Imagen creada por Arzu Geybullayeva

En agosto de 2024, las autoridades en Azerbaiyán arrestaron a dos jóvenes académicos y los acusó de traición. A Igbal Abilov y Bahruz Samadov se les acusó de traición y los sentenciaron a meses de detención. Pero ¿qué constituye traición según la legislación local y se está usando de manera justa en Azerbaiyán? La respuesta está en los detalles de la legislación y su implementación, según los abogados.

Los casos de Igbal Abilov y Bahruz Samadov

Antes del 21 de agosto de 2024, cuando fueron arrestados, Bahruz Samadov estudiaba un doctorado en la Universidad Carlos, en República Checa. Visitaba a su abuela en Bakú y debía volver a Praga la semana siguiente, pero la Policía lo arrestó afuera de la casa de su abuela, y se lo llevó al Servicio de Seguridad del Estado. Dos días después, un juzgado en Bakú dictó contra Samadov orden de cuatro meses de detención previa al juicio por acusación de traición. Samadov está acusado de conspirar contra el Estado por comunicarse con ciudadanos armenios por WhatsApp. Samadov niega las acusaciones.

Además de su trabajo académico en la Universidad Carlos, Samadov ha escrito varios artículos de opinión sobre Azerbaiyán para varios medios internacionales y regionales desde hace años. También fue uno de los activistas de la paz que se opusieron fuertemente a la segunda guerra de Karabaj en 2020, por la que él y otros fueron atacados.

Además de Samadov, la Policía también arrestó y a Igbal Abilov, que investiga minorías étnicas y vive en Bielorrusia, y le dictó cuatro meses de detención previa al juicio en julio de 2024. A Abilov también lo acusaron de traición, y de hacer llamados contra el Estado por órdenes de actores extranjeros, y de incitar odio nacional, racial, social o religioso y enemistad.

Poco después del arresto de Samadov, Samad Shikhi, otro activista de la paz, fue detenido en el aeropuerto y se le impidió salir del país. Luego lo interrogaron como testigo en una investigación iniciada contra Samadov. La más reciente detención en el aeropuerto también incluye a Cavid Agha, investigador independiente que se iba del país para seguir sus estudios.

Historia de acusaciones de traición para silenciar a los críticos

En 2007, el periodista Nvoruzali Mamedov fue arrestado inicialmente por acusaciones de drogas falsas, pero después lo acusaron de cometer traición. Fue sentenciado a diez años tras las rejas, donde murió en 2009. En 2012, Hilal Mammadov fue arrestado acusado de traición. Mammadov era periodista y editor del diario talyshi “Tolisi Sado” (La voz de los talyshi). Fue sentenciado a cinco años de prisión en 2013. Un año después, durante la represión del Gobierno azerbaiyano contra representantes de la sociedad, los esposos Leyla y Arif Yunus fueron arrestados acusados de traición. El periodista Rauf Mirkadirov también enfrentó acusaciones similares tras su arresto en 2014. En noviembre de 2020, un juzgado en Bakú sentenció al periodista Polad Aslanov a 16 años de prisión acusado de traición.
En febrero de 2022, su sentencia fue reducida a 13 años. En 2017, al menos tres ciudadanos fueron arrestados acusados de traición. En octubre de 2024, Mirhafiz Jafarzade, de etnia talyshi con ciudadanía rusa, fue sentenciado a 16 años tras las rejas, también acusado de traición. Jafarzade fue arrestado en noviembre de 2022. Abilov y Samadov son los nombres más recientes, acusados de traición.

¿Qué dice la legislación?

Según el artículo 274 (alta traición) del Código Penal:

High treason, that is to say a deliberate act committed by a citizen of the Republic of Azerbaijan to the detriment of the Republic of Azerbaijan’s sovereignty, territorial inviolability, state security or defense capacity: [namely] joining the enemy; espionage; the transfer of state secret to a foreign state; [or] providing assistance to a foreign state, organization or their representatives by carrying out hostile activity against the Republic of Azerbaijan, is punishable by deprivation of liberty for a period of twelve to twenty years, or life imprisonment.

La alta traición, es decir, un acto deliberado cometido por un ciudadano de la República de Azerbaiyán en detrimento de la soberanía, la inviolabilidad territorial, la seguridad del Estado o la capacidad de defensa de la República de Azerbaiyán: [como] unirse al enemigo; espiar; transmitir secretos de Estado a un Estado extranjero; [o] prestar asistencia a un Estado extranjero, a una organización o a sus representantes por medio de actividades hostiles contra la República de Azerbaiyán, se castiga con pena de privación de libertad de doce a veinte años, o cadena perpetua.

