Corte Suprema de Pakistán. Imagen tomada por el autor.

Pakistán ha autorizado formalmente a la División de Inteligencia Interna (ISI), dirigida por el Ejército, a interceptar llamadas telefónicas y mensajes de los ciudadanos con el pretexto de la seguridad nacional, término que el Estado suele utilizar para trasgredir los derechos de los ciudadanos. La autorización persiste pese a las sentencias de la Corte Suprema que declaran que la vigilancia es ilegal e inconstitucional, y que viola la dignidad de las personas según lo establecido en el artículo 14 de la Constitución de Pakistán.

En un actual caso de filtración de audio, que involucra a Bushra Bibi, esposa del encarcelado ex primer ministro Imran Khan, al Tribunal Supremo de Islamabad se le informó sobre un sistema de gestión de interceptación legal que se estaba implementando sin ningún respaldo legal. Esta interceptación legal permite a las autoridades que tengan orden judicial o autorización legal, intervenir selectivamente las líneas telefónicas de los subscriptores de telecomunicaciones individuales específicas. Las compañías de telecomunicaciones del país dieron acceso a las agencias de inteligencia a las llamadas telefónicas, mensajes y datos de navegación web del 2% (aproximadamente cuatro millones) de sus usuarios a través de interceptaciones legales. Después, el Gobierno emitió una notificación de Orden Regulatoria Estatutaria que permite a la División de Inteligencia dar seguimiento a los ciudadanos bajo la Sección 54/1 de la Ley de Telecomunicaciones de Pakistán de 1996, con lo que le da validez legal.

Esta controvertida decisión ha iniciado un debate entre los líderes de opositores, ciudadanos y activistas de derechos digitales en las redes sociales, que argumentan que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos según lo que establece el artículo 4.

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán afirma que esta notificación viola gravemente los derechos protegidos constitucionalmente de los ciudadanos:

🔴 HRCP is deeply concerned by the recent unconstitutional notification issued by the federal government giving intelligence personnel carte blanche to intercept and trace the calls of any citizen in the interest of ‘national security’.

The notification is in flagrant violation…

— Human Rights Commission of Pakistan (@HRCP87) July 10, 2024

🔴 La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán está muy preocupada por la reciente notificación inconstitucional emitida por el Gobierno federal que da a los funcionarios de inteligencia carta blanca para interceptar y rastrear las llamadas de cualquier ciudadano bajo el pretexto de ‘seguridad nacional’.

La notificación constituye una violación flagrante de los derechos de los ciudadanos a la libertad, la dignidad y la privacidad, protegidos constitucionalmente en virtud de los artículos 9, 14 y 19 (respectivamente). También contraviene el espíritu del fallo del tribunal superior en el caso Mohtarma Benazir Bhutto.

No es coincidencia que esto se produzca después de una orden del Tribunal Superior de Islamabad que establece que los funcionarios estatales no están autorizados a vigilar a los ciudadanos. Dado el deficiente historial tanto de los Gobiernos y de las agencias de inteligencia, esta medida se usará invariablemente para reprimir la disidencia política con chantaje, acoso e intimidación.

El Gobierno debe aprobar urgentemente controles y equilibrios estrictos en todas las prácticas de vigilancia, como mínimo según lo prescrito en la Ley de Investigación para Juicios Justos de 2013.

Reema Omar, asesora jurídica para el sur de Asia de la Comisión Internacional de Juristas, destaca las razones por las que el comunicado se realizó de mala fe:

COMUNICADO EXTRAORDINARIO PUBLICADO POR AUTORIDAD
Nº REGISTRADO -3Cg L.-7646

ISLAMABAD, LUNES, 8 DE JULIO DE 2024
PARTE II
Notificaciones legales
GOBIERNO DE PAKISTÁN
MINISTERIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (Pakistán Digital)
NOTIFICACIÓN
Islamabad, 8111 de julio de 2024
S. R. 0. 1005M/2024.-En ejercicio de los poderes conferidos en virtud del artículo 54 de la ley de telecomunicaciones de Pakistán (reorganización) de 1996 (la ley), el Gobierno Federal, en interés de la seguridad nacional y en el arresto de cualquier delito, se complace en autorizar a los funcionarios que no estén por debajo del grado 18 a que ocasionalmente la División de Inteligencia Interna a interceptar llamadas y mensajes o rastrear llamadas a través de cualquier sistema de telecomunicaciones según lo previsto en el artículo 54 de la ley.
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1. El comunicado del Gobierno que autoriza a la División de Inteligencia Interna a interceptar y rastrear llamadas es de mala fe, ilegal y una evidente cesión de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Algunas razones que lo justifican.

