Imagen digital hecha por Giovana Fleck, utilizada con autorización.

Esta historia es parte de Data Narratives, proyecto del Observatorio de Medios Cívicos cuyo fin es identificar y comprender el discurso sobre los datos que se usan para la gobernabilidad, el control y las políticas en El Salvador, Brasil, Turquía, Sudán e India. Conoce más acerca del proyecto aquí y consulte nuestro conjunto de datos públicos para realizar un análisis completo del texto que sigue a continuación. 

En 1959, el escritor brasileño Jorge Amado escribió un libro llamado A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água (La muerte y la muerte de Quincas Berro Dágua). Cuenta la historia de las presunta primera y segunda muerte de Quincas, un vagabundo que había sido un respetado funcionario público pero que abandonó a su familia. Tras el hallazgo de su cadáver, se desencadena un conflicto sobre el recuerdo de Quincas entre su familia «decente» y sus amigos borrachos. Durante el funeral, organizado por una familia secretamente aliviada, sus amigos parecen creer que él todavía está vivo y roban su cuerpo para tener una última juerga en la ciudad, que solo termina en su segunda muerte. Sé que esto no parece tener mucho que ver con el debate sobre la regulación de las plataformas, pero tengan paciencia.

Como crecí en Brasil, los libros de Amado siempre fueron una buena compañía, y como milénica, también lo fue internet. Ya de mayor, decidí seguir una carrera jurídica y trabajar de manera digital con los derechos humanos, con la tonta idea de que los abogados podrían ayudar a reparar el mundo. Por esta razón, el debate acerca de la regulación de las grandes empresas de tecnología siempre estuvo cerca de mi corazón. En 2020, cuando se comenzó a discutir en Brasil un proyecto de ley destinado a regular el poder de estas empresas, el proyecto de ley 2630/2020, estuve atenta a los debates.

El escenario político de Brasil en los últimos años fue agitado. En 2018, el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado bajo cargos de corrupción y se le prohibió postular para un nuevo mandato, a pesar de liderar las encuestas de intención de voto. Se eligió a Jair Bolsonaro, exmilitar de extrema derecha y diputado federal por casi tres décadas. Su gestión de la pandemia de COVID-19 a partir de 2020 llevó a Brasil a registrar más de 700 000 muertes. En 2022, con las acusaciones anuladas, Lula fue elegido para un tercer mandato, y tuvo que enfrentar ataques y un intento de golpe de Estado a una semana de su prestar juramento. En medio de todo esto, la creciente importancia y poder de las redes sociales en Brasil se volvió ineludible.

El proyecto de ley 2630/2020, que los medios masivos brasileños llaman «proyecto de ley de las noticias falsas» y los medios de derecha llaman «proyecto de ley de la censura«, surgió como parte de este escenario. La prensa internacional también lo comparó con una «DSA brasileña» (en referencia a la iniciativa de la Unión Europea sobre la regulación de plataformas, la ley de servicios digitales). Su nombre verdadero, «Ley brasileña de libertad, responsabilidad y transparencia en internet», refleja mejor su objetivo: regular las grandes empresas de tecnología aquí, tal como lo hace la ley de servicios digitales en Europa.

La ley se presentó en el Senado en mayo de 2020 y se aprobó en dos meses, a pesar de los intensos debates. De acuerdo a los procedimientos legales de Brasil, pasó para votación en la Cámara de Diputados, donde siguieron tres años de intensas negociaciones y enfrentamientos. Las distintas partes involucradas (plataformas, organizaciones de la sociedad civil, artistas, titulares de derechos, conglomerados de medios, Gobierno, etc.), no se ponían de acuerdo en temas sensibles como el pago por contenidos, la moderación y la responsabilidad de las plataformas. Al principio, la ley incluía varias disposiciones muy preocupantes para los derechos digitales de las personas, tales como la obligación de registrar un documento de identidad para navegar por las redes y los ataques a la encriptación entre pares (en el que las computadoras conectadas no dependen de un servidor), que probablemente acabarían con la privacidad de los usuarios de las aplicaciones de mensajería.

Luego de varias audiencias públicas y gracias a un intenso contacto con la sociedad civil y otras partes interesadas, se mejoró el texto hasta que su la Coalición para los Derechos en Internet la defendió (Coalizão Direitos na Rede, o CDR), grupo que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad académica y civil comprometidas con la defensa de los derechos digitales fundamentales. El proyecto de ley, aunque no es perfecto, llegó a un punto en el que podría llegar a mejorar el panorama de «Libertad, responsabilidad y transparencia en internet» en Brasil, de acuerdo a la CDR.

En abril de 2023, después de una gran ponencia del proyecto de ley del diputado de izquierda Orlando Silva, se aprobó como «urgente» y se tramitaría por la vía rápida, para facilitar su votación en solo unos días. La urgencia estuvo influenciada por una serie de atentados fatales en escuelas en todo el país, aparentemente organizados en línea por falta de severidad de las plataformas de las redes sociales. El expositor del proyecto de ley ya había contactado a varios de los votantes y creyó tener el apoyo necesario para su aprobación. El 27 de mayo de 2023, entregó la versión final del texto para su votación en la sesión plenaria de la Cámara.

