Imagen de Arzu Geybullayeva

Una mujer identificada como Dilruba Y, fue detenida en la provincia de Izmir en Turquía, durante una entrevista en la calle para Tuylu Mikrofon (micrófono peludo), canal local de YouTube, por criticar la decisión del Gobierno de bloquear Instagram. La acusaron de «insultar al presidente» e «incitar al odio y la hostilidad entre el público», acusaciones habituales imputadas contra los críticos del Gobierno en Turquía en los últimos años.

El acceso a Instagram quedó boqueado el 2 de agosto, después de que el funcionario turco de comunicaciones, Fahrettin Altun, criticó a la plataforma por censurar mensajes de condolencia por la muerte de Ismail Haniyeh, uno de los principales dirigentes de Hamas, grupo de resistencia islámica, que gobierna el territorio palestino de Gaza. Horas después del bloqueo, un funcionario, que habló con la plataforma de noticias Medyascope, dijo que las declaraciones de Altun no eran la verdadera razón del bloqueo de la plataforma Instagram. Argumentaron que la decisión venía de mucho tiempo atrás, porque la plataforma no había acatado las exigencias del Estado con respecto a diversos asuntos, que incluyen delitos contra la seguridad nacional y el orden público, abuso de menores, incitación al suicidio, apuestas ilegales, entre otros.

El acceso a la plataforma se restableció el 10 de agosto tras una larga semana de negociaciones entre Meta y Turquía, según informan medios locales.

Entrevistas en la calle

Las entrevistas en la calle se han popularizado en los últimos años en Turquía, en particular porque los medios están dominados por canales progubernamentales, y a menudo controlados por el Estado. Estas entrevistas constituyen una de las pocas vías que les quedan a los ciudadanos para expresar sus quejas y expresar sus opiniones, de modo que a menudo se muestran críticos con el Gobierno en las entrevistas. Por este motivo, RTUK, principal censor de Turquía, lleva tiempo mostrando su descontento hacia las entrevistas. Esto se vio reflejado recientemente con el bloqueo de Instagram. En aquel momento, el jefe del Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK), Ebubekir Şahin, dijo en un tuit que la institución estatal desaprobaba las entrevistas en la calle por ser fuentes de desinformación. «Tales técnicas de entrevistas engañosas se utilizan de forma deliberada para controlar masas», escribió Şahin.

En los últimos años, la RTUK ha obtenido amplios poderes para controlar el contenido de los medios en línea. Esta medida no era inusual, teniendo en cuenta que más del 90% de los medios tradicionales son propiedad de empresas progubernamentales.

Según el más reciente informe de censura en Internet, de la plataforma Free Web Turkey, «en 2023 se bloqueó en Turquía el acceso a 219 059 URL, incluidos 197 907 nombres de dominio. Si bien el número de noticias bloqueadas fue de 14 680, las más bloqueadas trataban temas sobre corrupción e irregularidades». Además, según los hallazgos del informe, también se eliminaron y prohibieron 5641 publicaciones y 743 cuentas de redes sociales.

Turquía tiene una larga historia y tradición de bloquear contenido o limitar el acceso a Internet. Recientemente, el 12 de julio se bloqueó el acceso a la plataforma de publicaciones WattPad sin indicar los motivos de ese bloqueo. De la misma manera, en diciembre de 2023, el Gobierno restringió el acceso a 16 proveedores de VPN. El país está clasificado como «no libre» en el informe anual Freedom on the Net (Libertad en la red) publicado por Freedom House. Asimismo, el país ocupa el puesto 158 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa más reciente de Reporteros sin Fronteras.

Insultar al presidente

Según Dogruluk Payi, plataforma turca de verificación de datos, en 2022 se registró un total de 16 753 acusados de «insultar al presidente». Entre ellos, había 1377 menores de edad.

