Ilustración de Minority Africa, usada con autorización.

Este artículo de Jackson Okata se publicó originalmente en Minority Africa. Global Voices reproduce una versión acortada como parte de un acuerdo para compartir contenido.

Peninah Ngahu, de 58 años, ha practicado la agricultura de subsistencia durante 30 años en su terreno de media hectárea en Elementaita, pueblo al oeste de Kenya y a 175 km de la capital del país, Nairobi. «Conseguir semillas nativas era sencillo porque los agricultores las compartían, vendían, compraban e intercambiaban libremente. Un agricultor con demasiadas semillas nativas podía compartirlas libremente con quienes no las tuvieran, lo que aseguraba que todos los agricultores tuvieran algo para plantar y evitaba que tuviéramos problemas con la comida», comenta Ngahu en Minority Africa.

Según Ngahu, las cosas han cambiado desde que entró en vigencia una nueva ley.

«Actualmente, no puedo ni repartir ni dar mis semillas a los agricultores del pueblo porque la ley me lo impide», explica Ngahu. «Solo se puede hacer de forma clandestina, lo que ha limitado la capacidad de los pequeños agricultores de producir comida».

En 2012, el parlamento de Kenia aprobó la ley de semillas y variedades vegetales con el fin de regular la producción, procesamiento, pruebas, certificación y comercialización de las semillas del país. Asimismo, esta ley restringe la introducción de nuevas variedades de semillas, controla su importación y concede derechos de propiedad a quienes cultiven o descubran nuevas variedades.

En septiembre de 2022, 15 pequeños agricultores presentaron una demanda al Tribunal Superior del país con el objetivo de exigir al Gobierno que revisara las secciones de la ley que prohíben compartir e intercambiar semillas sin certificar y sin registrar.

Los agricultores suelen obtener las semillas a través de sistemas autogestionados, ya que promueven el ahorro e intercambio de semillas de forma extraoficial, práctica a la que se opone la ley de semillas y de variedades vegetales.

Veronica Kiboino, pequeña agricultora del condado de Baringo, al oeste de Nairobi, explicó que compartir e intercambiar semillas le aseguraba poder plantar y cultivar en cada estación.

«Si tengo semillas de mijo y mi vecino tiene semillas de maíz, basta con que intercambiemos una porción de lo que tenemos y recibir lo que nos falta». Dijo Veronica. «Compartir e intercambiar semillas no cuesta dinero, por lo que resulta una medida muy rentable para cualquier pequeño agricultor».

Según la ley, cualquier persona que comparta, intercambie, venda, produzca y cultive semillas sin certificar podrá ser sentenciada a una pena de prisión de hasta dos años o deberá pagar una multa de un millón de chelines (7692 dólares), o incluso ambas.

En la demanda, los agricultores, representados por Richard Opete, señalaron que la ley de semillas les negó su derecho tradicional para intercambiar semillas nativas.

«Como pequeños agricultores, lo único que queremos es que nos permitan compartir nuestras semillas nativas libremente, tal y como lo hicieron nuestros ancestros, sin temor a que nos multen o encarcelen», dijo Opete.

Opete resaltó que intercambiar y compartir semillas entre los agricultores sigue siendo la única opción para muchos que no pueden permitirse comprar semillas certificadas a compañías y distribuidoras de semillas registradas.

«Si queremos garantizar la seguridad alimentaria y nutricional para el país, tenemos que permitir que los agricultores usen cualquier semilla que crezca bien en sus terrenos. No podemos garantizar la seguridad alimentaria mientras prohibimos que los agricultores compartan semillas resistentes al clima», añadió Opete.

Francis Gika, que practica la agricultura orgánica, dijo que el Gobierno debería aprovechar los métodos tradicionales de los pequeños agricultores para multiplicar y preservar las semillas para así adaptarse a los cambios climáticos.

«El Gobierno debería ayudarnos a mejorar y desarrollar lo que hacemos en lugar de criminalizarlo», dijo, y califica la ley de semillas como una medida selectiva, opresiva y que está en contra de los pequeños agricultores. «¿De dónde va a sacar un pequeño agricultor como yo los 200 000 chelines (1538 dólares) que se necesitan para registrar y conseguir un certificado de variedad de semillas como exige la ley?».

Gika advirtió que la ley punitiva afecta directamente el bienestar económico de los pequeños agricultores, ya que «sin semillas, no pueden producir suficientes alimentos para vender y ganar dinero».

