Imagen de Giovana Fleck, usada con autorización.

Este artículo forma parte de Narrativas de Datos, proyecto del Observatorio de Medios Cívicos que tiene por objetivo identificar y comprender el discurso sobre los datos utilizados para la gobernabilidad, el control y la política en El Salvador, Brasil, Turquía, Sudán e India. Lee más sobre este proyecto aquí y consulta en nuestro conjunto de datos públicos el análisis completo del texto a continuación.

En los últimos años, el Gobierno indio se ha mostrado proactivo y expandido su control sobre los espacios en línea, y el bloqueo de sitios web ha sido una herramienta estratégica de su arsenal. Un informe de la organización de derechos digitales Geeks for Geeks, actualizado por última vez en marzo de 2024, observó que entre 2015 y 2023 se bloquearon 55 607  sitios web. Alrededor del 48% de los sitios web fueron bloqueados en el marco de la ley de tecnología de la información. Estos bloqueos fueron contra sitios web de noticias independientes, rastreadores de discursos de odio y sitios web de transmisión en línea.

La amplia selección de sitios web resulta especialmente alarmante, ya que la legislación vigente da al Gobierno libertad de acción de no revelar las razones por las que bloquea un sitio web. La ley otorga al Gobierno el poder de bloquear contenido arbitrariamente, lo que puede crear un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, especialmente cuando los objetivos son sitios web de noticias independientes. Desde 2021, la facultad de bloquear sitios web, que antes estaba limitada únicamente al Ministerio de Tecnologías Electrónicas y de la información, se ha conferido también al Ministerio de la Información y Radiodifusión. Esto indica que el poder sobre los espacios en línea solo ha aumentado.

Divulgar o no divulgar

La legislación vigente en India, en particular el artículo 69A de la ley de información y tecnología, permite al Gobierno clausurar sitios web para proteger la soberanía y la integridad, la defensa y la seguridad de India, y garantizar que no se perjudiquen las relaciones amistosas con otros países, mantener el orden público e impedir la incitación a cometer delitos. Sin embargo, el significado de estas condiciones no está claramente definido en la jurisprudencia india, lo que deja margen a la interpretación. Además de una interpretación ambigua, la regla 16 de las Normas de Bloqueo de 2009 permite al Gobierno mantener confidenciales las razones del bloqueo si sostiene que lo hace por motivos de seguridad nacional. Esto significa que el Gobierno no tiene que revelar qué sitios web ha bloqueado ni las razones o motivos del bloqueo. Debido a esta cláusula, se denegaron muchas solicitudes de derecho a la información de una lista de las órdenes de bloqueo emitidas por el Gobierno que presentó la sociedad civil. Por último, como las razones del bloqueo no se dan a conocer de antemano, resulta difícil exigir responsabilidades al Gobierno. Aunque estas órdenes de bloqueo pueden impugnarse ante los tribunales, no hay más recurso que pasar por una larga batalla judicial mientras los sitios web permanecen bloqueados.

La investigación del  Observatorio de Gestión de Datos muestra que sitios web como Hindutva Watch, India Hate Lab y Kashmirwalla han sufrido órdenes de bloqueo secretas. El carácter confidencial de estas órdenes de bloqueo da al Gobierno una ventaja estratégica, ya que puede emitir avisos de cancelación de sitios web que representan voces contrarias. El hecho de saber que el Gobierno no debe asumir responsabilidad de inmediato por estas órdenes de bloqueo sin pasar por una larga batalla legal, crea un efecto amedrentador en las voces minoritarias que se manifiestan contra el Gobierno y el Estado indio.

