Captura de pantalla del vídeo de YouTube «Kenianos LGBTQ enfrentan reacción violenta tras victoria judicial de grupo de defensa de derechos de FRANCE 24 English. Uso legítimo.

Este artículo ha sido escrito por Linda Ngari con el apoyo de la Iniciativa por la Igualdad y la No Discriminación (INEND) para dar seguimiento y desmentir la desinformación dirigida a la comunidad LGBTQ+ de Kenia en línea como fuera de línea. 

Una sentencia del Tribunal Supremo de Kenia que pretendía reafirmar los derechos de los kenianos homosexuales garantizados en la Constitución fue irónicamente utilizada para desatar una homofobia desequilibrada y con motivación política, especialmente por la clase política y los grupos de presión de derecha.

La sentencia, dictada en febrero de 2023, puso fin a una batalla judicial de diez años y permitió a las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTQ+ registrarse oficialmente en la ONG Coordination Board. Sin embargo, suscitó una inquietante retórica homofóbica en línea y fuera de línea, cuyos principales defensores de la incitación al odio contra los kenianos homosexuales fueron los líderes políticos.

Una moción presentada por Mohamed Ali, parlamentario de Nyali, que decía proteger «los valores familiares y la raza humana de la extinción», dio lugar a que el Parlamento de Kenia aprobara un proyecto de ley que prohíbe el debate, la publicación y la difusión de contenidos LGBTQ+ en el país. La moción fue aprobada por unanimidad en abril de 2023.

Incluso después de la sentencia de febrero de 2023, la indignación pública hizo que el caso, presentado inicialmente ante los tribunales en 2012, fuera revisado por el Tribunal Supremo en septiembre de 2023. Una vez más, el tribunal mantuvo su postura de apoyo a la libertad de asociación a las organizaciones LGBTQ+.

La oposición a la sentencia se manifestó en línea como fuera de línea. El 15 de septiembre de 2023, Mohamed Ali publicó en X (antes Twitter) que se había unido a una marcha anti LGBTQ+ en Mombasa. El presidente adjunto, Rigathi Gachagua, también rechazó la sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, una de las oposiciones más notables provino de la propuesta del diputado de Homa Bay, Peter Kaluma, de enmendar el proyecto de ley de protección de la familia de Kenia para incluir la criminalización de las relaciones LGBTQ+ y prohibir la educación sexual integral.

En apoyo de la propuesta de Kaluma, la organización de derecha CitizenGO hizo circular una petición titulada: «Apoyo el proyecto de ley de protección de la familia de 2023 del Honorable Peter Kaluma». La petición se inició en abril de 2023 y hasta ahora ha recibido más de 4000 firmas, y afirma que una encuesta «reciente» de la empresa de investigación de mercado IPSOS supuestamente reveló que el 90% de los kenianos se oponen a la homosexualidad.

Para empezar, describir las sugerencias de Peter Kaluma como un proyecto de ley es engañoso. El Parlamento de Kenia define un proyecto de ley como una propuesta de ley presentada para su debate. No hay ninguna mención al proyecto de ley de protección de la familia en el registro de proyectos de ley del Parlamento keniano. Tampoco consta en el registro parlamentario Hansard que el proyecto de ley de protección de la familia se haya debatido en el Parlamento.

Para verificar la afirmación de que IPSOS, cuya marca se ha utilizado anteriormente para fabricar encuestas falsas, recopiló los datos citados por CitizenGo, este autor se puso en contacto con IPSOS. En respuesta, el director general de IPSOS Kenia, Chris Githaiga, emitió un comunicado para aclarar que IPSOS Kenia «no ha realizado ninguna encuesta sobre homosexualidad ni ningún estudio relacionado».

Además, una búsqueda de Google de la frase: «El 90% de los kenianos se opone a la homosexualidad», aparece un artículo publicado por The Guardian en 2015. El artículo muestra que en 2013, es decir, hace 11 años, el 90% de los kenianos estaban en contra de la homosexualidad. El artículo cita una encuesta del American Pew Research Center, que es de donde proceden los datos mencionados por CitizenGo, y no de IPSOS, como se afirma.