La soberanía de la gestión de semillas

Greenpeace Africa comenta que «la ley de semillas actual favorece a las grandes multinacionales, pues les da oportunidades para explotar los recursos locales, y la ley vendió el sistema alimentario keniano al mejor postor».

Elizabeth Atieno, activista alimentaria en Greenpeace Africa, se percató de que el sistema alimentario de Kenia se ha vuelto inestable debido a la dependencia excesiva que el país tiene en las grandes compañías en cuanto al suministro de semillas.

«Cuando se prohíbe que un agricultor comparta e intercambie las semillas que puede obtener fácil y libremente, se produce una disminución en la producción, menos alimentos y poblaciones en hambruna», detalla Atieno. «Las semillas certificadas suponen un gran costo, lo que perjudica a la mayoría de los pequeños agricultores y, en ocasiones, la oferta no logra satisfacer la demanda».

Atiano aclaró que una victoria judicial abriría el camino para integrar en la ley el sistema de gestión de semillas que tienen los agricultores, lo que permitiría que los pequeños agricultores pudieran compartir e intercambiar semillas nativas.

Para los agricultores como Francis Ngiri, en lugar de sancionar al agricultor, la ley de semillas debería volcarse en documentar todas las variedades de semillas nativas de Kenia para proteger su soberanía e historia.

«Los productores multinacionales de semillas son una amenaza para nuestras variedades de semillas de Kenia, ya que favorecen su explotación, y esto es lo que la ley debería tratar en realidad», dijo Ngiri.

El apoyo de las partes interesadas

Los expertos que respaldan la revisión de la ley de semillas defienden que restringir que los agricultores compartan e intercambien semillas sin certificar simplemente significa que no tienen permitido ni usar ni compartir semillas nativas.

El agrónomo Ben Wanyoro detalló esta idea: «Las semillas indígenas se adaptan al entorno de forma natural, por lo que restringir su uso pone en riesgo nuestra diversidad, sobre todo en esta época de cambio climático».

La asociación regional ecológica de Kenia Participatory Ecological Land Use Management (Gestión Ecológica Participativa del Manejo de la Tierra, PELUM por su nombre en inglés) expuso que la demanda defiende la preservación de las variedades de semillas nativas, que deben protegerse cueste lo que cueste.

«Se debe prestar mucha atención al sistema de semillas gestionado por los agricultores, pues ellos tienen la capacidad y conocimiento para cultivar las semillas nativas, y se debería derogar cualquier ley prohibitiva para garantizar su continuidad», dijo Rosinah Mbenya, coordinadora nacional de la asociación PELUM Kenya.

En octubre de 2022, el Gobierno keniano aprobó usar semillas manipuladas con organismos genéticamente modificados, y destacó la necesidad de abordar los efectos de la sequía y de mejorar la seguridad alimentaria con cultivos resistentes a las pestes y a las enfermedades. Los agricultores orgnánicos del país criticaron esta decisión.

El sector agrícola de Kenia representa el 33% del Producto Interior Bruto (PIB) y otro 27%, indirectamente, a través de conexiones con otros sectores. Este sector da empleo a más del 40% de la población de Kenia y 70% de la población rural keniana.

Los agricultores nativos argumentaron que la implementación continua de la ley de semillas pone en peligro de extinción a las semillas nativas. La organización Seed Savers Network Kenya (Red de Ahorradores de Semillas de Kenia) es una red de pequeños agricultores que defiende el uso y preservación de las variedades de semillas nativas en Kenia mediante la implementación de bancos e intercambios de semillas comunitarias.

Dominic Kimani, miembro responsable de Seed Savers Networks, sostiene que criminalizar el intercambio de semillas de forma extraoficial promueve la biopiratería y reduce la diversidad genética de las plantas: «La ley actual reduce el acceso a la diversidad de semillas y agrava la inseguridad alimentaria y nutricional del país». También añadió que obligar a los agricultores a depender de semillas híbridas supone una gran amenaza para la biodiversidad alimentaria y para las culturas alimentarias tradicionales.

Los agricultores locales siguen a la espera de conocer el veredicto de la demanda. Ngahu espera que el proceso judicial sea favorable para pequeños agricultores como ella.

«Puesto que practicar la agricultura no es un delito, ansío conocer el veredicto que me devolverá la libertad para plantar cualquier semilla que quiera en mis terrenos sin temor alguno», declara Ngahu. «Como persona, yo sola no puedo garantizar mi seguridad alimentaria y nutricional cuando me limitan los tipos de semillas que puedo plantar en mi propio terreno».