La paradoja de Honduras: un narcoestado donde la mayoría no ve el narcotráfico como el principal problema
Ilustración de ContraCorriente que representa al expresidente Juan Orlando Hernández en un juicio en Nueva York por narcotráfico. Utilizado con permiso.
Este artículo fue escrito por Célia Pousset para ContraCorriente. Está republicado y editado en Global Voices bajo un convenio con este medio.
«Es interesante que el narcotráfico no aparezca como problema mayor para el país, en el año del juicio de Juan Orlando Hernández, y aún cuando la población lo identifica como narcotraficante», dijo el sacerdote jesuita Ismael Moreno, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), al interpretar los resultados de la última encuesta del sondeo de opinión pública.
Casi tres meses después de la condena del expresidente por delitos de narcotráfico en Nueva York, la publicación del sondeo arroja luz sobre una gran paradoja de la sociedad hondureña: aún cuando se percibe que el narcotráfico sigue con «mucha presencia» en las instituciones del Estado (el 48 por ciento de las 1,522 personas encuestadas lo afirma), solo el 1 por ciento lo coloca como mayor problema que enfrenta el país actualmente.
Las mayores preocupaciones de la población siguen siendo el desempleo, la crisis económica y la delincuencia, o la inseguridad pero «más asociada con las maras y pandillas que con el narcotráfico», dijo Elvin Hernández, del ERIC-SJ, para explicar esta discrepancia. «Las maras y pandillas son presentadas como el gran problema, el narcotráfico no preocupa tanto porque es el soporte económico de muchas comunidades del país», añadió.
Ismael Moreno apuntó a los bajos niveles de escolaridad, a la confianza en las iglesias y a la debilidad institucional en Honduras: «La gente por lo que está ansiosa es por resolver sus necesidades inmediatas, del empleo, de la situación económica y de la seguridad ciudadana, esa es su mayor preocupación; quién se lo resuelva y cómo se lo resuelva no es el problema más importante, incluso, si es un pastor evangelico milenarista, si es un narcotraficante, o si es un populista o si es un demócrata, ese no es el principal problema, lo cual indica bajos niveles de escolaridad y un nivel de conciencia que no le permite políticamente identificar qué es lo que mejor le conviene como persona y como sociedad», explicó.
Sin embargo, los actores que la población identifica como los responsables de la presencia del narcotráfico en el Estado son también los que gozan de un nível de confianza más bajo. Por ejemplo, los diputados son los principales señalados (17.5 por ciento), y más del 70 por ciento de la población encuestada tiene «ninguna» o «poca» confianza en el Congreso Nacional, así como más del 84 por ciento no confía en los partidos políticos.
Estos datos revelan una desilusión de la institucionalidad. En el juicio de Juan Orlando Hernández, más allá de juzgar a un hombre, se juzgó a un Estado en el que diputados, alcaldes, empresarios, policías y militares cooperaron e hicieron uso de recursos públicos para enriquecerse con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Entre los responsables de que el narcotráfico continúe en las instituciones del Estado, la ciudadanía también señala a los policías, los militares, los jueces, magistrados, los empresarios y los fiscales. Con dos fuerzas de seguridad en el top de las instituciones percibidas como más permeables al crimen organizado, no es de extrañar que a la pregunta «¿En cuál de los cuerpos armados del Estado tiene más confianza?», un 33 por ciento de la población contestó «ninguna».
En contraste, las instituciones que gozan de mayor confianza son religiosas o asistencialistas. Según el sondeo, el primer puesto lo tiene la Iglesia evangélica, seguida de la Secretaría de Educación y luego por la Iglesia católica. Las escuelas públicas ofrecen diariamente la merienda escolar y las iglesias son muchas veces el único lugar de sociabilidad y apoyo en las comunidades abandonadas por el Estado.
En regiones controladas por el narcotráfico, los capos también realizan obras sociales para ganarse a la población. Ello podría explicar por qué, a pesar de que el sondeo del ERIC se dio entre febrero y marzo de 2024, en pleno juicio de JOH, el 21.4 por ciento de los encuestados piensan que el expresidente no le hizo ningún daño al país.
«Con el juicio de Juan Orlando se estaban revelando los mecanismos de corrupción pública y cómo el crimen organizado estaba en las estructuras de poder a todos los niveles. Es una alerta que la gente considera que sigue presente», opinó la investigadora del ERIC-SJ, Mercy Ayala.
Los problemas de falta de empleo y oportunidades son los que más preocupan a la población, y también las razones por las que casi la mitad de las personas encuestadas pensaron o desearon irse del país. El 55.9 por ciento menciona la falta de empleo para generar ingresos, y el 29.6 por ciento apunta a la situación económica del país.
Esas inquietudes no resueltas por el actual Gobierno desembocan en la poca satisfacción hacia la gestión de la presidenta Xiomara Castro. El 45.9 por ciento considera que el país va peor, y la nota que recibió este año fue aún más baja que el año anterior. En una escala de calificación que va del 0 al 10, recibió un puntaje de 4.23 en 2024, en contraste con el 4.46 que obtuvo en 2023.
Con 13 años de existencia, el sondeo nacional del equipo del ERIC, que cubre 16 de los 18 departamentos de Honduras, muestra tendencias profundas, como el afianzamiento de la Iglesia evangélica o la pérdida de confianza en las instituciones estatales. Para Ismael Moreno, los resultados muestran una «sociedad ansiosa, frágil y polarizada» donde podrían tener cabida proyectos políticos antidemocráticos, con tal de que presenten ofertas políticas que abracen sus necesidades.
«El peligro de los predicadores de último momento, como de un Milei (actual presidente de Argentina), en una sociedad frágil como Honduras, es posible», vaticinó.
