Ferrys botes que conectan la isla Warraq con el continente. Foto de Zeinab Mohamed. Fuente: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

En la isla egipcia de Warraq, los vecinos se oponen a las presiones del Gobierno para desalojar sus hogares, mientras el Estado continúa sus planes de convertir la isla del Nilo en una urbanización de lujo. Los enfrentamientos de septiembre de 2024 reflejan una lucha de años entre los habitantes de clase trabajadora y las autoridades estatales, en la que las promesas de indemnización y reurbanización se ven como velos para el desplazamiento impulsado por el capitalismo.

El conflicto de la isla de Warraq es un microcosmos de tensiones más amplias en Egipto, donde el rápido desarrollo urbano se produce a menudo a expensas de las comunidades obreras. El impulso del Gobierno para transformar la isla en «Ciudad Horus», un centro comercial de lujo, refleja la creciente influencia de los intereses capitalistas en la planificación urbana. Los vecinos sostienen que las indemnizaciones ofrecidas son insuficientes, y muchos temen que el desplazamiento destruya sus medios de subsistencia y sus lazos comunitarios. Esta lucha revela una cuestión crítica: ¿quién se beneficia de la «modernización» y a costa de qué o de quién?

Una historia del conflicto

La isla de Warraq, situada en el corazón del río Nilo, alberga una comunidad muy unida de unos 120 000 habitantes. Históricamente, la isla ha sido un centro agrícola y sus habitantes se han dedicado a la agricultura y a los mercados informales. A pesar de carecer de infraestructuras formales, la comunidad gestionó los servicios de forma independiente durante décadas, hasta que el Estado egipcio empezó a ofrecer algunos servicios públicos.

Isla Warraq vista desde Giza en julio de 2017. Foto de Zeinab Mohamed. Fuente: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

En 2017, el Gobierno dio a conocer planes para transformar la isla en «Ciudad Horus», parte de un programa más amplio para reurbanizar las islas del Nilo. La ubicación de Warraq cerca de El Cairo atrajo a inversionistas nacionales y extranjeros, incluidos promotores de Emiratos Árabes Unidas, con planes para construir torres de lujo, puertos deportivos y centros de negocios. Mientras las autoridades promueven el proyecto como un avance, los lugareños lo ven como un intento de borrar su comunidad en favor de intereses elitistas.

Muchos habitantes de la isla de Warraq han expresado su oposición al desplazamiento forzoso, y destacan la profunda conexión entre sus vidas y la tierra.

Sabri Al-Qot, fontanero de la zona, explicó lo que está en juego: «Nuestras propiedades no son solo ladrillos y cemento; son nuestras vidas, nuestros recuerdos y los de nuestros antepasados. Ninguna cantidad de dinero hará que nos vayamos».

El Gobierno argumenta que estas urbanizaciones eliminarán los barrios marginales y mejorarán las infraestructuras, pero los vecinos afirman que la compensación ofrecida está muy por debajo del valor de mercado, lo que hace temer un desplazamiento forzoso. Las promesas de integrar a la comunidad u ofrecer viviendas alternativas se han retrasado o incumplido, lo que ha sembrado el escepticismo entre los lugareños. Mientras tanto, continúan las batallas legales sobre la propiedad, en las que el Gobierno esa decretos con décadas de antigüedad para clasificar la tierra como espacio de utilidad pública o protectorado natural.

En 2017, los enfrentamientos entre los habitantes y la Policía durante las operaciones de demolición terminaron con un muerto y numerosos heridos. El Gobierno enmarcó sus acciones en la campaña del presidente Abdel Fattah Al Sisi para recuperar tierras estatales, aunque los lugareños afirman haber vivido ahí legalmente durante décadas, con documentos de propiedad.

Adulto mayor muestra documentos de propiedad de la tierra y la casa que el Gobierno demolió en 2017. Foto de Zeinab Mohamed. Fuente: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

Los habitantes sostienen que las tácticas coercitivas -incluido el cierre de servicios públicos y el acoso a quienes se negaban a vender sus casas- comenzaron poco después de que la isla fue reclasificada como zona de inversión. Aunque el Estado prometió ofrecer viviendas alternativas o permitir el regreso de los habitantes tras la urbanización, el escepticismo creció a medida que aumentaban las redadas policiales y las medidas violentas.

