Ilustración de Minority Africa, usada con su permiso.

Este artículo de Wambui Mwaura se publicó originalmente en Minority Africa el 10 de septiembre de 2024. Reproducimos una versión resumida como parte de un acuerdo para compartir contenido.

A las mujeres de toda África las están asesinando a un ritmo alarmante, muchas veces su pareja o un familiar varón. Trágicamente, en 2022 el continente registró los mayores índices de feminicidios a manos de parejas o familiares, y se estima que 20 000 mujeres y niñas que perdieron la vida.

En Kenia, por ejemplo, informes de los medios indican un notable aumento en los casos de mujeres asesinadas por su pareja. Tristemente, la maratonista olímpica Rebecca Cheptegei fue una de las últimas víctimas de feminicidio. Sin embargo, no existe ningún sistema oficial de seguimiento de todas las mujeres que son víctimas de la violencia de género, en particular de feminicidio.

Entre 2016 y 2023, hubo 546 mujeres y niñas asesinadas en Kenia, según las estadísticas difundidas por Africa Data Hub, que realizó un seguimiento de los casos de feminicidio de los que informaron los periódicos. Los casos de violencia de género y feminicidio (una forma extrema de violencia de género) dominaron las noticias a comienzos de 2024.

Tan solo en enero de 2024, más de diez mujeres perdieron la vida a causa de violencia cometida por hombres. Dos notables casos de feminicidio que salieron en las noticias en el mismo mes fueron los de Scarlet Wahu y Rita Waeni, asesinadas el 3 y 14 de enero, respectivamente. Sus muertes desataron las mayores protestas en contra del femicidio en la historia de Kenia, en numerosas ciudades y condados el 27 de enero, en las que se reclamó que el Gobierno declarara el feminicidio como crisis nacional. La protesta de Nairobi se denominó #TotalShutDownKe [cierre total de Kenia].

El problema del feminicidio con una justicia ausente o tardía no se limita a Kenia, sino que existe en otros países africanos, como Nigeria, en donde solo en 2022 hubo un estimado de 401 casos de femicidio registrados.

Problemas con el sistema

El 14 de diciembre de 2023, Naftali Kinuthia fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de Ivy Wangechi. Wangechi era una estudiante de quinto año de medicina en Moi University en Kenia. Fue asesinada a hachazos delante de su facultad tras haber rechazado las insinuaciones de Kinuthia, a quien declararon culpable tras un juicio de cuatro años en el Tribunal Superior de Eldoret. Kiroko Ndegwa fue el fiscal del caso, que tuvo repercusión a nivel nacional e internacional.

Uno de los mayores problemas que el sistema enfrenta al procesar casos de feminicidio es que suele ser un proceso judicial demasiado largo. A veces el juicio se alarga tanto que los familiares terminan perdiendo cualquier esperanza de obtener justicia para sus seres queridos.

En una entrevista en su oficina, Ndegwa dijo que el proceso judicial del caso de Ivy Wangechi se prolongó por el cambio de presidente del tribunal, que se dio a mitad del juicio.

«Esto causó muchas dificultades técnicas legales, incluida la posibilidad de que el juicio comenzara desde cero», recuerda Ndegwa. «Especialmente porque Winfred Waithera King’ori, la madre de la fallecida, acudió a los medios para quejarse sobre la demora del proceso y expresar su preocupación por que pudiera no hacerse justicia para su hija asesinada».

Ndegwa añadió: «El problema es que, en caso de continuar desde donde se lo dejó, el nuevo juez no puede interactuar con los testigos ni fijarse en su comportamiento. Por otra parte, al empezar desde cero (de novo), existe [la] posibilidad de que los testigos pierdan su entusiasmo inicial y terminen frustrados».

Otro problema que plaga el sistema judicial de Kenia es la forma en que la ley limita la participación de los familiares de las víctimas durante el proceso de los casos de feminicidio. El sistema legal keniano, explica Ndegwa, es hostil con los familiares de la víctima, a pesar de lo dispuesto en el inciso 7 del artículo 50 de la Constitución, que estipula que «los familiares de la víctimas también tienen el derecho a ser escuchados».

Ndegwa indicó: «Los funcionarios judiciales restringen la participación de la familia, a pesar de que la ley lo prevé. A menudo al acusado se le asigna un abogado de oficio si no puede pagar un abogado, pero esta misma cortesía no suele extenderse a los familiares de la víctima».

Según Ndegwa, además, los testigos de feminicidio suelen temer por su vida cuando el tribunal concede al acusado libertad bajo fianza. Declaró que ha habido casos en que los perpetradores quedaron en libertad y los testigos principales evitaron declarar o retiraron sus testimonios. En ocasiones, no se interroga a los testigos principales.

Según un informe de African Data Hub, toma un promedio de 1900 días que un caso concluya en el tribunal después del arresto del autor. Muchas veces, los abogados defensores solicitan aplazamientos innecesarios que retrasan significativamente la administración de justicia a los familiares de las víctimas. Esta táctica suele afectar el caso, ya que desanima a los testigos, agobiados por el costo del transporte y el tiempo que conlleva.

Esto suele dar lugar a un retraso de la justicia y, en algunos casos, a un error judicial. La mayoría de las veces, cuando los presuntos asesinos pertenecen a familias adineradas o influyentes, los testigos de menores recursos son intimidados descontroladamente. La incapacidad de Kenia para establecer un servicio de protección de testigos eficaz es también un gran factor por el que las personas no se presentan a testificar. Desde 2016, ha habido más de 500 casos de feminicidio en Kenia; solo se ha llegado a 13 sentencias desde entonces.

Este es también el destino de muchas personas en Nigeria, que se ven obligadas a abandonar su búsqueda de justicia debido a las deficiencias del sistema.

Las leyes nigerianas presentan importantes obstáculos para lograr justicia para las víctimas de feminicidio. A diferencia del asesinato, en Nigeria no existe una legislación específica que aborde explícitamente el feminicidio.

«[El feminicidio] no existe en nuestro diccionario legal. Es importante legislarlo, porque cuando un delito no se nombra con precisión, la justicia no puede prevalecer», afirma Ololade Ajayi, fundadora de DOHS Cares Foundation, organización que defiende los derechos de mujeres y niños.

«Esto hace que la acusación dependa de tipificar el delito en los cargos de asesinato, lo que puede no captar por completo el móvil de género», añade.

El 4 de abril de 2024, DOHS Cares Foundation y sus aliados salieron en masa en busca de justicia por el feminicidio de miles de mujeres y niñas. La organización creó un proyecto de ley y lo presentó a la Asamblea Legislativa del estado de Lagos con el objetivo de subsanar las lagunas legislativas que impiden que prevalezca la justicia y que se reconozca el feminicidio como delito en Nigeria.

Mientras continúan las protestas y los esfuerzos de promoción política, queda por saber si los Gobiernos de estos países implementarán las reformas necesarias para garantizar que los familiares de las víctimas de feminicidio en Kenia y Nigeria reciban por fin justicia para sus seres queridos.