Leyes de vigilancia en Pakistán

Desde su independencia en 1947, Pakistán ha utilizado diversa legislación para controlar a sus ciudadanos. La ley de telégrafos de 1885 permitía interceptar mensajes y controlar los telégrafos autorizados en interés de la seguridad pública o durante emergencias. La ley de la agencia federal de investigación federal de investigación de 1974 tenía por objetivo evitar y detectar diversos delitos, incluidos los delitos que aparecen en el Código Penal de Pakistán, la ley de secretos oficiales y la ley de prevención de la corrupción. La ley de telecomunicaciones de Pakistán de 1996 establecía un marco para vigilar e interceptar las telecomunicaciones.

Hace poco, la ley de investigación para un juicio justo de 2013 permitió el acceso a varias formas de comunicación, como correos electrónicos y llamadas telefónicas, con orden judicial. Sin embargo, las agencias de investigación no recibieron poderes para vigilar las comunicaciones privadas. La ley de prevención de delitos electrónicos (PECA) de 2016 otorgó a la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán el poder de bloquear o eliminar información en internet. Las regulaciones de vigilancia y conciliación del tráfico telefónico de 2010 exigieron a los proveedores establecer sistemas de vigilancia y registro en tiempo real del tráfico de la red, prohibieron el uso de software de cifrado y dieron a la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán la autoridad para dar seguimiento a todo el tráfico de internet a través de un sistema de supervisión que los proveedores de servicios de internet estaban obligados a instalar.

Historia de casos de fuga de audio en Pakistán

Ya antes, primeros ministros, ministros federales y funcionarios de alto rango de Pakistán alegaron que sus conversaciones telefónicas privadas se hicieron públicas. Un caso notable es el de Benazir Bhutto contra el presidente de Pakistán, en el que el Gobierno fue declarado culpable de interceptar ilegalmente los teléfonos de los opositores políticos con el apoyo de las agencias de inteligencia estatales. La Corte Suprema dictaminó que el Gobierno debe obtener permiso de una comisión o de la Corte Suprema para cada caso de interceptación telefónica hasta que se promulgue la legislación adecuada para proteger los derechos constitucionales a la privacidad y la libertad de expresión. En 2013, el Parlamento aprobó la ley de investigación para un juicio justo.

Justo antes de las elecciones del 8 de febrero, una serie de filtraciones de audio y video que involucraban a varios políticos, funcionarios militares y jueces aparecieron en las redes sociales. Si bien muchas de estas filtraciones se refutaron o no se dijo nada, la llegada de contenido generado por IA ha añadido complejidad y amenazas potenciales, lo que requiere un análisis forense para determinar la autenticidad de la grabación. En 2019, en el caso del escándalo del video que involucraba a un juez del Tribunal de Responsabilidad, la Corte Suprema dictaminó que «Ninguna cinta de audio o video puede ser confiable para un tribunal hasta que un analista de la Agencia de Ciencias Forenses de Punyab prepare un informe forense, según la sección 9 (3) de la ley de la Agencia de Ciencias Forenses de Punyab de 2007.

Reacciones ante esta decisión

Omar Ayub Khan, líder de la oposición en el Parlamento, cree que la agencia de espionaje se dirigirá a los legisladores y ha calificado la notificación como «ley negra«.

El ministro de Defensa, Khawaja Asif, firme partidario de la medida, recordó el apoyo de Imran Khan a la División de Inteligencia Interna que participó en el control no autorizado de las llamadas telefónicas de los políticos.

Seis miembros del Colegio de Abogados de Pakistán han impugnado la decisión del Gobierno de legalizar la vigilancia masiva ante el Tribunal Superior de Islamabad, y han solicitado que el tribunal la declare nula y sin valor. También se ha presentado una petición ante el Tribunal Superior de Lahore para impugnar esta decisión, con el argumento de que las escuchas telefónicas constituyen una grave invasión de la privacidad.

Cuando Global Voices preguntó a un alto funcionario de la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán sobre la interceptación legal, respondieron, “Nosotros no manejamos este asunto y la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán no está involucrada en esas actividades”.

Global Voices habló con Sadaf Khan, de la organización sin fines de lucro Media Matters for Democracy, a través de WhatsApp sobre la falta de conocimiento sobre la vigilancia, y nos dijo:

Pakistan has low literacy, and surveillance regulations are rarely understood or discussed by the public. This lack of awareness is concerning, as the fear of government surveillance impacts online freedom of expression. The key issue is that we learned about surveillance through court documents indicating it occurred without adhering to the Fair Trial Act of 2013. This revelation creates fear, leading to self-censorship and hindering freedom of expression.

