Captura de pantalla del artículo de Russia Post. Usada con autorización.

Alexander Verkhovsky, de Russia Post, analiza el endurecimiento de la legislación sobre la inmigración laboral en Rusia, junto con las recientes medidas adoptadas por las autoridades, y sostiene que el Gobierno intenta controlar la migración en lugar de restringirla. Sin embargo, este control tiene un claro trasfondo ideológico y agudiza el sentir contra la inmigración. Global Voices publica una versión editada del artículo para nuestro público, con autorización de Russia Post.

Los meses de mediados de 2024 estuvieron marcados por una intensificación en la lucha contra las amenazas, reales o imaginarias, asociadas a la inmigración laboral, que se sumaron al crecimiento observado en todos los niveles de la sociedad rusa.

En junio se informó que la Policía había realizado redadas generalizadas y que habían aumentado las expulsiones (en Rusia, la «expulsión administrativa» es diferente a la deportación, que se debe a cargos penales). En julio hubo una importante actividad legislativa sobre el tema de la inmigración, y algo parecido a una «marcha rusa» en la ciudad de Korenovsk, en la región de Krasnodar, que se desarrolló sin interferencia policial. Todo esto ocurre en medio de un debate constante sobre la gran escasez de mano de obra.

Al mismo tiempo, hay innumerables quejas de ciudadanos y políticos de diversos niveles que están molestos porque miles de inmigrantes de países del sur y el este de Rusia que han aceptado la ciudadanía rusa no se inscriben en el Ejército y, por lo tanto, no tienen que combatir en Ucrania. Básicamente, parte de la población anfitriona considera que la carga de la guerra [la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, que ya tiene más de dos años] no se está repartiendo de forma equitativa.

La fobia a los inmigrantes frente a los beneficios de la inmigración

El factor más evidente se puede apreciar en la propia palabra «inmigrante» o, más precisamente, en cómo se utiliza con mayor frecuencia en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, en Rusia no se considera inmigrante a una persona con pasaporte británico a diferencia de una que tenga un pasaporte uzbeko. Por su parte, los mencionados «nuevos ciudadanos» aún son considerados inmigrantes. La palabra todavía se utiliza incluso en relación con los ciudadanos rusos nacidos en regiones periféricas, sobre todo a los del norte del Cáucaso.

En otras palabras, el propio término inmigrante en su uso cotidiano no solo es racista, también refleja esa mirada despectiva hacia un determinado grupo de personas. Aunque el Estado reprime las formas más radicales de propaganda segregacionista, en general no combate esas actitudes y, tal vez, no las considera un gran problema.

En general, las actitudes racistas, profundamente arraigadas, hacia varios grupos de personas en Rusia son un factor constante que empujan al Gobierno a endurecer aún más la política migratoria.

Sin duda, estas actitudes no pueden mostrarse de manera directa a nivel oficial, pero a veces resultan imposibles de ocultar. En julio, por ejemplo, un teniente coronel del Ministerio de Asuntos Internos informó en una reunión oficial que había recibido instrucciones de sus superiores de «limpiar» la región de Moscú.

La escasez de mano de obra sigue creciendo, pero se debe a muchos factores, como por ejemplo la dinámica relativa del desarrollo económico y los tipos de cambio en Rusia y en los países de procedencia de los inmigrantes, las tendencias demográficas relativas, la política de inmigración rusa (el régimen de visados, los procedimientos para la expedición de diversos permisos, la rigidez con que se aplican las normas, la corrupción, etc.) y la guerra, que exige simultáneamente cada vez más gente en el campo de batalla y también la cadena de producción para fabricar equipos militares.

Es muy difícil evaluar en qué medida la posibilidad de verse obligados a combatir en Ucrania desalienta a los inmigrantes. Aun así, acaban allí, con o sin ciudadanía rusa, tras haber firmado un contrato. No se sabe cuántos son, pero es poco probable que sean muchos. Por ejemplo, el Comité de Investigación de Rusia informó hace poco que 10 000 «nuevos ciudadanos» que no se habían inscrito en el Ejército fueron enviados al frente.

Aumenta la fobia hacia los inmigrantes

Furante mucho tiempo, los inmigrantes, como grupo conceptual, han sido motivo de irritación para gran parte de la población local. Desde 2011, las autoridades han pasado de afirmar la necesidad de tolerancia y orden a formar una doctrina que puede llamarse nacionalismo oficial.

