Foto de Esther Vargas en Flickr con licencia (CC BY-SA 2.0).

Este artículo de Laura Vidal se publicó en IFEX, socio de medios de Global Voices y red mundial de organizaciones que defienden la libre expresión.

En octubre, en América se intensificaron las presiones contra la libertad de expresión, con nuevas acciones legislativas y aumento de amenazas a periodistas, por lo que fue un mes difícil para el espacio cívico. En Paraguay, propuestas legislativas que pedían que las entidades sin fines de lucro revelaran detallados registros financieros y del personal amenaza con poner trabas a la capacidad de los medios independientes de trabajar libremente. En Argentina, hubo un aumento de la hostilidad del Gobierno a la prensa en el gobierno del presidente Milei, cuyos restrictivos decretos e incendiaria retórica fomentaron un ambiente cada vez más hostil para los periodistas. Por su lado, la nueva ley de comunicación social de Cuba ha tenido severas repercusiones para los periodistas independientes, que informan haber recibido amenazas, detenciones y confesiones coaccionadas bajo presión estatal.

Paraguay: propuesta legislativa amenaza la libertad de prensa

El Congreso paraguayo aprobó recientemente un controvertido proyecto de ley con la finalidad de estrechar el control a las organizaciones sin fines de lucro, una medida que los defensores de la libertad de prensa advierten que podría imponer severas restricciones a los medios independientes.

El proyecto, que espera la decisión del presidente Santiago Peña, establece que todas las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las que reciben financiación del extranjero, deben enviar informes financieros semestrales al Ministerio de Economía y Finanzas. También establece que las ONG deben revelar listas de colaboradores, que puede poner al personal y los donantes en riesgo.

““Muchos medios independientes paraguayos son organizaciones sin fines de lucro que dependen de los fondos de donantes extranjeros, y esta ley los obligaría a divulgar información y datos sobre personas que trabajan con ellos, lo cual representaría un serio obstáculo para su labor”, dijo Cristina Zahar del Comité para Proteger Periodistas (CPJ), que integra IFEX. Defensores de la prensa, incluida la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) instó al presidente Peña para rechazar la legislación, por los riesgos que supone a la libertad de prensa y la participación cívica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) también ha expresado su preocupación. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión advirtió que los amplios requisitos del proyecto  —como registro obligatorio para todas las ONG, rastreo detallado de fondos y gastos, y documentación completa de las actividades de la organización, aumentaría las cargas administrativas ya existentes. También señala la redacción imprecisa, que vincula la condición de sin fines de lucro a términos como «utilidad pública», «interés social» e «interés cultural», permitiría que las autoridades gubernamentales interpretar el cumplimiento libremente.

La ley establece fuertes penalidades para quien incumpla, como suspensión de actividades de la organización hasta por seis meses y descalificación de tener una oficina hasta por cinco años. Los críticos sostienen que estas medidas punitivas pueden restringir más el espacio cívico y dificultar las operaciones de la ONG, y señala estrategias autoritarias similares en la región usadas para controlar a la sociedad civil, como pasa en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Aumentan las tensiones contra la prensa en Argentina

Desde que Javier Milei asumió como presidente de Argentina, el antagonismo hacia la prensa ha aumentado. Repetidas veces, Milei ha atacado a periodistas críticos de su gobierno, y usa las oportunidades que tiene para desestimarlos y reprenderlos. Esta perspectiva ha generado preocupación entre trabajadores de los medios y organizaciones de prensa, pues indica un cambio ha mayor intolerancia del Gobierno a las noticias críticas.

Esto sigue a otros importantes acontecimientos recientes. Uno fue el controvertido decreto 780/2024, que establece reformas que limitan el acceso a la información pública, con redacción ambigua y facultades a las autoridades para retener información según esos términos. Antes de eso, en julio, el Foro del Periodismo Argentino (FOPEA), también miembro de IFEX, informó que los operadores digitales vinculados con el Gobierno han iniciado una campaña de calumnias contra los medios independientes.

Se considera que esta hostilidad, que tiene el notorio respaldo del propio Milei, no tiene precedentes, sobre todo dado su breve tiempo en el cargo. A fines de septiembre, la agresiva retórica de Milei llegó a nuevos niveles cuando incitó públicamente al gente a insultar a los periodistas durante una fiesta. FOPEA expresó su preocupación: “arengar a la gente a insultar públicamente a periodistas no es solo una manifestación de intolerancia, sino una estrategia que socava los principios democráticos».

Pedro Vaca, relator especial de IACHR, repitió la preocupación de FOPEA: “Una cosa es tener una discrepancia o un desacuerdo y otra cosa es que la voz oficial sea la cuota inicial de una violencia o una agresión. Las voces del Estado no se pueden permitir ser el punto de inicio o generar un ambiente permisivo a las violencias».

El medio de ataque preferido de Milei ha sido la plataforma social X (antes Twitter), en la que con frecuencia critica a periodistas y detractores. Casi no da conferencias de prensa, y solo ocasionalmente participa con figuras de medios que considera favorables. El analista político Óscar Romano, en diálogo con France 24, comentó sobre el estilo de Milei, y señala que las figuras de la nueva derecha emplean una forma “muy directa, explícita y visceral de comunicar», que a menudo usa medios sociales para trasmitir titulares impactantes, afirmaciones que llaman la atención y que resuenan con su audiencia y generan interacción.

Nueva ley de comunicación social de Cuba

La nueva ley de comunicación social de Cuba, promulgada el 1 de octubre, ha desencadenado una severa ola de represión contra periodistas independientes que trabajan fuera del entorno de medios oficial. Los periodistas dicen que enfrentan acoso, amenazas y acusaciones de mercenarismo, acusación según el artículo  143 del Código Penal, vigente desde 2022, y conlleva penalidades de cuatro a diez años de prisión. Las autoridades sostienen que esos periodistas reciben fondos del extranjero para llevar a cabo acciones que amenazan el orden constitucional.

“El régimen cubano, sin demora, ha desatado una nueva ola de represión, que puede calificarse de terrorismo de Estado”, dijo Normando Hernández, director general del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), a LatAm Journalism Review. Agregó que el fin es claro: “El objetivo es claro: infundir terror, forzarlos a abandonar su labor informativa y advertirles, mediante amenazas y coacción, que la nueva ley es un instrumento más para encarcelarlos».

ARTICULO 19 y Reporteros sin Fronteras, ambos miembros de IFEX, documentaron perturbadores patrones de interrogatorios a periodistas. Están sujetos a abuso verbal y los presionan para firmar declaraciones y grabar videos con confesiones que reconocen su participación con proyectos presuntamente financiados por fuentes  extranjeras. Estas confesiones, que también tienden a transmitirse en medios controlados por el Estado —una capa adicional de humillación— también están bajo amenaza de prisión o daño a sus familias, seres queridos y otras personas en sus redes de apoyo. Obligan a las personas atacadas a elegir entre ser calificadas como acusados o testigos del Estado, y se usa evidencia reunida en esas confesiones forzadas para fundamentar esas acusaciones penales.

Medios digitales independientes en la región, como El Toque, Cubanet, Periodismo de Barrio y Magazine AM:PM, han informado de detenciones arbitrarias, interrogatorios ilegales, amenazas de procesos judiciales y confiscación de equipo personal y de trabajo. Otros miembros de IFEX, como CPJ,  la Sociedad Interamericana de  Prensa (IAPA) y diversas organizaciones de derechos humanos han condenado estas acciones, y advierten que la ley de comunicación social representa una nueva herramienta para que el Gobierno cubano reprima la libertad de expresión y restrinja el acceso a la información.