Imagen de Giovana Fleck, usada con autorización.

Esta historia es parte de Data Narratives, proyecto del Observatorio de Medios Cívicos cuyo propósito es identificar y entender el discurso sobre datos utilizados para gobernabilidad, control y política en El Salvador, Brasil, Turquía, Sudán e India. Puedes leer más sobre el proyecto aquí y ver nuestra recopilación de datos público para el análisis completo de que trata este texto.

Sudán está estratégicamente ubicado en la intersección de países de habla árabe y de África Subsahariana, conecta países del este y centro de África hasta el mar Rojo. Esta vital ubicación lo ha hecho un país de interés para grandes personajes regionales e internacionales. Esta participación profunda en asuntos sudaneses ha llevado a un estado de inestabilidad, que incluye incidentes que empujaron a las autoridades a desconectar las comunicaciones de los ciudadanos.

El levantamiento de Sudán de 2018 fue el inicio de una tendencia creciente de bloqueos de internet, especialmente durante periodos de malestar político, exámenes nacionales y golpes militares. Las autoridades han usado estos bloqueos para restringir varios derechos, como derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y libertad de reunión.

Sin embargo, cuando no hay otra opción, las autoridades eluden sus propios bloqueos. Por ejemplo, las autoridades en Sudan usaron Starlink, red de internet satelital, durante el bloqueo de internet que ocurrió en febrero de 2024.

El impacto de las Fuerzas de Apoyo Rápido en las telecomunicaciones y la sociedad de Sudán

Las Fuerzas de Apoyo Rápido son un grupo paramilitar constituido por el presidente destituido de Sudán, Omar al-Bashir en 2013, inicialmente para combatir grupos rebeldes. En 2017, el Parlamento sudanés aprobó la ley de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que legalizaba sus actividades y los ponía bajo orden directa del presidente, en lugar del Ejército oficial, las Fuerzas Armadas Sudanesas. En 2015, Human Rights Watch calificó a las Fuerzas de Apoyo Rápido como «hombres sin piedad», como reflejo de la violación de derechos humanos.

En diciembre de 2023, las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron que se haría cargo del centro de datos operado por la empresa Sudatel, principal proveedor de internet en Sudán. Después, em un bloqueo general, surgieron informes que acusaban a las Fuerzas de Apoyo Rápido de ser responsable de desactivar los centros de datos de varios proveedores de servicios de internet en Jartum. Las Fuerzas de Apoyo Rápido no comentaron sobre estas acusaciones. Sin embargo, las Autoridades de Telecomunicación y Regulaciones Postales (TPRA, sus siglas en inglés), el regulador de telecomunicaciones en Sudán, públicamente acusó a las Fuerzas de Apoyo Rápido de ser responsables del corte de telecomunicaciones. Como corroboración de estas afirmaciones, el exdirector de la empresa Zain Telecommunication confirmó que sin duda, las Fuerzas de Apoyo Rápido habían cortado la corriente de los centros de datos.

Our sources confirmed that @RSFSudan forces tookover data centers of ISPs in Khartoum, #Sudan.#KeepItOn pic.twitter.com/150qnemJPL

— Digital Rights Lab – Sudan (@DRLab_Sudan) February 4, 2024

Nuestras fuentes confirmaron que las fuerzas de Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán tomaron el mando de los centros de datos de los proveedores del servicio de internet en Jartum.

Controlar la infraestructura de las telecomunicaciones puede fortalecer a las Fuerzas de Apoyo Rápido y darles acceso a datos críticos, control sobre el flujo de información y capacidad para intervenir el tráfico de telecomunicaciones, además de capacidad de recaudar fondos de operadores del servicio.

