Composición de Arzu Geybullayeva, creado en Canva Pro. Imágenes utilizadas con autorización.

Ante la elección parlamentaria anticipada en Azerbaiyán, prevista para el 1 de septiembre, los ciudadanos están analizando a los candidatos mientras los activistas opositores denuncian un sistema que creen que obstaculiza la posibilidad de una elección libre y justa. Algunos parlamentarios tienen ese puesto desde 1990, como Eldar Ibrahimov, elegido en septiembre de ese año y que sigue en ejercicio de su función. A los 79 años, no tiene intenciones de jubilarse. Luego, está Mikhail Zablin, de 78 años, que conserva su puesto desde 1995. En otros casos, los hijos de antiguos parlamentarios, o incluso de actuales, están postulando, lo que no es raro según el también parlamentario Elman Nasirov.

Las buena noticia: el partido oficialista Nuevo Partido de Azerbaiyán (YAP) aumentó el número de mujeres candidatas. En total 33 legisladoras presentaron su candidatura para la elección, a comparación de las 26 que se presentaron en 2020. Y aunque el partido gobernante afirma que 66 de los 125 candidatos se presentan como representantes del partido por primera vez, eso no es del todo cierto. Algunos de los candidatos ya ejercieron roles en el Gobierno como jefes administrativos de distrito o en entidades gubernamentales. Para los expertos, es sabido que quienes tienen estos puestos son miembros de facto del partido gobernante. Hay algunas excepciones en la lista de 66 candidatos que tienen una trayectoria en los medios, en el ámbito de la medicina, el academia y en organizaciones no gubernamentales.

Las elecciones de 2020

Las últimas elecciones parlamentarias se llevaron a cabo en 2020 y tuvieron denuncias de irregularidades y violaciones electorales. Los candidatos afines al partido gobernante, el partido Nuevo Azerbaiyán, ganaron 124 de los 125 escaños en la Asamblea Nacional. La última elección se realizó nueve meses antes de la fecha prevista. En su reporte preliminar de la elección, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) declaró que «la legislación restrictiva y el clima político impidieron una competencia genuina», y que se pudieron documentar «graves violaciones de los procedimientos» en el recuento de los votos y tabulaciones».

Es difícil afirmar si esta elección será diferente. A pocas semanas de la votación, los políticos opositores se quejaron del limitado tiempo dedicado a la organización. Aún así, no toda la oposición decidió boicotear la elección como ocurrió antes. Esta vez, solo tres partidos políticos se negaron a participar: el Frente Popular, el Consejo Nacional de Fuerzas Democráticas, un bloque opositor que incluye al partido del Frente Popular, y la Tercera Plataforma de la República.

En un comunicado publicado el 13 de julio, un representante del Frente popular dijo

In a country where more than 300 political prisoners remain behind bars, the freedom of free assembly is prohibited, the election commissions are under the full control of the government, the voting and vote counting process is impossible to control, the free press is destroyed, the independent local observers are prevented from monitoring the elections, and total absence of a free and competitive election environment, the extraordinary election to the Milli Majlis scheduled for September 1, 2024 should be boycotted.

En un país donde más de 300 prisioneros políticos continúan tras las rejas, la libertad de reunión está prohibida, las comisiones electorales están bajo el control total del Gobierno, el voto y el proceso de recuento es imposible de controlar, la libertad de prensa fue destruida, los observadores locales independientes no pueden dar seguimiento a las elecciones y una falta total de un clima electoral competitivo y libre, la elección extraordinaria al Milli Majlis [Parlamento] prevista para el 1 de septiembre de 2024 debería boicotearse.

El Consejo Nacional publicó un comunicado similar el 16 de julio:

The National Council considers the September 1 election not an election, but a cheap show, with a predetermined and scripted outcome reflecting [president] Ilham Aliyev's personal wishes, and considers it's participation unnecessary and harmful from the point of view of national interests.

El Consejo Nacional considera que la elección del 1 de septiembre no es una elección, sino un espectáculo barato, con un resultado arreglado y orquestado para que refleje los deseos personales de [el presidente] Ilham Aliyev, y considera su participación innecesaria y en detrimento de los intereses nacionales.

El comunicado responsabiliza al presidente Ilham Aliyev por «destruir de forma directa» la institución de las elecciones.

La Tercera Plataforma de la República declaró en un comunicado que la elección era «ilegítima» y que un clima de «represión política sin precedentes» no permite que se lleven a cabo «elecciones justas y libres». Dos miembros del partido están en prisión preventiva: Afik Gurbanov y Ruslan Izzati, que enfrentan cargos por contrabando, que también enfrentan activistas cívicos, desde noviembre de 2023. Como tales, las libertades básicas que «son indispensables durante una campaña electoral, han sido eliminadas de la realidad política del país desde hace tiempo», continúa el comunicado.