Como regla general, se considera que una investigación es obsoleta cuando tiene más de 10 años. Esto demuestra que la afirmación de CitizenGo, que supuestamente cita una «encuesta reciente», procede de una investigación realizada hace 11 años, y por tanto, está desfasada.

¿Qué es CitizenGO?

CitizenGO es una organización con sede en España fundada por Ignacio Arsuaga, que se presenta como una comunidad de ciudadanos activos dedicados a defender los «valores familiares». La organización lleva a cabo campañas que se alinean especialmente con ideologías de derecha, como las campañas contra el aborto, así como prohibir y frenar la implantación de la educación sexual integral.

Algunas de las historias de éxito de las que CitizenGo presume en su página web de victorias incluyen su petición para proteger a las iglesias de Kenia de los impuestos, otra petición para prohibir Tiktok en Kenia por su contenido sexualmente provocativo y otra petición para detener la legalización del aborto en Liberia. Basándose solo en tres ejemplos, las victorias reivindicadas por el grupo desinforman por omisión o por tergiversación de los hechos.

Aunque no declaran qué metodología emplean antes de calificar una campaña de exitosa o «victoriosa», la medida para proteger a las iglesias de Kenia de los impuestos fue posible gracias a una sentencia del Tribunal Supremo. En cuanto a la supuesta prohibición de TikTok en Kenia, esta afirmación ya ha sido comprobada anteriormente y se ha descubierto que es falsa. El Parlamento debatió una petición para prohibir TikTok en agosto de 2023, pero la moción no fue aprobada. En su lugar, en abril de 2024, el Gobierno de Kenia ordenó a TikTok que presentara informes de cumplimiento cada tres meses en un intento de regular la plataforma de contenidos en lugar de prohibirla por completo. En cuanto a la petición para detener la legalización del aborto en Liberia, la petición de CitizenGO cita afirmaciones infundadas realizadas inicialmente por un medio en línea, según las cuales el Gobierno sueco habría pagado 20 000 dólares estadounidenses a cada senador liberiano para legalizar el aborto. Aparte de otros tres blogs que publicaron la acusación, ningún medio de liberiano creíble la repitió.

Según un informe de la Fundación Mozilla, CitizenGo estaba detrás de campañas de desprestigio patrocinadas contra el proyecto de ley de salud reproductiva de Kenia de 2020 y el proyecto de ley de maternidad subrogada de 2021. Las campañas se hicieron evidentes en línea a través de etiquetas como #StopSurrogacyBillKE [alto a la ley de maternidad subrogada], #NoToAbortionKE [sin aborto en Kenia] y #NoToAbortionInCovid19 [no al aborto durante el COVID-19], las campañas también se dirigieron a los legisladores kenianos que apoyaron los proyectos de ley a través de etiquetas como #StopKihikaAbortionBill [alto a la ley de aborto de Kihika], #PassarisAbortionKills [el aborto que propone Passaris mata] y #KihikaAbortionBillSuspended [suspenden ley de aborto de Kihika]. El informe de Mozilla señala además que, al parecer, CitizenGO pagó entre 10 y 15 dólares por campaña a las personas influyentes que estaban detrás de las campañas.

Ignacio Arsuaga había fundado inicialmente la controvertida organización HazteOír, que precede a su brazo global, CitizenGo. La organización está vinculada al partido político de derecha español Vox (partido político). Según un informe de The Washington Post, CitizenGo patrocina y recibe fondos de ideologías divisivas y partidarios alineados políticamente en todo el mundo. La organización participó en la recaudación de fondos para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, y no solo participa decididamente en campañas contra el aborto, sino que también está alineada con movimientos islamofóbicos, revela The Washington Post.

En contra de las leyes de protección de datos, CitizenGo añade automáticamente a su lista de distribución cualquier correo electrónico que responda a sus peticiones sin consentimiento. Los correos posteriores piden donaciones y firmas para nuevas peticiones.

¿Es posible que las operaciones de influencia exterior de Occidente estén arrastrando a países africanos como Kenia a guerras culturales cuyo final sólo ellos comprenden?