Imagen de Rezwan. Usada con autorización.

Por casi dos siglos, los ciudadanos indios se rigieron por las leyes penales promulgadas por el gobierno colonial británico en el siglo XIX. Se trataba del Código Penal de India de 1860, el Código Procesal Penal de 1973 (originalmente de 1861), y la ley de evidencias indias de 1872. En un esfuerzo por modernizar e «indianizar» los marcos jurídicos que rigen a los ciudadanos de la India independiente, en agosto de 2023, el Gobierno decidió dejar atrás el «legado colonial» y reformar la legislación penal de la nación. Esta revisión legislativa fue crucial, dado que las leyes antiguas estaban profundamente arraigadas en las ideas británicas del siglo XIX sobre el bien y el mal. ideas impuestas por la fuerza y acrecentadas por la percepción racista de ver a los indios como a un pueblo salvaje e infrahumano que necesitaba estar bajo control.

En 2023, poco después del anuncio de esta medida, el marco del derecho penal indio vio la promulgación del Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 o Código de Justicia indio, el Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita o Código de Seguridad del Ciudadano Indio, y el Bharatiya Sakshya Adhiniyam o ley de evidencias indias que reemplazan al Código Penal de India, al Código Procesal Penal y a la ley de evidencias india, respectivamente. Estas leyes, que entraron en vigencia en julio de 2024, han suscitado una enorme controversia a pesar de basarse, en apariencia, en los ideales nobles de descolonización, modernización, y centralización del ciudadano.

Fracaso estratégico de la reforma

A pesar del fin loable de las nuevas leyes penales, el Gobierno ha recibido duras críticas de expertos y de más de cien antiguos burócratas, así también como de la oposición política y del público en general. Esto se debió a varias razones, como el fracaso de liberar a las leyes de la influencia opresiva del colonialismo, el aumento de las medidas punitivas y la falta de asesoramiento a las partes interesadas o evaluación del impacto; transparencia o toma de decisiones representativas en el proceso legislativo.

Dado que una parte significativa de las leyes antiguas se replicaron del mismo modo, la propuesta de modernizar nuestras leyes penales centenarias no hizo demasiado por eliminar las falacias lógicas en el ámbito de la aplicación del derecho penal. El Código Penal de India era bastante coherente al prescribir de forma incoherente los castigos para los delitos. El Bharatiya Nyaya Sanhita tampoco lo soluciona; este no garantiza que el castigo sea proporcional al delito ni mediante la prueba de un nexo razonable con el objeto de la criminalización.

Las flamantes leyes y, en especial, el Bharatiya Nyaya Sanhita continúan la tendencia colonialista de una dependencia extrema de la criminalización y los castigos severos, un aumento de las penas prescritas para muchos delitos, y el el uso de la pena de muerte. Además, conserva las leyes asociadas a la obscenidad, la criminalización del adulterio, la sedición (también reformulado y no de manera progresiva) y los delitos de violencia de género.

Las leyes nuevas pretenden introducir cambios sistémicos y mejoras del procedimiento, para avanzar en la accesibilidad de la justicia. No solo continúa el abuso del poder policial y una atención limitada a la rehabilitación, sino también que se sigue cuestionando la mecanización de los nuevos requisitos procesales. Los plazos determinados para la investigación, el juicio y las sentencias no parecen estar respaldados por los datos de los tribunales, su aplicación sigue sin estar clara y la infraestructura sigue siendo inadecuada.

A pesar de la ambición de este objetivo, las leyes nuevas fueron criticadas por repetir en gran parte las leyes viejas e introducir disposiciones controversiales. En lugar de una verdadera revisión, los cambios —aún con problemas que siguen irresolutos o exacerbados— parecen ser superficiales.

Promete mucho, ofrece poco

En la revisión de las tres leyes penales se añadieron varias disposiciones que no estaban en las legislaciones anteriores, con la intención de aumentar la atención al ciudadano en los procedimientos, reducir los retrasos e incorporar los avances tecnológicos.

El Bharatiya Nyaya Sanhita introdujo delitos relacionados con delincuencia organizada, actos terroristas, actos que ponen en peligro la soberanía, la unidad y la integridad de India; asesinato cometido por grupo de cinco o más personas, ya sea por causas religiosas, racistas o por el sistema de castas; elaboración o publicación de noticias falsas; relaciones sexuales a través del engaño, etc. Asimismo, aumenta el castigo para varios delitos y añade penas mínimas obligatorias. La incorporación del delito de «poner en peligro la soberanía, la unidad y la integridad de India» es extrañamente similar al delito de «sedición», cuyo uso había suspendido el Tribunal Supremo de India. Estas faltas ponen en peligro los derechos básicos, tales como la libertad de expresión de los ciudadanos en una democracia constitucional.

Se introdujo la neutralidad de género específica para el autor de voyerismo y el intento de desvestir a una mujer. Sin embargo, la víctima solo puede ser mujer, lo que indica un planteamiento superficial para superar los prejuicios de género. Se han despenalizado las relaciones sexuales con animales y la violación entre hombres.

Una adición significativa es la introducción del servicio comunitario para algunos delitos. Aunque este castigo ha prescrito solo para seis delitos, es un paso importante en la reforma y la rehabilitación. Por otra parte, mantiene disposiciones específicas que utilizó el gobierno colonial para proteger sus intereses y reprimir la disidencia, como la difamación penal.

El Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita agrega disposiciones que restringen la facultad de arrestar en determinados casos. Introduce disposiciones sobre fianza obligatoria, establece plazos para varios procesos, y garantiza que las víctimas tengan información actualizada sobre los avances de la investigación. Asimismo, dispone usar grabación de audios y videos en los procedimientos de investigación, la rueda de reconocimiento, las operaciones de búsqueda e incautación, la toma de declaración de la víctima, la recolección de pruebas forenses para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, refuerza la potestad discrecional de la olicía para solicitar la custodia de los acusados, que permite un mayor uso de las esposas en contravención de varios pronunciamientos judiciales, y autoriza el juicio en ausencia del acusado.

El Bharatiya Sakshya Adhiniyam estipula la admisibilidad de los registros electrónicos o digitales como evidencia, y amplía el alcance de las pruebas secundarias al incluir las admisiones orales, admisiones escritas y el testimonio de una persona que haya examinado un documento. Lamentablemente, el uso de la tecnología de reconocimiento facial continúa desregulado, sin que se hayan establecido pautas con respecto de su aceptabilidad, a pesar del rápido aumento del uso de la tecnología en los procedimientos forenses.

Incluso con estos cambios, las leyes siguen basándose en las premisas de crear terror en la mente de los ciudadanos y verlos con sospecha. Las disposiciones relativas a los procedimientos, la investigación y los juicios penales no se apartan de un legado colonialista de medidas opresivas, de los poderes discrecionales en aumento otorgados a la policía, y las definiciones vagas de los delitos.

Continuación del legado colonial

La promulgación de las tres nuevas leyes dieron al Gobierno la oportunidad de redefinir la forma en que India criminaliza y castiga. No obstante, estas leyes no parecen reescribir significativamente ni dejar atrás ninguno de los llamados legados coloniales de los que procuraban desprenderse, como se aprecia en el mantenimiento de la mayoría de las disposiciones, el aumento de las medidas punitivas, y el alcance del derecho penal en constante expansión.

Aunque el Gobierno proclama este ejercicio como la mayor reforma del siglo, parece que la transformación exhaustiva y radical que se buscaba para el sistema de justicia penal, por ahora, solo se limitó al nombre de las leyes. Si estas leyes realmente dan la justicia que se pretende y no solo el castigo, es una pregunta que aún está por responderse.