En 2018, el ex primer ministro Sherif Ismail anunció el establecimiento de una nueva comunidad urbana en la isla de Warraq, lo que avivó aún más las tensiones. Los habitantes protestaron, exigían que el Gobierno cumpliera su promesa de asignar 300 acres para viviendas comunitarias. Estas peticiones han sido ignoradas o apaciguadas con funcionarios que afirman estar de acuerdo con estas demandas sin tomar ninguna medida para cumplirlas, mientras siguen adelante con sus intentos de evacuar tierras y desplazar a los lugareños.

Entre 2019 y 2022, el Gobierno intensificó sus violentos esfuerzos por evacuar la isla. A mediados de 2022, según los informes, se había adquirido el 71% de la tierra, pero los restantes se negaron a irse, temían que el desplazamiento los empujara a asentamientos informales. Durante otra oleada de «recuperación de tierras» forzosa en 2022, varios vecinos fueron detenidos y 35 condenados a penas de hasta 25 años de prisión por el mero hecho de resistirse a los desalojos.

En 2024, la urbanización cobró impulso y el exministro de Vivienda afirmó que ya se estaban construyendo 50 torres de lujo, de las 94 previstas, lo que provocó aún más represión policial en ese momento. Con la tensión en aumento, los altercados físicos entre habitantes y autoridades policiales se han convertido casi en la norma. El cierre de la unidad de salud pública en 2021 debilitó aún más la resistencia de la comunidad. Las autoridades ya han usado métodos represivos y coercitivos. Los heridos como consecuencia de la violencia policial a menudo evitan recibir tratamiento en hospitales fuera de la isla por miedo a ser detenidos o a que no se les permita regresar a la isla.

Dos muchachos pasan frente a uno de los edificios demolidos en 2017. Foto de Zeinab Mohamed. Fuente: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

En julio de 2024, el primer ministro Mostafa Madbouly ordenó acelerar las evacuaciones y las transferencias de tierras a la Autoridad de Desarrollo de Nueva Warraq. A pesar de eso, dos tercios de los vecinos se quedaron, y siguieron exigiendo una indemnización justa y que los incluyan en los planes de desarrollo.

Promesas incumplidas, protestas y represión

El conflicto alcanzó un punto de ebullición en septiembre de 2024, cuando estallaron violentos enfrentamientos después de que un policía abofeteó a un lugareño que recogía chatarra cerca de la Agencia de Desarrollo de Nueva Warraq. Cientos de vecinos tomaron represalias y bloquearon vehículos policiales y lanzaron piedras, mientras las fuerzas de seguridad usaban armas blancas, gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo el menos 17 civiles heridos. Estas protestas reflejan años de promesas incumplidas de indemnizaciones y reubicación.

Ferry de transporte de pasajeros de Giza a isla Warraq en 2017. Foto de Zeinab Mohamed. Fuente: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

A pesar de que las autoridades afirmaron que se había dicho a los habitantes que podían vender sus casas voluntariamente, siguieron sufriendo acoso policial, incluidas frecuentes visitas a sus domicilios. En julio, el primer ministro Madbouly impuso plazos estrictos de evacuación, lo que aumentó la presión sobre la comunidad. El exministro de Vivienda respondió con un informe sobre la cantidad de terreno que el Gobierno había confiscado hasta el momento y el número de viviendas y la superficie de terreno que tenían previsto confiscar.

Los vecinos denuncian los continuos esfuerzos del Gobierno por presionarlos para que vendan sus propiedades. En julio de 2024, el Estado ofreció una indemnización mayor -hasta 7000 libras (145 dólares) por metro cuadrado-, pero fue rechazada. Reiteraron que la indemnización seguía siendo injusta, señalaron que el Gobierno venderá las futuras propiedades de sus planes de desarrollo por un precio más de cuatro veces superior. Repitieron sus demandas, destacaron que no buscan una compensación económica. Sus condiciones siguen siendo sencillas de cumplir: por cada apartamento embargado, esperan que se les asigne uno en las nuevas construcciones de la isla.

