
Ilustración sin título de Sahar Ghorishi, uso con autorización de la artista.
Por Johanna Bankston, agente principal de Human Rights Research and Policy en Artistic Freedom Initiative (AFI), que escribió el informe al que se hace referencia en este artículo.
A fines de septiembre, el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para dar a conocer la perspectiva de Irán sobre diversos temas urgentes. Su agenda de la visita incluía reuniones con varios jefes de Estado, grupos de expertos y grupos de iraníes para tratar sobre el camino de Irán hacia un «futuro mejor» bajo su mando. En su preparación para analizar el futuro de Irán con la comunidad internacional, es fundamental que Pezeshkian esté preparado para tratar los problemas urgentes que vive Irán en este momento, que incluye el ataque sistemático y descontrolado a los artistas y disidentes.
La fecha de la visita del presidente era muy cercana al segundo aniversario de la trágica muerte de la mujer kurda-iraní Mahsa Jina Amini, que provocó protestas a nivel nacional en Irán que se conocen como el movimiento «Mujer, Vida, Libertad», al que el Gobierno respondió con una intensa violencia. Al mismo tiempo, inició una campaña multianual dirigida a disidentes —incluidos activistas, periodistas, artistas y abogados— con medidas punitivas por su trabajo en apoyo al movimiento.
En los últimos dos años, el mundo ha visto el encarcelamiento de miles de disidentes iraníes que fueron arbitrariamente acusados de difundir propaganda, amenazar la seguridad nacional de Irán, cometer actos de blasfemia y ofender la moral pública como resultado directo de sus críticas o protestas pacíficas. Las condenas bajo estas leyes pueden dar como resultado sentencias desproporcionadas y severas, que incluyen encarcelamiento, azotes o pena capital.
Múltiples casos destacados de prisioneros políticos en Irán aumentaron la vigilancia internacional sobre este asunto, que debe abordarse inmediatamente. Sin embargo, un reciente informe que hicimos en la Artistic Freedom Initiative (AFI) titulado «Yo creo; yo resisto: Artista iraníes en la primera línea del cambio social» revela que la República Islámica abusa de los prisioneros políticos, y que suele continuar tras su liberación con medidas punitivas.

«Mi cabello no es tu campo de batalla» de Roshi Rouzbehani, utilizado con permiso del artista.
El informe documentó 15 casos de artistas que fueron arrestados arbitrariamente bajo las imprecisas y amplias leyes mencionadas arriba por su trabajo o expresión crítica. Las resoluciones de estos casos varían; muchos artistas fueron liberados por el régimen como «gesto de buena voluntad», mientras que otros, como el rapero disidente Toomaj Salehi, recibieron la pena de muerte, que fue luego rebajada al tiempo en prisión. Es importante destacar que el informe encontró que, en casi todos estos casos, los disidentes fueron sometidos a medidas punitivas adicionales que le permitieron al Estado censurarlos y ejercer control sobre ellos muchos años luego de su liberación. Estas medidas incluyen, aunque no se limitan, confesiones forzadas, prohibiciones para trabajar y restricciones a su movilización.
En julio de 2022, la escritora, poeta y activista iraní Sepideh Rashno fue arrestada por no cumplir el código de vestimenta impuesto legalmente, se mostró en público sin un hiyab. Rashno fue detenida durante semanas antes de su repentina aparición en un programa de televisión estatal iraní, en el que «confesó su arrepentimiento» por haber violado la ley. La artista se mostró con moretones en el rostro, lo que provocó preocupación ante la posibilidad de que hubiera sido sometida a torturas hasta que aceptó hacer una disculpa pública. A pesar de su confesión, Rashno luego fue condenada por «propaganda» y «promiscuidad», y tendrá que cumplir una condena de casi cuatro años en prisión.
Las confesiones públicas forzadas se han convertido en una táctica común que utiliza el Gobierno para humillar públicamente a los disidentes y enviar un mensaje a la audiencia de que, incluso la protesta pacífica, puede provocar repercusiones graves. Estas «confesiones de culpabilidad»! suelen ser obtenidas a través de torturas o amenazas dirigidas al disidente o a sus familiares. Los efectos psicológicos de la tortura suelen permanecer con la víctima durante años; como teme que se repita o que sus seres queridos sean lastimados, es menos probable que la víctima vuelva a participar del activismo luego de su liberación.
El régimen también está utilizando con más frecuencia las prohibiciones de trabajo como medidas punitivas para reprimir la disidencia a largo plazo. En 2022, Taraneh Alidoosti, protagonista de El cliente, película que ganó el Óscar en 2017 , fue arrestada por «propagar falsedades» luego de publicar en Instagram una fotografía de ella sin hiyab y sostener un cartel que decía; «Mujer, Vida, Libertad». La actriz fue encarcelada por dos semanas y media, y luego quedó impedida de buscar empleo en la industria cinematográfica iraní.

Ilustración sin título de Sahar Ghorishi, utilizada con autorización de la artista.
Estas prohibiciones para trabajar permiten al régimen censurar activamente a los disidentes luego de su liberación de prisión, con disfraz de ley. Además de enfrentar años de desempleo forzado bajo pena de encarcelamiento, artistas como Alidoosti pueden sufrir consecuencias profesionales irreversibles, como verse estigmatizada en su sector o enfrentar precariedad financiera mientras se buscan alternativas para mantenerse y a sus familias en el proceso. Aunque son amenazas menos inmediatas que el daño físico, la persecución económica es percibida con gravedad para quienes son sometidos a esta.
Por último, el régimen también establece restricciones a la movilización para prisioneros políticos que fueron liberados, con lo que evitan que busquen oportunidades de continuar su activismo fuera del país o busquen refugio en otro país. En mayo de 2024, el director Mohammad Rasoulof, cuya película La semilla del higo sagrado ganó el prestigioso premio FIPRESCI de 2024 en Cannes, llegó a los titulares cuando huyó de Irán a pie por la frontera luego de haber sido condenado a ocho años de prisión por haber producido una película acerca de las protestas de 2022 sin permiso del Estado. Rasoulof contó que el Gobierno había confiscado su pasaporte años antes como medida punitiva por sus proyectos artísticos anteriores y que eso le había impedido buscar refugio de la persecución a la que había sido sometido durante su carrera.
El uso de coerción y tortura, persecución económica y la imposición de restricciones al desplazamiento por parte del régimen sobre prisioneros políticos luego de su liberación es ilegal. Es importante que la comunidad internacional reconozca estas medidas punitivas como parte del espectro completo de taticas represivas que utiliza el régimen contra la disidencia y que las incluyan en su activismo.
Mientras grupos de gran influencia comienzan a involucrar al presidente Pezeshkian en el debate sobre el futuro de Irán en las próximas semanas, es esencial que mantengan la protección de los derechos de libertad de los iraníes como un problema de suma importancia mientras el país evalúa reformas bajo su nuevo líder.







