Ilustración de personas reconocidas como políticamente expuestas en Ghana, y que figuran como propietarios de empresas pesqueras. Foto de Solomon Nyamekye, utilizada con autorización.

Esta historia se publicó originalmente en iWatch Africa. Global Voices reproduce una versión más corta en virtud de un acuerdo para poder compartir contenido.

El observador pesquero Samuel Abayitey desapareció bajo circunstancias misteriosas en octubre de 2023 en Ghana, cuando estaba a bordo del arrastrero coreano Marine 707. Su desaparición, al igual que el caso no resuelto de Emmanuel Essien años atrás, alarma por apuntar a un patrón de riesgo y vulnerabilidad para observadores en el sector pesquero de Ghana.

Una investigación de iWatch Africa, en asociación con Ocean Reporting Network del Centro Pulitzer, revela un vínculo entre el poder y los privilegios que existen en el sector pesquero de Ghana. Revela preocupantes conexiones entre «personas políticamente expuestas», propiedad de los arrastreros pesqueros, además de que nadie asume responsabilidades.

Según regulaciones de Ghana, las personas políticamente expuestas son personas a quienes se les han confiado funciones públicas destacadas, tanto en Ghana como en países extranjeros y personas o entidades asociadas.

En el centro de este escándalo está Kenneth Dzirasah, exvicepresidente del Parlamento de Ghana, exparlamentario del distrito electoral de South Tongu en Ghana y miembro destacado del mayor partido opositor, el Congreso Nacional Demócrata.

Dzirasah ocupa el cargo de director y accionista de Kenbonad Fisheries, y el Thomson Reuters World-Check lo ha identificado como persona políticamente expuesta. Pese a la influencia de su propia situación, los registros oficiales de la empresa dejaron en evidencia que Dzirasah no reveló su condición de persona políticamente expuesta, lo que generó preocupaciones por posibles conflictos de intereses, integridad del marco regulatorio de Ghana y esfuerzo para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.

En una entrevista con iWatch, el profesor Kojo Nyarko, experto en temas legales y jefe de la Red Africana de Transparencia Pesquera, dijo que el desconocimiento público de la situación de persona políticamente expuesta implica «serios problemas que tienen que ver con lavado de dinero, evasión fiscal y tráfico de influencias» dentro del sector pesquero de Ghana y subrayó la necesidad de «mayor supervisión y vigilancia».

En 2020, Ghana aplicó revisiones estrictas a las leyes contra el lavado de dinero, y se sometió a un mayor escrutinio las actividades de las personas políticamente expuestas. Esta reforma legislativa estuvo acompañada de una directiva del Banco Central en 2022, que designaba a las personas políticamente expuestas como clientes de «alto riesgo» y exigía a las instituciones financieras que verificaran rigurosamente el origen de su riqueza. Además, la directiva demandaba aplicar sistemas sólidos de gestión de riesgos para identificar a personas políticamente expuestas y obtener la aprobación de la alta dirección antes de entablar cualquier relación comercial.

Una revisión de los documentos de 25 empresas pesqueras autorizadas para operar en Ghana en los últimos cinco años reveló una realidad sorprendente: ni un solo director o accionista había dado a conocer su condición de persona políticamente expuesta. Solo cuatro empresas se aventuraron a declarar beneficiarios reales.

Los resultados obtenidos de la revisión dieron a conocer cifras sorprendentes: 32% de estas empresas eran propiedad o estaban bajo control de personas políticamente expuestas, y más del 80% tenían relación con intereses relativos a propiedades chinas.

En 2020, un informe de China Dialogue Ocean demostró que el arrastrero de pesca Meng Xin 15 –donde se vio por última vez a Emmanuel Essien–, registrado bajo Kenbonad Fisheries, era propiedad de la empresa china Dalian Mengxin Ocean Fisheries.

Cuando iWatch África se acercó a Dzirasah, exportavoz y director de Kenbonad, sobre el observador desaparecido, Dzirasah fue poco claro y no dio a conocer su situación de persona políticamente expuesta y las posibles conexiones entre su empresa y entidades chinas.

«Está en trámite [presentar su situación de persona políticamente expuesta]», respondió, e insistió en «no poder colaborar» con respuesta alguna cuando se le presionó sobre la relación que tiene su empresa con los intereses chinos.

Asimismo, en 2017, la Comisión de Pesca de Ghana, agencia dependiente del Ministerio de Pesca y Acuicultura, acusó a Kenbonad Fisheries de traslados no autorizadas de pescados dentro de aguas ghanesas y de operar arrastreros con capitanes no calificados, pero no revocó su licencia.

