Las autoridades de Malasia aseguraron a los cibernautas que no se verán afectados por las normas de licenciamientos. Foto de Zahirulnukman. Fuente: Wikipedia (CC BY-SA 3.0).

Malasia pubñlicó más información de su nueva normativa que obliga a redes sociales y servicios de mensajería por internet, con al menos ocho millones de usuarios registrados, a solicitar una licencia. El Gobierno dijo que con esta medida pretende frenar la violencia digital, pero los detractores temen que pueda afectar la libertad de expresión.

La sentencia salió a la luz el 1 de agosto, pero las empresas tienen hasta enero de 2025 para cumplir con los requisitos. Según las cifras iniciales de plataformas en línea con al menos ocho millones de usuarios en Malasia, la sentencia se aplicará a Facebook, Facebook Messenger, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, WeChat, X (antes Twitter), y YouTube. La licencia es válida durante un año y deberá renovarse anualmente.

Según el comunicado de prensa de la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia», el objetivo del Gobierno es «crear un entorno en línea más seguro para todos los malasios, especialmente para los niños y personas vulnerables a los daños en línea». Su finalidad es evitar el ciberacoso, las estafas en línea y los depredadores sexuales. La Comisión aseguró a los usuarios de internet que se beneficiarán de esta nueva normativa:

MCMC reiterates that end users of the said service providers will not be affected by this regulatory framework and only service providers.

Users on the other hand will benefit from enhanced security features and a better user experience as a result of service providers’ proactive compliance with Malaysian laws. Users can expect a safer online environment and clearer channels of complaint regarding online harm.

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia reitera que los usuarios finales de esos proveedores de servicios no se verán afectados por este marco regulatorio, únicamente los proveedores de servicios.

Por otro lado, los usuarios se beneficiarán de características de seguridad mejoradas y una mejor experiencia de usuario como resultado del cumplimiento proactivo de las leyes de Malasia de los proveedores de servicios. Los usuarios pueden esperar un entorno en línea más seguro y canales de queja más claros con respecto a los daños en línea.

Las empresas con licencia que no cumplan con la legislación local pueden ser sancionadas con sanciones administrativas y órdenes de suspensión, además de poner en riesgo la cancelación de su registro.

Fahmi Fadzil, ministro de Comunicaciones, señaló que países como el Reino Unido y Singapur ya han expresado su interés en la norma de licenciamiento de medios sociales de Malasia. Así lo dijo a los medios:

We might be the first mover on this issue because on average, many governments around the world feel that these big technology companies can no longer do as they please to accumulate wealth and not follow rules and laws… those days will soon be over.

Podríamos ser los pioneros en esto porque, en general, muchos Gobiernos en todo el mundo sienten que estas grandes empresas tecnológicas ya no pueden hacer lo que quieren para acumular riquezas sin seguir normas y leyes… esos días pronto terminarán.

Sin embargo, grupos de la sociedad civil, ARTICLE 19, y el Centro de Periodismo Independiente han solicitado a las autoridades que se abstengan de «tomar decisiones apresuradas», especialmente porque la nueva regulación «se considera un intento directo de ejercer el control sobre las plataformas de redes sociales». Advirtieron que el requisito para renovar la licencia podría llevar a que las plataformas «sean más complacientes y accedan a más solicitudes de eliminación del Gobierno en lugar de centrarse en moderar de contenido eficaz y oportunamente». En lugar de una regulación de licencias, sugirieron establecer un «consejo de redes sociales que promueva un marco regulatorio independiente de múltiples partes interesadas» y la creación de un «comité independiente para revisar las causas fundamentales del discurso de odio y el ciberacoso, así como desarrollar un plan de acción integral».