Pakistán tiene un nivel bajo de alfabetización y la población rara vez entiende o analiza las normas de vigilancia. Esta falta de conocimiento es preocupante, ya que el miedo a la vigilancia gubernamental afecta la libertad de expresión en línea. La cuestión clave es que nos enteramos de la vigilancia a través de documentos judiciales que indican que se llevó a cabo sin respetar la ley de juicio justo de 2013. Esta revelación genera miedo, conduce a la autocensura y obstaculiza la libertad de expresión.

Además afirmó que el Estado debe llevar a cabo una vigilancia justa:

Pakistan faces significant law enforcement challenges, including ongoing terrorism threats. Surveillance is a crucial strategy for law enforcement worldwide to investigate and enforce laws. To ensure fair use of such invasive procedures, Pakistan enacted the Investigations for Fair Trial Act in 2013, which introduced judicial procedures for lawful surveillance, including warrant requirements and timelines. Similarly, PECA includes procedures for digital surveillance requiring judicial intervention. However, current authorizations through the PTA bypass these protective mechanisms, which is very concerning. While national security is important, there must be a balance through the enforcement of protective laws, ensuring that surveillance is both fair and just.

Pakistán enfrenta importantes dificultades para aplicar la ley, que incluyen actuales amenazas de terrorismo. La vigilancia es una estrategia crucial para la aplicación de la ley en todo el mundo para investigar y hacer cumplir las leyes. Para asegurar un uso justo de esos procedimientos invasivos, Pakistán promulgó la ley de investigaciones para un juicio justo en 2013, que incluyó procedimientos judiciales para la vigilancia legal, con requisitos de órdenes judiciales y plazos. De manera similar, PECA incluye procedimientos para la vigilancia digital que requieren intervención judicial. Sin embargo, las autorizaciones actuales a través de la Autoridad de Telecomunicaciones eluden estos mecanismos de protección, lo que es muy preocupante. Si bien la seguridad nacional es importante, debe haber un equilibrio con aplicación de leyes protectoras, que aseguren que la vigilancia sea justa y equitativa.

Barrister Ali Tahir contó a Global Voices a través de WhatsApp:

Surveillance in Pakistan primarily involves state monitoring, supported by private companies and telecom providers. This collaboration operates under privacy-eroding laws and legal uncertainties. Even without legal backing, intelligence agencies intercept and record calls and texts illegally. High-profile figures, including Prime Ministers and Chief Justices, have been victims of leaked audios.

La vigilancia en Pakistán implica principalmente seguimiento estatal, respaldado por empresas privadas y proveedores de telecomunicaciones. Esta colaboración opera bajo leyes que erosionan la privacidad y incertidumbres legales. Incluso sin respaldo legal, las agencias de inteligencia interceptan y graban llamadas y mensajes de texto de manera ilegal. Figuras de alto perfil, incluidos primeros ministros y presidentes del Tribunal Supremo, han sido víctimas de audios filtrados.

Cuando se le preguntó sobre el propósito detrás de la intercepción, además afirmó:

It is clearly not for legal purposes. The IHC court has revealed no warrants under the law for eleven years, indicating illegal call tapping. Even if it is for security, the lack of warrants makes it illegal. Article 14(1) of the Constitution guarantees the right to privacy, which extends to phone calls. Laws like the Monitoring and Reconciliation of Telephony Traffic Regulations (2010) and the Investigation for Fair Trial Act (2013) regulate surveillance, requiring court warrants and permissions from high-level officials for specific offenses. No agency should arbitrarily invade an individual's privacy, as doing so is against the state's interests.

Claramente no es para fines legales. El Tribunal Superior de Islamabad no ha revelado órdenes judiciales bajo la ley por once años, lo que indica una interceptación ilegal de llamadas. Aunque sea por motivos de seguridad, la falta de órdenes judiciales lo hace ilegal. El artículo 14(1) de la Constitución garantiza el derecho a la privacidad, que se extiende a las llamadas telefónicas. Leyes como las regulaciones de vigilancia y conciliación del tráfico telefónico (2010) y la ley de investigación para un juicio justo (2013) regulan la vigilancia, y exigen órdenes judiciales y permisos de altos funcionarios para delitos específicos. Ninguna agencia debería invadir arbitrariamente la privacidad de una persona, eso va en contra de los intereses del Estado.