Los datos obtenidos por el Ministerio de Pesca del país durante esta investigación dieron a conocer un patrón preocupante: Kenbonad Fisheries no había pagado las multas por infracciones pesqueras impuestas por el Estado.

A pesar de estas acusaciones, Francis Ashiteye Armah, funcionario de la empresa llamado, dijo a iWatch Africa que «la empresa había pagado todas las multas pendientes», y puso en duda los propios registros oficiales.

Global Marine Consult es otra empresa que se suma a las ya investigadas, con autorización para operar los Meng Xin 5 y 6 en aguas de Ghana. Las investigaciones revelaron que los directores y accionistas de la empresa son actualmente Awurama Ofori-Ani y Edwin Ofori-Ani, ambos reconocidos como beneficiarios reales. Hay pruebas lo suficientemente convincentes que demuestran que Awurama Ofori-Ani es una persona políticamente expuesta y que en febrero de 2024 no había declarado su situación. Ocupa un puesto financiero de alto nivel como directora de sistemas de información de gestión en Volta River Authority (VRA) empresa estatal de servicios públicos de energía en Ghana.

En un informe de la Fundación para la Justicia Ambiental de 2021 se involucró aún más al arrastrero de pesca Meng Xin 5 en transbordo no autorizado y adaptación ilegal de artes de pesca.

De acuerdo a lo expuesto en el informe, se impuso una multa de 347 690 cedis (60 302 dólares estadounidenses), pero Global Marine Consult pagó solo 100 000 cedis (aproximadamente 42 507 dólares estadounidenses), fracción de la multa mínima estipulada por la ley del país.

Edwin Ofori-Ani, que se presentó como esposo de Awurama Ofori-Ani, frente a las investigaciones, reconoció que ella no había declarado su condición de persona políticamente expuesta y afirmó que estaba «en proceso de completar los documentos».

También impugnó las multas pendientes que Global Marine Consult adeuda a la Comisión de Pesca. «Ciertamente, al día de hoy, Global Marine Consult Limited no debe ni una pesewa (nota editorial: un cedi son cien pesewas) de multa a la Comisión de Pesca», declaró y mostró recibos de pago por un total de más de 1,9 millones de cedis o 140 000 dólares estadounidenses en multas pagadas durante los últimos dos años.

Un informe anterior de China Dialogue Ocean reveló una enmarañada red de propiedades extranjeras que vincula a Global Marine Consult con Dalian Mengxin Ocean Fisheries. Pese a estas revelaciones, Edwin Ofori-Ani negó rotundamente cualquier propiedad benéfica de Dalian Meng Xin Fisheries y afirmó que «la relación entre Global Marine Consult Limited y Dalian MengXin es que el primero adquirió los arrastreros del segundo y tiene un acuerdo de trabajo para garantizar que se pague el costo del arrastrero, y que los arrastreros se entregan a la empresa ghanesa. Dalian no tiene acciones en Global Marine».

Steve Trent, director ejecutivo de la ONG ambientalista EJF, en entrevista anterior relacionada con iWatch Africa, anunció enfáticamente: «La ley de Ghana prohíbe explícitamente la propiedad extranjera de buques de arrastre industriales que operen bajo bandera de Ghana, en términos de propiedad en papel, y fundamentalmente, en términos de quienes se benefician del buque, conocidos como los ‘propietarios beneficiarios'».

«La ley de sociedades de 2019 (ley 992) deja en claro la definición de beneficiario real, y muestra claramente que la forma en que las corporaciones pesqueras chinas utilizan empresas fachada de Ghana es ilegal», agregó.

De acuerdo al profesor Nyarko, en tanto las personas políticamente expuestas puedan operar con impunidad, ocultas tras complejas estructuras corporativas, los problemas sistémicos que afectan al sector pesquero de Ghana solo se profundizarán: «Sin una supervisión rigurosa, sin consecuencias legales significativas y sin un compromiso renovado con la transparencia, el oscuro nexo que existe en el poder seguirá oscureciendo la verdad, poniendo en peligro vidas y la sostenibilidad del sector».

El sector pesquero de Ghana es el sustento de vida de millones de personas, pero las persistentes prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, incluidas estructuras corporativas poco claras que protegen a los beneficiarios finales, han tenido un impacto severo en las poblaciones de peces, lo que tuvo como resultado una advertencia de la Comisión Europea («tarjeta amarilla») en 2021.