Zaid Malek, director de Abogados para la Libertad, recordó al Gobierno que «es aceptable imponer regulaciones, pero no amenazar a los proveedores de redes sociales con un plan de licencias que le dé al Gobierno el poder de cerrarlos», y añadió:

Licensing of social media platforms is unnecessary, high-handed and poses a serious danger to our democratic right to criticise or question the Government. It should be remembered that this government already has a track record of forcing the removal of critical political content by making requests to social media operators.

La concesión de licencias a plataformas de redes sociales es innecesaria, prepotente y plantea un grave peligro para nuestro derecho democrático a criticar o cuestionar al Gobierno. Cabe recordar que este Gobierno ya tiene antecedentes de forzar la eliminación de contenido político crítico mediante solicitudes a los gestores de redes sociales.

Otro miembro del grupo expresó su preocupación sobre el verdadero motivo de los funcionarios deexigir a las empresas que soliciten licencias:

How is this a legitimate objective of the social media licensing law?

If u think this is fine then u don't value freedom of speech / expression. pic.twitter.com/ol962ZixCj

— Eric Paulsen (@EricPaulsen101) July 31, 2024

(BAGAN DATUK: La medida de la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia de exigir que todas las redes sociales y los servicios de mensajería por internet soliciten una licencia para proveedores de servicios de aplicaciones bajo la Ley de Comunicaciones y Multimedia de 1998 (Ley 588) es un paso en la dirección correcta, según Dauk Seri Ahmad Zahid Hamidi.

El viceprimer ministro dijo que esta medida podría abordar el aumento de casos de delitos cibernéticos, incluido el uso de cuentas falsas en redes sociales y la difusión de percepciones negativas sobre el Gobierno.
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¿Cómo puede ser este un objetivo legítimo de la ley de licencias para redes sociales?

Si crees que esto está bien, entonces no valoras la libertad de palabra/expresión.

A Bersih, coalición de grupos que impulsa reformas en la gobernabilidad, le preocupa que las licencias tengan «un gran potencial para ser utilizas indebidamente como marco legal para limitar la libertad de expresión», ya que «leyes punitivas», como la Ley de Comunicaciones y Multimedia de 1998 sigue en vigor.

Si bien el gobierno actual prometió inicialmente reformar y revisar las «leyes draconianas», hasta ahora no ha podido tomar medidas concretas y decisivas con respecto a este compromiso.

Mientras tanto, algunos internautas han expresado sus dudas sobre la eficacia de conceder licencias para detener las estafas, ya que el requisito de registro telefónico no ha impedido la proliferación de delitos cibernéticos relacionados con teléfonos. Algunos sospechan que el verdadero objetivo de los funcionarios es silenciar la disidencia.

El doctor Ngo Sheau Shi, docente de la Escuela de Comunicaciones en la Universiti Sains Malaysia, hizo hincapié en la necesidad de equilibrio para hacer cumplir la normativa de licencias.

While lauding this development, I believe it is crucial to raise awareness of the delicate balance between regulatory efforts and the preservation of freedom of expression within the online ecosystem.

This balance can be struck by specifying clear, narrow definitions of prohibited content, based on internationally recognised human rights standards. Any restrictions should be necessary, proportionate and the least intrusive means available to achieve the objectives of the law.

This framework must clearly distinguish between content that is genuinely harmful and content that constitutes legitimate expressions of opinion, critique and dissent, especially when directed towards authorities and power structures.

Si bien elogio este avance, considero crucial dar a conocer el delicado equilibrio entre los esfuerzos regulatorios y la preservación de la libertad de expresión dentro del ecosistema en línea.

Este equilibrio se puede alcanzar si se especifican definiciones claras y estrictas de contenido prohibido, basadas en estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente. Cualquier restricción debe ser necesaria, proporcional y el medio menos intrusivo posible para lograr los objetivos de la ley.

Este marco debe distinguir claramente entre contenido que es genuinamente dañino y el contenido que constituye expresiones legítimas de opinión, crítica y disidencia, especialmente cuando se dirige a las autoridades y las estructuras de poder.