De acuerdo con el artículo 299 del Código Penal turco, es ilegal insultar al presidente. El acusado puede ser condenado a cuatro años de cárcel. El artículo 301 del Código Penal contempla como delito «denigrar a la nación turca, al Estado de la República Turca, (y) a los órganos e instituciones del Estado». Desde 2014. cuando se eligió a Recep Tayyip Erdoğan, Freedom House informa que alrededor de 100 000 personas han sido acusadas de difamar al presidente» e infringir el artículo 299 del Código Penal, una disposición poco usada antes de que Erdoğan llegara a la presidencia, señala un informe de 2018 de Human Rights Watch.

Estudiantes, artistas, periodistas, abogados y ciudadanos comunes y corrientes han sido procesados o enjuiciados por infringir este artículo. De acuerdo con la Dirección General de Registros y Estadísticas Criminales del Ministerio de Justicia, 36 000 personas fueron objeto de investigación por presuntas injurias al presidente en 2019 y otras 31 297 en 2020. En comparación, solo cuatro personas fueron investigadas conforme a este artículo en 2010. En octubre de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que los procedimientos penales entablados en virtud del artículo 299 violan el artículo 10 sobre libertad de expresión del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En mayo de 2024, un grupo de universitarios fue denunciado ante el tribunal por cargos similares en relación a una imagen generada con IA del presidente Erdoğan en la que sale sosteniendo un cuadro de la destrucción causada por el devastador terremoto del 6 de febrero, en la que se leía «obra maestra». En la audiencia, el fiscal alegó que la imagen era «un claro ataque contra el honor y la dignidad del presidente». Tras la noticia del terremoto en febrero de 2023, se restringió temporalmente el acceso a Twitter y TikTok. El Estado también detuvo e inició procesos penales contra usuarios de redes sociales que criticaron la titubeante respuesta del Estado frente al terremoto.

En abril de 2023, el diseñador gráfico Mahir Akkoyun fue detenido por una campaña de autoadhesivos que había iniciado antes de las elecciones generales de mayo en Turquía, con el fin de generar conciencia sobre las controvertidas políticas económicas del presidente Erdoğan. Cuando los autoadhesivos comenzaron a cobrar fuerza en las redes sociales y empezaron a usarse en ciudades y provincias turcas, Akkoyun tuiteó que estaba detenido por insultar al presidente, perturbar las elecciones y esparcir rumores falsos. Después de horas de interrogatorio, Akkoyun fue puesto en libertad.

Cuando Erdoğan contrajo COVID-19 en febrero 2022, se iniciaron al menos 36 investigaciones contra usuarios de redes sociales, que expresaron demasiado entusiasmo ante la noticia. Entre ellos estaba el ex nadador olímpico Derya Büyükuncu. «Tiene COVID-19 y quiere oraciones. Estamos orando, no se preocupe. He empezado a hacer 20 tarros de halva. En cuanto llegue el tiempo, repartiré un poco a todo el barrio», tuiteó Büyükuncu tras conocer la noticia. Para quienes n conozcan el halva, es un dulce popular, elaborado con harina o sémola, mantequilla y miel, que también se sirve durante ceremonias fúnebres. El atleta fue acusado entonces de «insultar al presidente» y se emitió una orden de arresto en su contra, que indicaba que, según la Fiscalía General, era un deseo indirecto de muerte del presidente y, por consiguiente, un acto delictivo. El nadador también fue suspendido de forma permanente de la Federación de Natación de Turquía.

Sin embargo, esta prohibición de insultos solo funciona en una dirección. A lo largo del mandato del partido gobernante, los funcionarios del Gobierno han insultado al público en numerosas ocasiones, se refieren a los ciudadanos como «gentuza», bandidos», «terroristas», zorras» y demás. Recientemente, Erdoğan utilizó un insulto racial contra los críticos del bloqueo de Instagram y la decisión del Gobierno de declarar un día de luto en nombre de Ismail Haniyeh, los llamó «negros domésticos» de «mal carácter», en alusión al famoso discurso de Malcom X y que insinuaba que quienes criticaban el bloqueo estaban traicionando a su país para favorecer a las grandes empresas tecnológicas.