Captura de pantalla del club de Chow Hang-tung en Facebook. Uso legítimo.

Chow Hang-tung, activista de derechos humanos de Hong Kong, fue una de las seis personas arrestadas por la policía de seguridad nacional el 28 de mayo de 2024, en la primera detención bajo la nueva ley de seguridad de la ciudad, promulgada en marzo.

El 28 de mayo, el secretario de Seguridad, Chris Tang, confirmó que los arrestos fueron en conexión con un grupo de Facebook que pedía apoyo para Chow, abogada y activista de derechos humanos, detenida bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín desde septiembre de 2021. El grupo fue creado el 18 de mayo de 2023, y la ubicación principal de quienes lo administraban era Reino Unido.

En una declaración anterior, la Policía dijo que cinco hombres y una mujer habían sido detenidos por ser sospechosos de actuar con intención sediciosa. La mujer, que ya estaba apresada, fue acusada de publicar de forma continua mensajes anónimos «sediciosos» en una página de redes sociales con la ayuda de los otros cinco.

Se dice que los mensajes usaba de una «fecha sensible próxima» para incitar al odio contra el Gobiernos central y de Hong Kong, y contra el poder judicial. La Policía también dijo que los mensajes pretendían incitar a los internautas a organizar o participar en actividades ilegales en fechas posteriores.

“Con respecto a la fecha sensible, en realidad creo que la fecha en sí no era importante”, dijo Tang a los periodistas en cantonés. “Lo más importante es que estas personas que pretenden poner en peligro la seguridad nacional usaron este tema para incitar al odio”, continuó.

Los arrestos fueron una semana antes del 4 de junio de 2024, cuando se cumplen 35 años de la represión de Tiananmén, cuando cientos, e incluso miles, de personas murieron mientras el Ejército Popular de Liberación de China dispersaba violentamente a estudiantes manifestantes de Pekín.

La Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, de la que Chow era vicepresidente, organizó vigilias anuales para recordar a las víctimas de la represión en el parque Victoria hasta 2020, cuando se prohibieron las concentraciones en plena pandemia de COVID-19 para detener la propagación del virus.

La vigilia quedó prohibida de nuevo en 2021, la Policía volvió a aludir al COVID-19, y la Alianza se disolvió en septiembre de 2021 después de que sus líderes — Chow, Albert Ho y Lee Cheuk-yan — fueron arrestados bajo sospecha de incitar a la subversión. No ha habido conmemoraciones oficiales desde entonces.

La Policía registró las casas de cinco de los arrestados e incautó objetos relacionados con el caso, incluidos dispositivos electrónicos que se sospecha fueron utilizados para publicar los presuntos mensajes.

Según la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, conocida más comúnmente como legislación del artículo 23, los delitos relacionados con intención sediciosa son castigados con penas de hasta siete años entre rejas.

“Quienes pretendan poner en peligro la seguridad nacional no deben engañarse ni pensar que pueden evitar la investigación policial si publican en línea anónimamente”, dijo la Policía en un comunicado chino emitido el martes 30 de mayo por la tarde.

“El público general debe reconocer la verdad y no dejarse engañar por información falsa y distorsionada”, añadieron.

La Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional es independiente de la ley de seguridad promulgada en Pekín en 2020, y persigue la traición, la insurrección, el sabotaje, la inferencia exterior, la sedición, el robo de secretos de Estado y el espionaje. Permite la detención preventiva de hasta los 16 días y puede restringir el acceso a abogados de los sospechosos, con penas que pueden llegar a cadena perpetua. El artículo 23 fue archivado en 2003 en medio de protestas masivas, y permaneció como tabú durante años. Sin embargo, el 23 de marzo de 2024 se promulgó por vía rápida y se aprobó unánimemente en la legislatura de la ciudad, en la que no hay oposición.

La ley ha sido criticada por ONG de derechos, Estados occidentales y lNaciones Unidas como imprecisa, amplia y 2regresiva». Sin embargo, las autoridades aludieron a la percepción de injerencia extranjera y al deber constitucional de “cerrar lagunas jurídicas” tras las protestas y disturbios de 2019.