El Estado también distribuyó «formularios de intención de venta» falsos, pagaron a los no propietarios para que declararan falsamente su voluntad de vender, y crearon la falsa imagen de que la resistencia era mínima.

«Los policías vinieron como representantes de ventas, intentaron convencernos de que rellenáramos formularios que decían que venderíamos. Pero nadie confía en ellos, ¿por qué íbamos a confiar nosotros? Nos tratan como si no fuéramos de acá», relata un vecino anónimo.

A pesar de las garantías oficiales de que se pondría fin a la coacción, persistieron el acoso policial y las restricciones sobre los materiales de construcción. Con el deterioro de las infraestructuras y el acceso limitado a la atención de salud, muchos temen verse obligados a marcharse por desgaste.

«El Gobierno dice que es voluntario, pero cuando aparecen todos los días y hacen la vida imposible, ¿es realmente una opción?», dice Ahmed, otro vecino.

En el centro de la resistencia está su demanda de 300 acres, una promesa hecha en 2020 pero nunca cumplida. Algunos se mostraron dispuestos a integrarse en el nuevo plan urbanístico, pero los funcionarios siguieron centrados en desbrozar el terreno.

«Tomen 1500 acres, pero dennos 300. Trabjen en el terreno, pero déjennos quedarnos. Este es nuestro hogar», dijo Saad, quien vive ahí hace mucho tiempo.

Mientras los habitantes insisten en que es posible el «proyecto sin desplazamiento», los funcionarios siguen centrados en despejar el terreno y trasladar a los residentes a la ciudad Nuevo 6 de Octubre e Imbaba, lo que tensa aún más la confianza entre ambas partes.

Para Abdallah, se está dando prioridad a los hoteles para inversionistas antes que a mejorar las infraestructuras para la población: «Cuando construyan sus hoteles, ¿no introducirán sistemas de alcantarillado? ¿Por qué no hacen lo mismo por nosotros?».

Lucha de clases bajo promoción inmobiliaria neoliberal

La situación de la isla de Warraq es un ejemplo de la lógica neoliberal que impulsa la remodelación urbana de Egipto. El Gobierno califica sus acciones de «modernización», pero los verdaderos beneficiarios son los inversionistas ricos y los socios extranjeros, como los promotores inmobiliarios emiratíes. Esta mercantilización de la tierra y el desplazamiento de las comunidades de clase trabajadora sigue un patrón de aburguesamiento enmascarado por una retórica nacionalista evidente en el cambio de nombre de la zona a «Ciudad Horus».

En el fondo, se trata de una lucha de clases. Los lugareños, calificados de ocupantes precarios, se ven criminalizados y desplazados para dar paso a propiedades inmobiliarias de alto nivel. Sus demandas de solo 300 acres son modestas, pero insatisfechas. La violencia policial y el cierre de servicios públicos reflejan las tácticas coercitivas destinadas a debilitar la resistencia de la comunidad..

Vecina sentada frente a su casa demolida en 2017. Foto de Zeinab Mohamed. Fuente: Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

El papel de los inversionistas extranjeros, especialmente de Emiratos Árabes Unidos, destaca que el capital extranjero determina la política nacional, lo que exacerba las desigualdades.

El conflicto de la isla de Warraq encarna patrones globales de reurbanización que priorizan los beneficios sobre las personas. El plan egipcio Horus City enfrenta la feroz resistencia de los lugareños, que se niegan a ser daños colaterales de la expansión capitalista.

La lucha de los habitantes de Warraq va más allá de la tierra: se trata de preservar un modo de vida, una comunidad y una historia. Su resistencia nos obliga a preguntarnos: ¿a quién beneficia el proyecto inmobiliario? ¿A qué precio? ¿Puede haber progreso sin justicia?

Warraq es uno de los muchos ejemplos de cómo el capitalismo, el autoritarismo y el neocolonialismo se entrecruzan para moldear vidas. El resultado de esta lucha marcará si las comunidades de la clase trabajadora tienen futuro o si las dejarán los poderosos.