Por ejemplo, en el caso particular del bloqueo del sitio web de la organización de noticias Kashmirwalla, que operaba desde Cachemira e informaba sobre cuestiones de la región de Jammu y Cachemira, simplemente fue retirado sin aviso. En respuesta, muchas organizaciones de noticias y de la sociedad civil expresaron su desaprobación por el actuar del Gobierno. Dijeron que bloquear Kashmirwalla sin informar los motivos afectaba a la representación de las voces de Cachemira, que sigue siendo una región sensible y conflictiva de India y que ya ha sufrido frecuentes cortes de internet. En su protesta contra el actuar del Gobierno, organizaciones de periodistas como el Comité para la Protección de los Periodistas, la Red de Mujeres de los Medios de India y el Gremio de Editores de India también destacaron que el cierre de sitios web que representan a voces contrarias al Gobierno se ha convertido en una tendencia, lo que crea un efecto amedrentador sobre la expresión de opiniones y puntos de vista.

La competencia del Estado es cada vez mayor

Aunque el marco de la ley de tecnologías de la información y las normas de bloqueo limitan la capacitad del Gobierno de no revelar los motivos del bloqueo, el Gobierno indio sigue utilizando las órdenes de bloqueo para disciplinar los espacios en línea.

Además de atacar las opiniones contrarias y a los sitios web de noticias, el Gobierno también ha atacado sitios web como Dowry Calculator, sitio satírico que pretende dar a conocer el problema de la dote. Cuando el propietario del sitio impugnó la orden del Gobierno, y el tribunal obligó al ministerio a revelar las razones del bloqueo, el ministerio defendió la orden de bloqueo con el argumento de que el sitio web podría inducir a la gente a cometer delitos. Sin embargo, no hay pruebas de que se haya cometido delito alguno a causa del sitio web. El bloqueo de Dowry Calculator demuestra que el Gobierno puede emitir órdenes de bloqueo sin ninguna razón legítima, y ahora hay una creciente intolerancia incluso para la representación en tono de burla.

Desde el bloqueo de sitios web de noticias hasta sitios web de burla, el Gobierno también ha bloqueado sitios web de transmisión en línea por mostrar contenido obsceno. Aunque determinar si un contenido es obsceno sigue siendo una cuestión compleja, y los tribunales también adoptan pruebas legales específicas para determinar si el contenido es obsceno o no, el Gobierno emite órdenes de bloqueo sin ninguna de esas pruebas. Una vez más, no se determina si el contenido es realmente obsceno. En cambio, el Gobierno solo quiere demostrar que tiene el poder de sancionar los espacios en línea. El bloqueo de sitios web de trasmisión en línea se produjo tras recibir una advertencia del Ministro de Información y Radiodifusión para que dejaran de mostrar contenido obsceno. La advertencia y el posterior bloqueo de los sitios web de trasmisión en línea indican que si no se cumplían las exigencias del Gobierno, los sitios web serían bloqueados o retirados. Dado que el Gobierno ya está tratando de imponer más normas de contenido en el trasmisión en línea con la propuesta ley de radiodifusión, el bloqueo de sitios web se suma a la incertidumbre y la presión que siente una comunidad creativa que ya está sintiendo la presión de la autocensura a la espera de tales regulaciones.

Ya se trate del bloqueo de sitios web de noticas, de expresiones de burla o de sitios web de trasmisión en línea, las acciones del Gobierno indican a los creadores y periodistas que sigue siendo una fuerza de intervención en los espacios en línea.

«Debe tener justificación si lo hace el Gobierno»

La investigación del Observatorio de Datos de Gobernabilidad reveló que cuando no se dan a conocer los motivos del bloqueo de sitios web, las publicaciones y entidades de derecha inventan sus propias razones. Por ejemplo, el bloqueo de Kashmirwalla se interpretó como una medida proactiva del Gobierno para detener la propaganda islámica. Esto revela cómo los grupos de derechos hindúes crean las narrativas en torno al bloqueo de sitios web, que se suman a un entorno ya polarizado en el que las voces disidentes están sometidas a presión institucional.

Incluso en el caso del bloqueo de sitios web de trasmisión en línea, existe el acuerdo de que esto ayudaría a reducir la obscenidad en línea; sin embargo, esta narrativa encubre de nuevo el hecho de que promueve una tendencia a la censura gubernamental. El apoyo alrededor del bloqueo de sitios web legitima la acción gubernamental en un sentido popular, y desvía la atención del hecho de que es necesario seguir el debido proceso en la acción gubernamental.