Esta doctrina promovía la unidad política de los ciudadanos y los países en torno a un núcleo «civilizacional» ruso (russkoye) y ortodoxo, en contraposición a los nacionalismos étnicos, incluido el nacionalismo étnico ruso. Sin embargo, no decía nada sobre los inmigrantes; al parecer, se les percibía como ayuda temporal y no como parte de la sociedad rusa, sin que fuera realmente necesaria política algunas en relación con ellos.

A un régimen regulador bastante hostil con los inmigrantes se sumaron medidas para evitar que fueran objeto de ataques abiertos, ya que el Gobierno pretendía minimizar el riesgo de violencia e inestabilidad. En 2013 hubo un misterioso desglose de esta política, cuando las autoridades provocaron abiertamente un sentir contra la inmigración y llevaron a cabo redadas policiales generalizadas y demostrativas, que se tradujeron con rapidez en una serie de disturbios locales. Esta campaña se vio abruptamente interrumpida cuando se produjo uno de estos disturbios en las afueras de Moscú, en Biryulyovo Zapadnoye.

Sin embargo, en 2021 se reanudó la iniciativa sin razón aparente. Desde entonces, no ha hecho más que acelerarse, con una pausa de seis meses tras el inicio de la operación militar especial [la invasión rusa de Ucrania]. Nótese que no se trata solo de propaganda, sino también de numerosas redadas policiales e iniciativas restrictivas procedentes de elementos nacionalistas en la sociedad.

En general, ese proceso se ha acelerado desde 2022, y ha afectado inevitablemente la postura que tiene el Gobierno hacia los inmigrantes, aunque, sin duda, el impulso de la movilización ideológica es contra Occidente.

La aceleración no ocurre por sí sola. Un claro ejemplo es la reacción de las autoridades y los leales al terrible ataque terrorista de marzo en la alcaldía de Crocus, en Moscú.

Naturalmente, ya se hablaba de la «amenaza inmigrante» incluso antes del atentado terrorista, y esa retórica se intensificó en 2023. Ya en ese año, las autoridades toleraron plenamente el notable aumento del afán justiciero nacionalista de base. Sin embargo, después de Crocus todo se acrecentó: las redadas, el afán justiciero (véase Russia.Post aquí) y la retórica.

La intensificación de las redadas policiales no es algo especial, ni relacionado con el ataque terrorista ni instituido en los últimos años. El Ministerio de Asuntos Internos siempre ha reaccionado así ante cualquier incidente de gran repercusión relacionado con la inmigración, buscando que se lo vea «tomando medidas» y, ante estos sucesos, las redadas son la decisión más sencilla, claramente visibles tanto para la sociedad como para los dirigentes políticos.

La escala de redadas después de Crocus fue grande, pero no excepcional: a diferencia de 2013, no se hizo desfilar a los inmigrantes en columnas por las calles para que las cámaras los capten. El afán justiciero de los nacionalistas tampoco cambió mucho cuantitativamente. Se trata más bien de su evolución gradual y de una cooperación cada vez más estrecha entre los nacionalistas y la Policía. No obstante, lo que realmente cambió es la retórica.

Legislación contra la inmigración

A fines de julio, al concluir la sesión legislativa, se aprobaron dos leyes. La primera amplió la lista de infracciones administrativas por las que es posible expulsar sin juicio previo, mientras que la segunda no impuso restricciones sobre la inmigración propiamente dicha, sino que facilitó la expulsión y deportación de inmigrantes y reforzó la vigilancia sobre ellos.

La segunda ley aprobada recientemente también es interesante, ya que impone restricciones en los derechos civiles de los inmigrantes. Por ejemplo, no se les permite hacer ninguna demanda pública a las autoridades y deben seguir todo el conjunto de «valores tradicionales»: matrimonio solo entre un hombre y una mujer, «inadmisibilidad de distorsionar la verdad histórica» sobre la Segunda Guerra Mundial, etc. No es que haya mucha resistencia a estos valores entre los inmigrantes, ni tampoco existen indicios hoy de que muchos se estén protestando de manera pública por algún motivo.

La ideología supera al pragmatismo

Al mismo tiempo, las autoridades fomentan un sentir negativo hacia los inmigrantes e intentan, sin duda, controlarlos ideológicamente. Es posible que aquí haya dos objetivos. El primero, es probable que a los inmigrantes se les vea como una posible amenaza, y el régimen político actual prefiere neutralizar cualquier eventual amenaza tanto como pueda y mantenerla lo más distante posible; el segundo, la retórica antiinmigración pretende introducir en el nacionalismo oficial la idea de que la «civilización rusa» debe ser protegida no solo de Occidente, que está demasiado modernizado, sino también del sur, que no está suficientemente modernizado.