En el caso de Bahruz Samadov, según el abogado Samed Rahimli, el Servicio de Seguridad del Estado (también conocido como Agencia de Seguridad Nacional) acusó al académico de traición porque sostuvo que había cometido espionaje indirectamente, es decir, que había actuado según instrucciones de los servicios especiales armenios al dar información diversa que perjudicaba a la seguridad nacional; y que había ayudado e instigado las acciones adversas de los servicios especiales armenios al incitar al odio étnico y nacional a través de sus publicaciones bajo sus instrucciones.

El Servicio de Seguridad del Estado usó como prueba de espionaje la comunicación privada de Samadov con al menos dos activistas armenios, en la que el académico daba, entre otras cosas, información de dominio público sobre los proyectos de reconstrucción de los antiguos territorios ocupados. El Servicio de Seguridad del Estado también sostuvo que las publicaciones antibelicistas de Samadov y sus artículos de opinión contra la versión oficial del Gobierno de Azerbaiyán sobre diversas cuestiones, incluido el conflicto de Nagorno Karabaj, eran pruebas de su complicidad con la seguridad del Estado armenio.

Por eso, el Servicio de Seguridad del Estado percibió a los activistas armenios con los que Samadov se comunicaba como representantes oficiales de los servicios especiales armenios, y sus intercambios como instrucciones, a falta de pruebas sustanciales.

Rahimli, que conoce el caso, dijo que la comunicación privada citada  como prueba en el caso no demuestra que Samadov cometiera espionaje pues la información que dio es de dominio público. Entonces, no puede calificarse de violación de la seguridad nacional en virtud de la ley y, por tanto, no es razonable. Además, Rahimli señaló que el significado de espionaje indirecto -entrega de información diversa, perjudicial para la seguridad nacional- es impreciso, y no existe jurisprudencia que aclare su significado. Por todo eso, las acusaciones de traición presentados contra Samadov son ilegales e inadmisibles.

Del mismo modo, en el caso de Igbal Abilov, que, además de ser acusado de traición, también está acusado de hacer llamados públicos a violencia contra el Estado y de incitar al odio y la enemistad nacional, racial, social o religiosa, no hay pruebas que demuestren estos delitos. El Servicio de Seguridad del Estado afirma que Abilov actuaba siguiendo instrucciones de funcionarios del Centro de Estudios Talyshi de la Universidad Estatal de Ereván (que el servicio de seguridad de Azerbaiyán también considera representantes/funcionarios indirectos de los Servicios Especiales de Armenia) y de los antiguos o actuales dirigentes del Gobierno talyshi no reconocido en el exilio. Y como prueba, los servicios de seguridad se remiten a las comunicaciones privadas de Abilov con los funcionarios y a sus publicaciones en línea, incluidos sus mensajes en redes sociales. Según Samed Rahimov, esta comunicación privada no prueba que Abilov cometiera traición ni cargos conexos, porque en su calidad de académico, que investiga cuestiones relacionadas con las minorías étnicas, la comunicación de Abilov con el Centro de Estudios Talyshi y el grupo en el exilio no prueba que actuara siguiendo sus instrucciones.

Tanto en el caso de Abilov como en el de Samadov, a ambos los obligaron a dar sus contraseñas con amenazas a sus dispositivos.

Según Rahimli, las acusaciones de traición presentadas contra Samadov y Abilov tienen consecuencias mucho mayores.

In addition to severe and negative consequences for the two scholars (they are facing a minimum sentence of 12 years), the charges have a chilling effect on the entire anti-war movement and ethnic minority activists but also broadly speaking on an entire civic space.

Además de las graves y negativas consecuencias para los dos académicos (enfrentan una condena mínima de 12 años), las acusa eones tienen un efecto amedrentador sobre todo el movimiento antibelicista y los activistas de minorías étnicas, pero también, en términos generales, sobre todo un espacio cívico.

Las prohibiciones de viajar impuestas a Shikhi y Agha, tras la detención de Samadov, así lo muestran. Y no se trata de prohibiciones aisladas, ya que los defensores locales de los derechos estiman que la cantidad de prohibiciones de viajar es superior a la que se conoce públicamente.