Represión post-electoral en Venezuela: Defensoras, activistas y trabajadoras humanitarias en la mira

Una estudiante confrontando a la Policía Nacional cerca de Plaza Venezuela, 2014. Fuente: NoonIcarus/Wikimedia. CC0 1.0 Foto editada por Global Voices.

Edni López, trabajadora humanitaria en la organización venezolana Fundación S4V, poeta y profesora en la Universidad Central de Venezuela, se encontraba en el aeropuerto principal de Venezuela antes de partir de vacaciones a Argentina en a la mañana del pasado domingo 4 de agosto. Funcionarios de seguridad del Estado no le permitieron abordar el avión por causa de presunto vencimiento de su pasaporte, según sus familiares.

Desde entonces y hasta el momento de publicación de este artículo, transcurrieron más de 48 horas sin saber algún paradero de Edni. No conocen los cargos que enfrenta o su sitio de detención exacto. Así lo denuncian internautas locales (con la etiqueta #DóndeEstáEdni) y ONG especializadas en derechos humanos como Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos). La desaparición de Edni fue objeto, a su vez, de una alerta de Amnistía Internacional.

Aquí puedes conocer a Edni, en sus propias palabras:

Yendri Velásquez, activista y fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ vivió el 3 de agosto una retención similar en el mismo aeropuerto (Aeropuerto Internacional de Maiquetía) por parte de autoridades de seguridad, cuando se dirigía a una sesión del Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Velásquez fue liberado ese mismo día.

El 2 de agosto, el abogado defensor de derechos humanos Kennedy Tejada fue detenido por la Guardia Nacional mientras averiguaba sobre la situación de unos detenidos en protesta en Carabobo, al norte de Venezuela. Tejada es abogado del Foro Penal, una ONG que promueve el derecho a la defensa y presta asesoría jurídica en detenciones políticas. Según el abogado Julio Henríquez: “tampoco hay orden de captura contra Kennedy Tejeda, (…) ni contra la abrumadora mayoría de los 988 arrestados en el contexto poselectoral”.

Adicionalmente, Provea y otras organizaciones denuncian que a los cientos de personas que están deteniendo no se les están permitiendo elegir un abogado privado o de ONG. Tampoco se les permite a sus familias ver a los detenidos. También Provea alerta que en Venezuela se están llevando a cabo audiencias colectivas, en las cuales no hay espacio para la individualización de los presuntos delitos.

Formas de seguimiento de los casos

Los casos de Edni, Yendri y Kennedy forman parte de las más de 1000 víctimas de violaciones de derechos humanos (detenciones arbitarias, desapariciones forzadas y asesinatos) denunciadas por el Foro Penal tras las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio. Este reporte verificado del Foro Penal puede ser seguido por su cuenta en X (antiguo Twitter) y es actualizado diariamente en el horario matutino de Venezuela.

Abajo se puede conocer el reporte del 6 de agosto:

Adicionalmente, la iniciativa MonitorVictimas, desarrollada por el medio venezolano RunRunes y la ONG MiConvite, compila historias de víctimas de todas partes del país, procedentes de diferentes medios nacionales e internacionales, no todas con etiqueta de redes que les acompañe.

‘Operación Tun-Tun’ o la amenaza al contrario

La persecución tiene terreno fértil en la Venezuela pos-electoral. Nicolás Maduro, mandatario en cuestionamiento, reconoció el sábado 3 de agosto la existencia de más de 2000 presos por las manifestaciones postelectorales y aseguró su envío a Tocorón y Tocuyito, centros de reclusión ubicados en el centro de Venezuela.

“Con la unión cívico-militar y policial resolvimos el golpe fascista. Tenemos 2000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y Tocuyito. Máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón», aseguró Maduro frente a simpatizantes durante una marcha oficialista del pasado sábado 3 de agosto:

En dicho discurso, no hubo mención de Maduro a elementos de debido proceso. El enfrentamiento al fascismo es un elemento discursivo del gobierno madurista desde al menos 2020 y fue objeto de un proyecto de Ley presentado en abril 2024 ante la Asamblea Nacional (el máximo órgano legislativo venezolano): la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. El instrumento justifica sus contenidos por sectores que “acuden a la violencia como forma de acción politica”.

También funcionarios activos del gobierno de Maduro reeditaron el llamado a la “Operación Tun Tun”, una práctica de persecución y allanamientos arbitrarios por organismos de seguridad estatal hacia personas disidentes al gobierno venezolano e identificada en 2020 como patrón de violación de derechos humanos por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según la ONU, “Tun Tun” es el sonido que producen los golpes a las puertas.

También el pasado 3 de agosto, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Policía Científica de Venezuela), Douglas Rico, convocó abiertamente al procedimiento: “Operación Tun Tun apenas comienza: Denuncia si has sido objeto de campaña de odio física o virtual a través de las redes”, escribió el funcionario en Instagram.

 

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El portal periodístico Efecto Cocuyo recogió acciones asociadas a la Operación por parte de cuerpos policiales de estados de Venezuela, dirigida hacia manifestantes opositores.

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