Para el 22 de julio, más de mil candidatos habían solicitado su participación para obtener un lugar en el Parlamento. Hasta ahora, 700 se registraron de manera oficial.

Elecciones en un clima severamente restringido

En septiembre de 2022, el Parlamento comenzó a debatir una ley que haría prácticamente imposible que se formaran nuevos partidos políticos en Azerbaiyán. El proyecto de ley proponía varias restricciones draconianas, que abarcaban desde un mínimo de miembros hasta requerimientos para los fundadores del partido y mecanismos de recaudación, entre otros. Aunque algunas de estas restricciones se suavizaron, el Parlamento aprobó la ley modificada en diciembre de 2022 que se promulgó en enero de 2023. Meses después de su implementación, decenas de partidos políticos dejaron de existir en Azerbaiyán.

Los partidos políticos opositores sufren hace tiempo, ya que enfrentan detenciones, arrestos, dificultades financieras y la persecución, entre otras. El partido gobernante YAP domina el panorama político desde su creación en 1992. La controvertida elección parlamentaria de marzo de 2020 no cambió mucho la composición de la asamblea nacional.

En un discurso al Parlamento de ese entonces, el presidente Ilham Aliyev pidió a los parlamentarios recién electos que aprobaran leyes que ayudaran a la reforma del país. Desde entonces, el Parlamento ha aprobado leyes controvertidas sobre los medios y los partidos políticos, ha intensificado el control sobre el contenido en línea e introducido medidas que restringen los derechos personales (nuevas leyes que hacen obligatoria una mediación para quienes buscan el divorcio), entre otras medidas.

Freedom House clasificó a Azerbaiyán como «no libre» de manera consistente desde 2012, en su reporte anual Libertad en el mundo.

Durante años, Azerbaiyán ha tenido uno de los peores registros en materia de derechos ciudadanos y libertades. Las recientes duras medidas contra periodistas y activistas  en el país indican que las próximas elecciones tendrán lugar en un país cuyos derechos humanos y libertades están en riesgo.

Estas severas medidas también llevaron al arresto de Anar Mammadli, director del Centro de Monitoreo Electoral y Estudios Democráticos (EMDC), observador electoral local.

Con decenas de periodistas independientes, políticos y activistas cívicos tras las rejas, es imposible garantizar la transparencia de las elecciones. Un comunicado reciente del ministro de Asuntos Internos durante una reunión organizada por el Centro de Comisiones Electorales con el presidente de las comisiones de los distritos electorales y otros funcionarios en representación del aparato presidencial, la corte institucional, la fiscalía y el Ministerio de Asuntos Internos encendió las alarmas:

Continuous monitoring of the internet space and social networks will be carried out. Disruptive forces with the intention of preventing the normal conduct of the elections have been identified in time, and action will be taken against them. After the election, the ballots and protocols will be taken by the police. All measures will be taken to prevent illegal actions and violations of public order.

Se llevará a cabo un seguimiento continuo de internet y de las redes sociales. Las fuerzas disruptivas con la intención de evitar el funcionamiento normal de las elecciones serán identificadas a tiempo, y se tomarán medidas en su contra. Luego de la elección, la Policía tendrá en su poder las urnas y realizará los protocolos. Se tomarán todas las medidas para evitar acciones ilegales y violaciones del orden público.

No son inusuales las declaraciones sobre seguimiento de redes sociales y medidas que se llevarán a cabo, dado el papel que cumplieron las redes en documentar el fraude electoral y las violaciones en las últimas elecciones, que incluyen a la reciente elección presidencial del 7 de febrero de 2024.

Incluso en los momentos en los que no hay elecciones, muchas veces los críticos del Gobierno fueron atacados por difundir publicaciones en redes sociales. El Gobierno no tiene reparos en dificultar el acceso a las redes sociales y las aplicaciones móviles de comunicación. La variedad de herramientas en su arsenal de tecnología intrusiva le permite al Estado y a sus instituciones, como el Ministerio del Interior, dar seguimiento a las plataformas con facilidad.

Independientemente de que los parlamentarios ya conocidos conserven su puesto, o los reemplacen sus hijos, el resultado de la próxima votación parlamentaria tendrá poco impacto en el futuro del país, sobre todo cuando este futuro incluye a los valores de la democracia y garantiza las libertades básicas.