El 8 de frebrero de 2024, varias organizaciones de la sociedad civil, como Hadhreen Inititative, la Asociación de Médicos Sudaneses Estadounidenses (SAPA, sus siglas en inglés), y la Iniciativa Estratégica para Mujeres en el Cuerno de África (red SIHA), presentaron una declaración conjunta de condena a las Fuerzas de Apoyo Rápido y las responsabilizó del bloqueo. Hadhreen y SAPA hacen de fuerzas médicas para la Revolución Sudanesa, apoyan las necesidades de salud y de la vida cotidiana para los heridos en la revolución. Estas organizaciones continúan trabajando sin cesar, incluso después de la destitución del antiguo régimen, y han mantenido los mandatos originales, lo que destaca su profesionalidad y neutralidad.

Según los informes, las Fuerzas de Apoyo Rápido bloquearon las telecomunicaciones en protesta contra los proveedores de servicios de internet, que no pudieron resolver los fallos constantes de comunicación en Darfur, lo que ha persistido durante varios meses, desde febrero de 2024. Varios informes acusaron a las Fuerzas Armadas de Sudán de causar bloqueos de telecomunicación en la región de Darfur, en el oeste de Sudán. Según la investigación, Hadhreen mencionó que el liderazgo de las Fuerzas de Apoyo Rápido ha ordenado directamente la desconexión de servicios de comunicación en grandes zonas de Darfur y Kordofan desde el inicio de la guerra.

La coalición Keep it On publicó una declaración de condena al blolqueo, y realzó la violación de derechos y posibles consecuencias de esta acción. Además, Clementine Nkweta-Salami, coordinadora humanitaria residente de Naciones Unidas para Sudán, mencionó que el bloqueo de las telecomunicaciones impide las iniciativas de respuesta humanitaria crítica y restringe acceso a información que puede salvar vidas.

Perspectiva legal-histórica

Desde antes, los bloqueos de internet fueron justificados legalmente con varias leyes, incluidas la ley de regulación de telecomunicaciones y correos (TPRA, sus siglas en inglés) de 2018, y la ley de emergencia y seguridad publica de 1997. Es importante darse cuenta de que Sudán ha ratificado instrumentos claves de derechos humanos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR, sus siglas en inglés). Estos acuerdos defienden el derecho a recibir, impartir y difundir información. Además, la Carta Constitucional de Sudán de 2019 garantiza acceso a internet.

Antes de los apagones de 2024, las autoridades sudanesas invocaron tales decretos y leyes para justificar los apagones de telecomunicaciones. La ley de regulación de telecomunicaciones y correos usó su poder sobre proveedores y operadores, y convenció que se acatasen estas órdenes. Sin embargo, cada incidente de bloqueo de internet impugna el acuerdo contractual entre los proveedores de servicio de internet y sus clientes, como se destacó en una decisión judicial durante el bloqueo de internet que siguió al golpe militar en octubre de 2021.

A fines de 2023, la ley de regulación de telecomunicaciones y correos prohibió la importación de dispositivos de internet satelital sin consentimiento explícito. Esta decisión vino después de informes de que se usaba Starlink en las zonas afectadas por los bloqueos de telecomunicación en la región de Darfur.

A pesar de las restricciones de comunicación por satélite en Darfur, el bloqueo de comunicación de las Fuerzas de Apoyo Rápido motivó al Gobierno sudanés a adoptar medidas extraordinarias. En algunas zonas controladas por las Fuerzas Armadas, el Gobierno comenzó a proveer internet gratuitamente a ciudadanos en la zona de Omdurman a través de Starlink. Este es el primer caso en que las autoridades sudanesas han dado a los ciudadanos servicios de comunicación que no están bajo su control.

Starlink, como cualquier proveedor de servicio satelital, ofrece cobertura que limita el control de Gobiernos y reguladores. Su conectividad sin cables complica el control físico de los Gobiernos. Esta característica destaca el potencial de Starlink como una herramienta efectiva para enfrentar bloqueos de internet futuros, y presenta una prometedora alternativa para mantener la conectividad durante eventos donde se restrinja el flujo de información.

