Julieta Inés Hernández Martínez. Imagen: Arte sobre foto en redes sociales e imagen Freepik.

Este texto es de Dominique Maia y se publicó originalmente en el sitio web de MigraMundo el 15 de octubre de 2024. Se reproduce en Global Voices con ediciones en virtud de un acuerdo para compartir contenido. 

En enero de 2024, se encontró el cuerpo de la artista venezolana Julieta Inés Hernández Martínez en el municipio de Presidente Figueiredo, a 124 km de Manaos, en el estado de Amazonas, región norte de Brasil.

Julieta desapareció el 23 de diciembre de 2023, y se la vio por última vez cuando dijo a su familia que pasaría la noche en la ciudad antes de seguir su viaje a Rorainópolis, en Roraima.

Su desaparición motivó búsquedas e investigaciones que, más adelante, llevó a prisión a dos sospechosos, que la Policía Civil de Amazonas procesó después. El caso impactó en Brasil y Venezuela, y tuvo gran repercusión en las redes sociales y entre organizaciones artísticas, pues Julieta era una figura activa en movimientos sociales y culturales.

Sin embargo, nueve meses después aún hay cuestiones sobre violencia de género en la región amazónica, además de la lucha por reconocer el caso como feminicidio.

¿Quién era Julieta?

Julieta era artista circense y feminista, y llegó a Brasil en 2015, y después de ocho años, cambió su vida en un verdadero recorrido de movimiento y creatividad. En las redes sociales, se presentaba como “migrante nómada, titiritera, payasa y viajera en bicicleta”.

También interpretaba a la payasa Miss Jujuba, y viajó a varios lugares de Brasil con la obra “Viaje en bicicleta de una payasa so… ¿solita?”. Además de sus actuaciones, Julieta también producía artesanías y confeccionaba muñecos por encargo, y ofrecía talleres de arte para niños, que estimulaba la creatividad y la imaginación de las nuevas generaciones.

Era parte del grupo circense Pé Vermêi (pie rojo, en portugués coloquial), que reunía a artistas y viajantes en bicicletas. Julieta usaba la bicicleta como medio de transporte para recorrer Brasil y conectarse con diferentes comunidades.

Cómo fue el crimen

La Policía Civil de Amazonas inició las investigaciones luego de la denuncia de la desaparición de Julieta, a comienzos de enero. A partir de las informaciones sobre su último paradero, se buscó en posadas de la región del municipio de Presidente Figueiredo, con 30 668 habitantes.

La mañana del 5 de enero, se ubicó a Thiago Agles da Silva en un refugio, y dijo que la venezolana había pernoctado en ese local antes de seguir su viaje. Ese mismo día, un lugareño encontró partes de la bicicleta de la víctima, por lo que la Policía confrontó a Silva, que intentó huir.

Durante los interrogatorios, Silva y su compañera, Deliomara dos Anjos Santos, presentaron versiones contradictorias hasta que admitieron ser autores del crimen. Según el delegado Valdinei Silva, Silva dijo hacer atacado a Julieta cuando dormía para robarle su celular. Según el portal G1, después de una lucha corporal, la amarró y abusó de ella.

Durante la declaración, la mujer confesó que al presenciar la escena sintió celos de su compañero, vertió alcohol a ambos y les prendió fuego. Presuntamente, Julieta fue ahorcada con una cuerda y enterrada en una una fosa poco profunda. En ese momento, la Policía dijo que sospechaba que Julieta habría estado viva cuando la enterraron.

La pareja fue detenida el 5 de enero. Con el auxilio del Cuerpo de Bomberos Militar de Amazonas y sus perros rastreadores, se localizó el cuerpo de Julieta en una cueva en el patio del refugio, junto con  otras pertenencias.

Por qué feminicidio

La familia de Julieta lidera una iniciativa para que la justicia brasileña tipifique el crimen como feminicidio, con el argumento de que la violencia que sufrió Julieta muestra misoginia y xenofobia, considerando que era una migrante venezolana.

La iniciativa tiene la colaboración de la Unión Brasileña de Mujeres (UBM) y destaca problemas en la gestión del caso, que el Ministerio Público do Amazonas tipificó como latrocinio, violación y ocultación de cadáver.

En sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de Amazonas en junio, Sophia Hernández, hermana de Julieta, dijo que el caso quedó cerrado rápidamente sin una investigación profunda, y cuestionó la clasificación como latrocinio o robo seguido de muerte.

Destacó que las pertenencias de Julieta no habían sido robadas ni vendidas, sino que las ocultaron para encubrir el crimen, lo que refuerza el pedido para que la justicia reconozca la motivación misógina y xenófoba del crimen.

“Primero, porque cuando es un robo, son menos años de condena, y segundo y más importante, es porque fue un feminicidio y no se puede llamar con otro nombre a un crimen de género. Julieta murió por ser mujer, migrante o por vivir una vida en libertad, como las mujeres debemos vivir”, declaró Sophia al portal Amazônia Real en ese momento.

Denise Motta Dau, secretaria nacional de Combate a la Violencia contra la Mujer del Ministerio de las Mujeres, que también participó en la audiencia, dijo: “Este delito no tiene nada de robo, pero hubo violencia sexual, hubo tortura, hubo crueldad, que son manifestaciones bien explícitas de odio, misoginia y xenofobia”.

En una nota publicada el 6 de junio, el Ministerio de las Mujeres ya había expresado apoyo y acción a la familia. La entidad declara que “reconoce la preocupación de los familiares y abogados de Julieta por la falta de un debido trato jurídico del caso como una grave violación de derechos humanos de las mujeres y los migrantes”.

El ministerio también dijo que “refuerza la confianza en las instituciones brasileñas para que este caso, y el de todas las mujeres que recurren a la justicia, no queden impunes, por sus vidas y por el derecho a la memoria”.

La ley brasileña

El abogado Carlos Nicodemos, que representa a la familia de Julieta, también sostiene que hay elementos en el crimen que sustentan la tesis del feminicidio. “Existió evidencia en relación con la intencionalidad de agredir, violar, practicar misoginia y xenofobia. Eso solo se evidencia en la legislación penal como crimen de feminicidio, y que el Ministerio Público no lo presentó efectivamente, ni el Poder Judicial lo recibió efectivamente”, declaró a la prensa.

Nicodemos también recordó que el caso de Julieta infringe tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana para Prevenir, Castigare Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belén de Pará” (1994), del que Brasil es signatario.

Clasificar un crimen como feminicidio no es solo una cuestión semántica o jurídica, se trata de reconocer la especificidad de la violencia de género y el contexto social en el que ocurre.

Desde 2015, en Brasil una ley modificó el Código Penal para reconocerlo como calificador de los delitos de homicidio. En octubre de 2024, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprobó una ley que aumenta hasta 40 años la pena para casos con esa tipificación.

Em muchos casos, como el de Julieta, la violencia de género está motivada por discriminación y desigualdad que afectan a las mujeres, con un riesgo diferenciado para las migrantes, que también sufren de xenofobia.

Para las mujeres migrantes, luchar por reconocer el feminicidio puede ser más complejo. Es porque están frecuentemente al margen del sistema de protección, muchas veces no tienen acceso a redes de apoyo, y enfrentan más dificultades para acceder a la justicia por ser migrantes, por las barreras lingüísticas y falta de información sobre sus derechos.

Reconocer el asesinato de Julieta como feminicidio puede crear un precedente importante para tratar otros casos semejantes.