Las autoridades confiscan una antena de Starlink usada en minería ilegal en el Amazonas. Foto de Bruno Mancinelle/Casa de Governo, usada con autorización.

Este artículo, escrito por Rubens Valente y editado por Thiago Domenici, se publicó originalmente en el sitio web de Agência Pública el 29 de julio de 2024. Se ha editado por extensión y contexto, y se reproduce en virtud de una asociación con Global Voices.

Starlink, empresa que vende antenas de comunicación satelital propiedad del multimillonario Elon Musk, se ha resistido a implementar de seguridad adicionales que podrían ayudar a proteger tierras indígenas explotadas, como videollamadas y biometría facial.

La empresa tiene la capacidad técnica de identificar y ubicar a compradores y usuarios de sus antenas de comunicación satelital, incluidas las que se usan en minería ilegal, pero en la práctica, solo hace revisiones básicas cuando se contratan sus servicios.

André Luiz Porreca Ferreira Cunha, procurador público de Manaos, capital del estado de Amazonas, dijo a Agência Pública que “cerca del 90% de las antenas de Starlink confiscadas en minería ilegal en el Amazonas desde 2022 estaban registrados con el nombre de “naranjas” (expresión brasileña para referirse a personas que usan un nombre fraudulento).

La empresa reconoció que solo necesita información básica, como datos personales, dirección y un número de teléfono de sus clientes, pero sostiene que en la ley brasileña no existe disposición que la obligue a actuar de otra manera.

La llegada de las antenas de Starlink al Amazonas en 2022, durante el gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro (PL, Partido Liberal), revolucionó la comunicación en regiones con poca o nada de señal de telefonía móvil. Sin embargo, también las usan a gran escala para actividades delincuenciales, sobre todo buscadores de oro ilegales que invaden tierras indígenas para robar minerales (conocidos como “garimpeiros”).

Agência Pública reveló que desde marzo de 2024, al menos 50 antenas de Starlink han sido confiscadas de minas ilegales dentro del territorio indígena yanomami, ubicado en la región de Amazonas. Es es el mayor territorio indígena de Brasil.

En mayo, el Ministerio Público Federal inició un proceso para «investigar la expansión de internet satelital en zonas de búsqueda y mimería de oro ilegales en el estado de Amazonas, sobre todo con la irrestricta disponibilidad del servicio de la empresa Starlink”.

También destacaron que “[la empresa] no ha adoptado criterios básicos para verificar la identidad de los usuarios ni la veracidad de la documentación presentada y las direcciones consignadas durante la venta, lo que puede facilitar la práctica de delitos ambientales”.

Falta de cooperación con las autoridades brasileñas

La investigación también reveló que la empresa no ha cooperado con Ibama, el Instituto Brasileño del Ambiente y los  Recursos Naturales Renovables, la agencia responsable de combatir los delitos ambientales.

Rodrigo Agostinho, presidente de Ibama, dijo al Ministerio Público Federal que las antenas se han vuelto instrumentos “para cometer delitos ambientales”, que buscan “permitir y facilitar la comunicación de personas que están en la primera línea de la minería ilegal con personas ubicadas en las ciudades», que ayudaría en la “logística de enviar suministros y provisiones, y también en toda la organización necesaria para permitir la continuación de delitos ambientales”.

La Policía Federal  informó al Ministerio Público Federal que la disposición de Starlink de colaborar con sus investigaciones solo cambió “recientemente” cuando la empresa empezó a dar a las autoridades datos de registros de los usuarios, según el director del Amazonas y el Ambiente, el delegado Humberto Freire de Barros.

El procurador público André Cunha, que sigue el caso, dijo a Agência Pública que las acciones de la empresa son ilegales:

These antennas cannot remain in the hands of orange [fraudulent] users, of people who reside in other states and are providing their data to users here in the Amazon. And they cannot be [permitted to be] used as instruments of crime while no measures are taken and these people are not identified. Because the company has a duty to, at least, provide the data so that public bodies can know who they are.

Las antenas no pueden quedarse en manos de usuarios anaranjados [fraudulentos], de personas que viven en otros estados y dan sus datos a usuarios en Amazonas. Y no puede [permitirse] que se usen como instrumentos de delitos mientras no se toman medidas, y esas personas no están identificadas. Porque la empresa tiene el deber de, al menos, dar los datos para que los entes públicos puedan saber quiénes son.

Cunha envió una carta a Starlink en la que cuestionaba qué mecanismos había adoptado para verificar la identidad de los compradores, y citó “biometría facial, llamadas en video, [o] revisión manual de documentos de identificación” como as posibles ejemplos. Según la empresa, solo se necesita “información básica” para que los clientes se registren.

