empresa Geo Power comenzó usando geotermia para minar esta criptomoneda bajo la dirección de Bukele en septiembre de 2021, poco después de que se aprobó la controvertida Ley Bitcoin en junio, que convirtió al bitcoin en dinero legal y oficial en el país.

El minado de bitcoines se suele malinterpretar por la connotación de la minería física. El bitcoin fue la primera criptomoneda de la historia, y fue descrita en un documento técnico publicado en 2008 con el pseudónimo Satoshi Nakamoto. Para minar bitcoines hacen falta programas que mantienen el registro de cadena de bloques en la red Bitcoin. Este registro es básicamente un enlace a todas y cada una de las transacciones de bitcoines hasta la fecha. Gracias a la naturaleza descentralizada del bitcoin, todas las personas de la red tiene su propia copia del registro, a la que se deben añadir las transacciones que se vayan realizando, por lo que la cadena con más bloques se considera la válida. A los mineros que completan una cadena de bloques entera en la red se les premia con un monto de esta moneda virtual como incentivo para que sigan manteniendo la red.

El minado de bitcoines necesita una enorme cantidad de potencia informática, que se genera con  una cantidad de electricidad proporcionalmente grande. No solo se usa agua para refrescar los ordenadores que realizan transacciones con bitcoines, también es necesaria para generar energía en las plantas que dan electricidad.

En marzo de 2024, los 80 000 habitantes del proyecto Santa Teresa, en San Martín, al este de la capital San Salvador, estuvieron sin acceso a agua corriente durante más de un mes a pesar de sus quejas a los servicios estatales. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) envió nueve camiones cisterna de agua a la localidad poco después de que La Prensa Gráfica, uno de los diarios más populares de El Salvador, publicó un artículo que denunciaba la situación. A 11 km al sudoeste de la municipalidad de San Martín se encuentra la ciudad de Ilopango, donde los vecinos del barrio de Altavista estuvieron sin agua potable durante casi una semana. Ambas vecindades están en la provincia de San Salvador, al igual que la capital, de la que toma su nombre. Mientras se producían quejas públicas, que llevan años, ANDA informaba que el 90% de la provincia de San Salvador tenía agua potable. Los salvadoreños que viven sin agua dependen de la ayuda de familiares en el extranjero, agua embotellada, servicios privados y otros medios para sobrevivir.

En ocasiones anteriores, ANDA ha admitido que no hay agua potable suficiente para satisfacer la demanda de todos los hogares de El Salvador. Aunque varios expertos advierten que hay escasez de agua en el país, la crisis del agua sigue sin ser una prioridad para la administración Bukele, que por el contrario, ha aprobado la ley de recursos hídricos, que favorece la privatización del agua. Además de la contaminación del agua causada por los suelos volcánicos, como en el caso del lago Ilopango, los salvadoreños enfrentan una creciente escasez de agua como resultado de la demanda de recursos por parte de la minería del bitcoin.

La aprobación de la ley conmocionó a la mayoría de los salvadoreños, poco familiarizados con la criptomoneda, y ha habido muchas críticas a la obligatoriedad de la implementación del bitcoin. El artículo 7 de la Ley Bitcoin especifica que los agentes económicos deben aceptar cualquier pago en bitcoines para la adquisición de bienes o servicios. En 2021, menos del 40% de los salvadoreños tenían cuentas bancarias de algún tipo, lo que incita a cuestionar la posibilidad de una adopción masiva de la criptomoneda. En la segunda mitad de 2023, el uso de bitcoines, o de la cartera Chivo, respaldada por el Gobierno, seguía a la baja.

El mismo año en que la Ley Bitcoin entró en vigor, habitantes de varios cantones de Berlín, en el departamento de Usulután, protestaron contra la construcción de pozos para generar energía geotérmica por la escasez de agua, la contaminación de sus aguas por una misteriosa sustancia blanquecina y la deforestación causada por la construcción. Estas quejas no surtieron ningún efecto, y la actividad de la planta siguió adelante.

Volcano Energy, empresa de energías renovables y minado de bitcoines, anunció en el segundo semestre de 2023 el inicio de Lava Pool, que impulsa el uso de energía renovable para minar criptomonedas. Los usuarios del servicio pueden combinar recursos informáticos para minar bitcoines, y Volcano Energy afirma que puede compensar el costo general del minado de bitcoines. La empresa también ha revelado sus planes de construir un parque energético solar y eólico, pero sin revelar su ubicación. Aunque El Salvador tiene en marcha varios proyectos de energías renovables, la mayoría se dedican al minado de bitcoines, práctica insostenible por las exigencias de recursos de esta actividad.

Alex de Vries, investigador y fundador del Índice de Consumo de Energía del Bitcoin, ha declarado que más de la mitad del consumo global de energía está relacionado con el minado de bitcoines. Muchos críticos y entusiastas de la criptomoneda saben de la electricidad que consume el minado de bitcoines, que es precisamente por lo que las energías renovables siguen apareciendo junto con los proyectos de esta minería. Ni siquiera en Islandia la geotermia puedde cubrir los costos del minado de bitcoines.

El consumo de agua es un problema menos conocido del bitcoin. El agua se usa para refrescar, humedecer el aire y generar energía termoeléctrica. Según de Vries, los mineros estadounidenses de bitcoines consumen hasta 120 gigalitros de agua al año, pero la ubicación geográfica tiene impacto directo en la cantidad de agua que necesitan. Por ejemplo, Kazajistán tiene un considerable número de mineros de bitcoines, y su huella de agua es mayor que la de Estados Unidos a causa de su clima, lo que hace cuestionar la viabilidad de esta actividad en un clima tropical como el de El Salvador.

De Vries también comentó que usar energía hidroeléctrica no es una solución viable, ya que esta forma de generar electricidad es la que más agua consume de todas las fuentes de energía. Actualmente, la generación de hidroelectricidad de El Salvador procede de las cuatro plantas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La cuenca del río Lempa, fuente de esta energía, sufre una contaminación desenfrenada.

Aunque la administración Bukele celebra las ganancias del bitcoin y el progreso en la carrera por la «supremacía cultural«, la cruda realidad sigue siendo evidente en los distintos distritos que luchan por su agua. Un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en 2023 halló que el 40% de los salvadoreños solo reciben agua un día a la semana durante menos de seis horas. Este año, en el Día Mundial del Agua, varias organizaciones salvadoreñas protestaron contra la Ley de Recursos Hídricos, la privatización del agua y los problemas ambientales que provocaría una deforestación masiva. Conforme El Salvador sienta un precedente para la criptoinversión, en países vecinos como Honduras, Guatemala y Costa Rica podría agravarse el estrés hídrico. Por otra parte, la creciente regulación por parte de superpotencias globales solo puede conducir a la ubicación estratégica de centros de minado en zonas con poca conciencia ambiental, por lo que los países más pequeños se verían forzados a asumir el costo de este minado en su agua, al tiempo que crece la información sobre las ramificaciones de este sector en suelo estadounidense.