Defensa de la acción de las Fuerzas de Apoyo Rápido

Una narrativa propagada por los defensores de las Fuerzas de Apoyo Rápido es la defensa del control de los centros de datos de los proveedores de internet en Jartum. Argumentaron que tales acciones se justifican como respuesta a las injusticias de la Fuerzas de Apoyo Rápido, en concreto señalaron a los bloqueos en la región de Darfur, que está en su mayoría bajo control de las Fuerzas Armadas. También afirmaron que controlando internet dan visibilidad al sufrimiento de la gente en la región de Darfur. Acceder a internet a través de Starlink cuesta entre 2000 y 3000 libra sudanesas, aproximadamente 2,50 dólares por hora, costo muy alto si se tiene en cuenta el nivel de ingresos de los sudaneses.

Es más, se informó que Fuerzas de Apoyo Rápido ofrecieron el servicio de Starlink comercialmente e impuso una especie de impuestos en algunas zonas, incluida Algenina.

Lavado de reputación de las Fuerzas Armadas

La iniciativa que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas para dar servicio de internet gratis a través de Satrlink en la zona de Oumdurman se vio como un intento de mejorar su imagen pública, que se vio perjudicada durante el periodo transicional anterior a la guerra. Durante esta época, las Fuerzas Armadas fueron responsables de varios bloqueos asociados con violaciones de derechos humanos y represión de protestantes pacíficos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas intentan ganarse el favor de los ciudadanos al dar internet durante la guerra, en contraste con las Fuerzas de Apoyo Rápido, que han cortado los servicios y cometido actos de violencia y horribles violaciones de derechos humanos en las zonas que controla.

Este compromiso también pretende señalar a la comunidad internacional que las Fuerzas Armadas representan los intereses legítimos del Estado sudanés y que es la fuerza militar con amplio apoyo popular oficial del país. Una publicación en Facebook elogió la solución de las Fuerzas Armadas y argumentó que la acción enseñaba cómo las Fuerzas Armadas son garantía del «bienestar» sudanés.

A pesar de la batalla narrativa en línea entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Apoyo Rápido, en la que cada parte se defiende y acusa a la otra, voces de dentro de la comunidad, como el exministro de Telecomunicación y Transformación Digital, han criticado la estrategia de Fuerzas de Apoyo Rápido de bloquear los servicios de telecomunicación. Es la técnica exacta utilizada en las manifestaciones, pero que ahora ejecuta una autoridad de hecho.

Potencial impacto de actuales y futuros bloqueos en Sudán

Las narrativas sobre los bloqueos de internet en Sudán están diseñadas para distorsionar la percepción pública, a menudo con manipulación emocional para justificar tales acciones, potencialmente influenciando el futuro de la gobernabilidad de internet.

De la misma manera, las narrativas que defienden las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido pueden incrementar el sentimiento de odio y enfado contra los componentes sociales de estas fuerzas, lo que complica los esfuerzos para la paz. Más adelante, el futuro de internet en Sudan tal vez pase por un amplio proceso de rehabilitación, especialmente en términos de regulaciones y aspectos legales. La aparición de servicios fuera del control gubernamental, como Starlink, representa una nueva era que los regímenes autoritarios tendrán que encarar. Además, las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido han hecho que los proveedores de internet creen nuevos centros de datos en otras ciudades, lo que puede llevar a nuevas políticas que promuevan infraestructura descentralizada con el propósito de mejorar la recuperación ante desastres.

Estas medidas son importantes para mantener el fluyo de empresas e información en la región, especialmente porque Sudán provee a sus vecinos sin salida al mar, como Etiopía, Sudán del Sur y Chad, con conectividad con su cable marítimo en el mar Rojo. En el contexto de posguerra, los inversionistas pueden demandar cambios para asegurar que sus intereses queden salvaguardados, lo que posiblemente anime a las autoridades a modificar leyes y regulaciones que actualmente faciliten servicios de bloqueo. Este entorno cambiante destaca la necesidad de un sólido cuadro legal que equilibre las preocupaciones por la seguridad con los imperativos de un internet abierto y accesible.