En una respuesta firmada por el director de Starlink Brazil Internet Services y Starlink Brazil Holding Ltd., Vitor James Urner, la empresa sostuvo que “no hay ley ni regulación en Brasil que obligue a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, o proveedores de servicios en otros sectores regulados, a hacer identificación biométricas de sus usuarios”.

Urner afirmó que Starlink “toma medidas proactivas para revisar el uso de los servicios que presta, para fines legales, [sic] en Brasil y en todo el mundo”, y que ha cooperado con la Policía Federal brasileña.

En julio, los abogados que representaron a Starlink en la investigación pidieron una reunión con el procurador André Cunha. Según el registro, en la reunión, el procurador volvió a cuestionar a la empresa sobre las medidas tomadas para mejorar la identificación de los usuarios de Starlink. El abogado que representa a la empresa enfatizó “la existencia de limitaciones impuestas por la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil”, e indicó que la empresa no siente que puede fortalecer los requisitos de identificación de sus usuarios.

En su respuesta escrita, la empresa sostuvo que “como con cualquier otro producto electrónico de mercado masivo, a Starlink no se les puede exigir que vigilen independientemente cómo se usa cada terminal después de su compra”.

Antenas en tierras indígenas yanomami

En los documentos que Starlink envió al Ministerio Público Federal, la empresa afirmó que ha desactivado 68 terminales de usuario en las tierras indígenas yanomami “por sospechas de violar los términos de servicio”.

La empresa afirmó:

Starlink used the available data to identify user terminals in areas associated with illegal mining on Yanomami Indigenous lands. […] The Starlink users affected by a deactivation [of their device] were instructed to provide certain verification information, including proof of identity and a detailed description of how they plan to use Starlink services, to ensure that Starlink is only used for legitimate purposes.

Starlink usó los datos disponibles para identificar terminales de usuarios en zonas asociadas con minería ilegal en tierras indígenas yanomami. […] A los usuarios de Starlink afectados por la desactivarían [de sus dispositivos] se les dijo que dieran alguna información de verificación, incluida prueba de identidad y una descripción detallada de cómo planean usar los servicios de Starlink, para garantizar que Starlink solo se use para fines legítimos.

Los documentos afirman que la empresa tiene la capacidad técnica de saber dónde están las antenas y quién compró las antenas usadas dentro de tierras indígenas. Sin embargo, la empresa sostuvo que los “proveedores de servicios de telecomunicaciones están sujetos a una explícita prohibición legal con respecto a la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones de sus usuarios a través de internet, salvo que haya orden judicial”.

En respuesta al Ministerio Público Federal, Starlink también dijo que “ningún usuario puede tener múltiples antenas y, si Starlink los detecta, a los usuarios que hagan reventa ilegal se les suspenderá los contratos inmediatamente”.

La empresa también dijo que ha colaborado con la Policía Federal, y que incluso “permitió” que la Policía “usara un juego de herramientas de Starlink para ayudar a combatir la delincuencia” y que en 2023, respondió a una carta de la Policía Federal estatal de Roraima “dio información importante a la Superintendencia Regional de la Policía Federal, que permitió la captura de varios mineros ilegales en comunidades indígenas yanomami, y de la confiscación de 11 antenas de Starlink”.

“Las medidas tomadas a diario por Starlink, para identificar a clientes que usan estos servicios para realizar actividades ilegales, y el apoyo ofrecido a las autoridades locales pertinentes son un claro ejemplo  del compromiso de Starlink de colaborar con el sistema de justicia y las autoridades en Brasil, en su mayor alcance, con el fin de combatir la minería ilegal”, dijo la empresa al Ministerio Público Federal.

El bufete de abogados que representó a Starlink en la investigación, Tozzini Freire abogados, comentó a solicitud de Agência Pública: “Gracias por contactarnos, pero lamentablemente no comentamos sobre casos en giro”.

Starlink informó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel)que tenía 65 215 clientes en estos estados de la región del Amazonas a 2023. La empresa tiene autorización de Anatel para operar 4408 satélites hasta 2027. Ha solicitado autorización para operar otras 7000 unidades.

La empresa también ha estado involucrada en recientes enfrentamientos entre Elon Musk y el Supremo Tribunal Federal, luego de la suspensión de X (antes Twitter) por no cumplir con órdenes judiciales.

A Starlink le congelaron sus activos después de una decisión del Tribunal Supremo por multas que debe X. Las cuentas de Starlink  fueron liberadas de nuevo después de que pagó 18.3 millones de reales (cerca de 3.3 millones) de multa.