Sin embargo, a los pocos días, una campaña articulada combinó una fuerte presión por parte de las grandes empresas de tecnología y de los políticos de extrema derecha e influenciadores, incluidos los vinculados al expresidente Bolsonaro y los extremistas evangélicos. Hasta Google cambió su página de inicio y sacó un anuncio de página completa en Folha de S. Paulo, uno de los principales periódicos de Brasil, para influir sobre la opinión pública, hecho que luego fue sancionado por el Gobierno de Brasil. El mismo grupo también lanzó una campaña de desinformación en las redes sociales con la narrativa de que la aprobación del proyecto de ley provocaría la censura de algunos versículos de la Biblia, que tuvo un amplio alcance, como lo demuestra la investigación del Observatorio de Medios Cívicos de Global Voices. En tan solo unos pocos días, al menos 33 congresistas cambiaron su voto y se pronunciaron en contra del proyecto de ley. La tendencia se invirtió, y el 2 de junio de 2023, el proyecto se retiró de la agenda de votaciones.

Las personas que luchaban por la aprobación de la ley, como algunos miembros del Gobierno y representantes de la CDR (yo incluida) nos reunimos entonces para lamernos las heridas y desarrollar nuevas estrategias. A pesar de que llevamos años trabajando en el tema, nos sorprendió el gran poder demostrado por la presión de las grandes empresas tecnológicas, que hasta llegaron a contratar al expresidente Michel Temer (2016–2018), predecesor de Bolsonaro, como lobista.

A principios de 2024, tuvimos una chispa de esperanza: comenzaron nuevas conversaciones dentro del Gobierno, en las que parecía haber espacio para aprobar una versión modificada del proyecto de ley. Sin embargo, en abril de 2024, el proyecto recibió otro revés, probablemente el definitivo.

Un nuevo personaje, Elon Musk, el controvertido multimillonario dueño de X (antes Twitter), surgió en la mezcla y llevó la agenda de regulación de las plataformas nuevamente al centro de atención. En una serie de tuits, acusó al juez de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, de ser un «dictador» censurador que había actuado a favor de Lula para que fuera electo presidente, lo que tomó de las teorías conspirativas. Global Voices Brasil escribió un artículo sobre el caso, que mostraba cómo Elon Musk impulsaba una campaña contra el juez Alexandre luego de que este comenzó a investigar el intento de golpe de Estado bolsonarista y la correspondiente desinformación. Este ataque frontal hizo que la opinión pública volcara su atención nuevamente en el proyecto de ley de las noticias falsas con la esperanza de que, de ser aprobado, sirviera para lidiar con sucesos como este.

Como resultado, el proyecto de ley fue de enterrado abruptamente por el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, hábil político de derecha con un oscuro historial en el grupo de presión de las grandes empresas tecnológicas. Como muestra un artículo publicado en The Intercept Brasil, Lira negocia constantemente con los representantes de estas empresas y hasta recibió un premio por su «defensa de la transformación digital» por parte de los miembros del Frente Digital, grupo parlamentario que defiende los intereses de las empresas del sector. Afirmó que el proyecto de ley era controvertido y que estaba «condenado a no llegar a ningún lado«, también anunció la creación de un grupo de trabajo para discutir una nueva ley que reemplazaría al proyecto de ley desde cero. Los activistas, como yo, sentimos que los cuatro años de arduo trabajo se nos escurría entre los dedos de un plumazo.

Finalmente, el presidente de la Cámara creó el grupo de trabajo el 5 de junio de 2024, 57 días después de su anuncio. El grupo tendría 90 días para presentar un nuevo proyecto de ley y está formado por 20 diputados, la mayoría de los cuales forman parte del conjunto de extrema derecha que se opone a la regulación de las redes sociales y cree que esta regulación forma parte de la «agenda de la izquierda», como lo muestra la investigación del Observatorio de Medios Cívicos. Entre la sociedad civil, esto se leyó como una entrega del nuevo proyecto de ley a las plataformas. Sin embargo, Orlando Silva, el expositor original del proyecto de ley, también participa de ese grupo de trabajo y ya manifestó públicamente que continuará luchando por la regulación de las plataformas.

¿Podríamos estar ante la muerte de la «DSA brasileña»? Y aún más: ¿significa la muerte de cualquier eventual ley democrática de regulación de las plataformas en Brasil? Un posible significado de las dos muertes del título del libro de Amado es que el protagonista todavía podía estar vivo luego de su «primera» muerte. En la ficción, la muerte no siempre implica el final, sino que podría ser una coma de Oxford y no un punto. Por ahora, al igual que Quincas, la DSA brasileña puede parecer estar muerta. Sin embargo, todavía podría estar lista para dar otro paseo por la ciudad y, ¿quién sabe?, sorprender a uno que otro ciudadano respetable y servir de base para una nueva ley que proteja los derechos fundamentales de los brasileños en internet.