Ilustración por Artefacto, utilizado con su permiso.

Artículo escrito por Roberto Diaz en Artefacto, republicado y editado en Global Voices bajo un acuerdo entre los medios.

Este 26 de septiembre se cumplieron diez años desde la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la escuela de profesores rurales Raúl Isidro Burgos en el municipio mexicano de Ayotzinapa, en el estado del sudeste de Guerrero. Diez años de investigaciones sobre el paradero de los restos de 43 estudiantes que fueron detenidos por miembros de la policía de Iguala por orden del exalcalde de esa localidad, José Luis Abarca, y posteriormente entregados al cártel Guerreros Unidos, el cual, con apoyo del ejército mexicano, los hizo desaparecer.

Los padres de los 43 estudiantes crearon un movimiento social que llegó hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, reconocido por su administración corrupta. Este último delegó al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, arrestado en 2022, crear una narrativa conocida como “la verdad histórica”: una versión “oficial” de los hechos que no involucraba la participación del Ejército y que buscó difamar a los estudiantes. Dicha versión se consiguió a través de confesiones falsas obtenidas bajo tortura por el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, asilado en Israel.

En 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adoptó el compromiso de esclarecer este crimen y creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En 2022 se dio a conocer un informe donde se confirmó la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43. Asimismo, se supo que un soldado infiltrado en el grupo de los estudiantes también desapareció, ignorado por el Ejército.

Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugerieron que los estudiantes probablemente fueron secuestrados debido a la presencia de drogas en uno de los autobuses en los que viajaban, sin que ellos lo supieran. Las investigaciones también han revelado conexiones entre un cártel local y funcionarios del gobierno del estado de Guerrero en ese periodo.

Una carrera contra el tiempo

En este crimen de Estado hay tres frentes: el judicial, el militar y el delictual, este último asociado al cártel. En el caso del frente judicial, se ha arrestado a 132 involucrados: 71 agentes de la policía y 41 miembros de Guerreros Unidos. Sin embargo, la negligencia e impericia del Poder Judicial, que exoneró a involucrados, imposibilita llegar al paradero de los restos de los estudiantes.

El 6 de septiembre pasado, la Fiscalía de México sorprendió a la opinión pública al detener a Gildardo «el Gil» López, un testigo protegido que hasta entonces había colaborado con la investigación.

Luego, cabe añadir que, en la visión de AMLO, si el Presidente pedía información, el Ejército cooperaría. En la práctica, resultó ser más complicado: el Ejército solo aceptó revelar información —faltan 800 folios— que no comprometiera a altos mandos involucrados en el crimen de Estado.

Una columna periodística escrita por la reportera Peniley Ramírez en septiembre 2022 reveló información delicada que comprometió líneas de investigación en curso en torno al caso. En particular, publicó una serie de mensajes de WhatsApp entre miembros de Guerreros Unidos donde se confirmó que los narcos asesinaron y descuartizaron a los estudiantes, se repartieron sus restos entre diferentes grupos y los enterraron.

Sin embargo, para el 30 de septiembre de 2014, todavía permanecían vivos seis estudiantes, bajo custodia del Ejército mexicano en una bodega del estado de Guerrero, los cuales serían finados por los militares. Con el fin de reforzar la “verdad histórica”, se desenterraron cuerpos de estudiantes para esparcir sus restos y fueron movidos a la base Campo Militar del 27° batallón de Infantería en Iguala.

Si bien han existido avances en el caso, no han sido suficientes para llevar a la justicia a los jueces, policías, generales y secretarios involucrados. Los padres de los estudiantes piensan lo mismo y se han alejado de AMLO. En marzo de 2024, un grupo de estudiantes tumbó la puerta de Palacio Nacional con el propósito de sostener una reunión con el Presidente. Fueron contenidos por los agentes de seguridad.

En la vuelta de tuerca más reciente, tenemos al gobierno de México pidiendo la extradición de José Ulises Bernabé, juez en la base de la policía municipal de Iguala, Guerrero, cuyo testimonio podría permitir investigar a 15 militares.

Por último, no puede soslayarse el frente vinculado al crimen organizado. El tiempo promedio de vida de un sicario es corto, por lo que gran parte de los involucrados en la desaparición eventualmente perecerá en las balaceras entre cárteles y contra el Ejército mexicano. Así, Ayotzinapa se convierte en una carrera contra el tiempo que, a fin de cuentas, saca a relucir el coloso que es la corrupción en México.